Honduras libre de minería a cielo abierto

Por: Fernanda Hernández/@MariaFer_Hd 

El pasado 28 de febrero, el gobierno de Honduras de Xiomara Castro, declaró al país como “libre de minería a cielo abierto”.

Esta noticia resalta a poco más de un mes de que Xiomara Castro tomara el cargo como presidenta de Honduras (27 de enero). Y responde a la serie de propuestas que anunció para sus primeros 100 días de gobierno.

La primera presidenta de Honduras, esposa del expresidente José Manuel Zelaya (presidente de Honduras de 2006 hasta 2009, destituido por un golpe de Estado), se propuso luchar por la derogación de las leyes de la dictadura; construir una nueva Constitución; crear empresas, programas y acciones a beneficio de los sectores vulnerables y de las micro, pequeñas y medianas empresas;  una regulación económica a los funcionarios del Estado; amnistía para presos políticos y justicia a defensores de derechos humanos y recursos naturales; entre otras propuestas.

Dentro de las propuestas anunciadas por la ahora presidenta, se encuentra el rescate del medio ambiente: 

“No otorgaré más permisos de explotación de las cuencas de los ríos, ni para minas a cielo abierto; y haré todas las gestiones legales para cancelar los permisos y concesiones dados ilegalmente que están destruyendo nuestra naturaleza”.

¿Qué es la minería a cielo abierto?

De acuerdo con la organización No a la mina, la minería a cielo abierto es definida como: 

“una actividad industrial que consiste en la remoción de grandes cantidades de suelo y subsuelo, que es posteriormente procesada para extraer el mineral”.

Y puntualizando los factores negativos, explican que está actividad remueve material en cantidades grandes para obtener tan sólo concentraciones de mineral mínimas.

“Como parte del proceso, se cavan cráteres gigantescos que llegan a tener 150 hectáreas de extensión y hasta 200 metros de profundidad”.

“Para extraer 0.01 onzas de oro, las compañías mineras necesitan remover y destruir una tonelada de suelo”.

La minería a cielo abierto —y en general la minería— es una industria insostenible, debido a que la explotación del recurso supone su agotamiento. Reconociendo también que para llevarla a cabo se necesitan grandes hectáreas de terreno, y que se generan impactos ambientales graves e incluso irreparables como el acaparamiento de enormes cantidades de agua que acaba contaminada, la contaminación de ríos y en general del entorno natural a causa de la utilización de material tóxico.

Además, están los problemas sociales que genera por disparidad en cuanto al establecimiento de empresas mineras en comunidades, el desplazamiento generado a corto o largo plazo y los problemas de salud que muchas veces no se costean con los “beneficios” que la empresa minera otorga a las comunidades.

Acá un listado de las daños y  consecuencias de la minería, con datos de la organización Así se ve la minería en México:

• Consumo de 150 a 200 mil litros de agua que deja comunidades sin agua
• Emisión de gases altamente tóxicos a la atmósfera así como polvos tóxicos
• Desechos ácidos qué contaminan las aguas superficiales y subterráneas
• Contaminación auditiva
• Erosión de suelos con consecuencias permanentes
• Afectaciones graves a la flora y fauna
• Conflictos territoriales y desplazamientos
• Asesinatos a defensores del medio ambiente

Las concesiones mineras en Honduras

El Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) tiene registro de 365 concesiones mineras. 

Sin embargo, datos de una investigación realizada por el periódico El Informador, así como datos del medio hondureño Contracorriente, dan cuenta de más de mil concesiones mineras en el país otorgadas por el gobierno.

De igual manera, Avispa Midia hizo un señalamiento a la Ley General de Minería puesta en marcha en 2013, en donde se señala que las áreas protegidas son zonas de exclusión de derechos mineros, situación que contrasta con las 42 concesiones aprobadas y solicitadas en estás zonas.

La realidad es que la invasión de territorios por la actividad minera lacera el territorio y la vida de los hondureños que por años han sido receptores de los discursos manipuladores de las empresas extractivistas, que les prometen progreso, trabajo y estabilidad.

Un reportaje de Contracorriente de 2018 explica la situación de conflicto que viven en el municipio de la Unión, Copán, en el occidente de Honduras. En el lugar está presente la empresa Minerales de Occidente S.A, subsidiaria de la transnacional Aura Minerals. 

El reportaje hace un esbozo del contexto que se vive en 2 aldeas. Por un lado, quienes están a favor de la mina y por el otro lado, los que se oponen.

Inicialmente, el problema está en que la mina que lleva establecida en el lugar ya varios años, ha generado un ambiente violento entre los dos bandos. Sumado a ello, las inconformidades en ambas partes con la minera por romper con los acuerdos y amenazar con las tradiciones y costumbres del lugar al querer invadir un cementerio que está dentro de su demarcación territorial en la concesión.

Si bien, no son los únicos conflictos que la mina ha generado, su presencia es una amenaza a la población que ante esta situación, ya está siendo desplazada.

Manuel Rodríguez, poblador del municipio de Azacualpa en Honduras, ha sido víctima por su posición en contra de la minera, recibiendo amenazas y humillaciones según relata para el reportaje. Aún con ésto, él es consciente de las consecuencias que trae a su comunidad la actividad minera.

“A mi la mina nunca me ha dado un presupuesto, me dedico a sembrar café y he sembrado maíz, frijoles, soy agricultor, la gente dice que se va la minera y se mueren de hambre, es que no quieren trabajar”.

“Aquí no hay nada de beneficios, esa es la mentira que no la compartimos, allí está el centro de salud que es por parte del gobierno y el gobierno es irresponsable porque no paga el personal, la mina apoya para estarnos manipulando aunque eso no sea nada, no es justo”.

En el caso de nuestro país, México, la situación es muy similar.

En Tetlama, Morelos, la comunidad que se opone a la minería en Morelos, ha sido víctima de amenazas y del rompimiento del tejido social que se ha visto reflejado en el condicionamiento de los servicios como en el centro de salud, por ser opositor a la mina.

En la comunidad de Tecoltemi, Puebla, las concesiones mineras que abarcan el río Apulco, son beneficiarias de la mayor parte del agua; además, la entrega de concesiones se realizó sin consulta previa a la comunidad.

En Salaverna, Zacatecas, se ha destruido el pueblo para dar paso a una mina a cielo abierto en complicidad del gobierno por su ausencia y silencio; han criminalizado a los defensores del medio ambiente y ha desplazado a su población.

Por todo lo anterior, el anuncio del gobierno hondureño que declara el territorio nacional libre de minería a cielo abierto, es una esperanza para las comunidades que venían luchando contra la industria minera desde hace muchos años en Honduras.

Según se informó, los permisos de explotación extractivista que habían sido ya aprobados, estarán sujetos a cancelación. También se informó, se hará la revisión suspensión y cancelación de licencias ambientales, permisos y concesiones, aplicable a la actividad minera de exploración y explotación, tanto metálica como no metálica.