Demandó por la vía judicial, con el acompañamiento de redes y organizaciones firmantes para exigir un respeto a la sociedad civil a su derecho a defender los derechos humanos.
Por Andrés Domínguez
El Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova” demandó al Instituto Nacional de Migración (INM) por impedirle defender los derechos humanos en el centro de detención de Tapachula.
La demanda judicial se da luego de que el INM delegara la autorización al CDH de acceder a la Estación Migratoria Siglo XXI de Tapachula, en un contexto de crisis humanitaria en la frontera sur. Además, de presentar un balance problemática en 2019, en materia de hacinamiento, conflictividad y violaciones a derechos.
“La revocación de la autorización de acceso del equipo del CDH Fray Matías a este centro de detención supone una grave limitación para su trabajo de defensa de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas, más aún de aquellas que se encuentran ingresadas en un lugar de privación de libertad” describió el Centro en un comunicado.
El CDH Fray Matías ha trabajado por más de 20 años en el monitoreo de centros de detención migratoria, y en concreto ha trabajado al interior de la Estación Migratoria Siglo XXI desde su apertura en el año 2006, en la que ha ofrecido a miles de migrantes representación legal y acompañamiento psicosocial.
El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, que en noviembre de 2019 procedió a tramitar ante el Instituto Nacional de Migración la renovación anual de su autorización de acceso a la Estación Migratoria Siglo XXI para fines de monitoreo de derechos humanos y de defensa de las personas detenidas, recibió como respuesta el pasado 13 de enero un oficio remitido por la Dirección General de Control y Verificación Migratoria del INM en el que se notifica que dicho permiso queda denegado.
Para argumentar la denegación de acceso, el INM argumenta en su oficio que “integrantes [del CDH Fray Matías] han incurrido en conductas poco profesionales al ingresar a espacios no autorizados, proporcionar información poco veraz que confunde a las personas extranjeras, además de no respetar los horarios establecidos para sus visitas.”
El INM ha intentado con anterioridad y en diversas ocasiones, bloquear el acceso del CDH Fray Matías a la EM SXXI, siempre en la que alega razones de tipo burocrático, como hizo en la última ocasión en 2017, en la que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa decretó medidas cautelares que obligaron al INM a permitir de nuevo el acceso.
En esta ocasión el argumento oficial intenta desacreditar directamente la labor que el CDH Fray Matías realiza con las personas migrantes y refugiadas. Esto sucede tras un año 2019 en el que sucedieron multitud de irregularidades y violaciones a derechos humanos al interior de la EM SXXI: extremo hacinamiento del centro, graves problemas de salud e higiene, intentos de evasión y amotinamientos reprimidos por la fuerza, intentos de suicidio y hasta la muerte en aislamiento de una persona de nacionalidad haitiana. Muchos de estos incidentes fueron denunciados públicamente por el CDH Fray Matías, o ante un juzgado, la CNDH o el Órgano Interno de Control del INM.
Ante ello, el Centro de Derechos solicitó medidas cautelares que garanticen de inmediato el ingreso al centro de detención.
Además, informó que han emitido una queja ante la CNDH y ha comunicado el incidente al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, como organización amparada bajo éste.
El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, las redes y las organizaciones sociales firmantes, exigieron al Instituto Nacional de Migración y a la Secretaría de Gobernación evite desacreditar la labor de defensa de derechos humanos del CDH Fray Matías, y autorice de nuevo y de inmediato su capacidad de acceso a la Estación Migratoria Siglo XXI, respetando su derecho a defender derechos, y sobre todo el derecho de las personas detenidas a tener contacto con el exterior y a contar con acompañamiento jurídico, psicosocial y humanitario.
Se mejoren en general las condiciones de acceso de las organizaciones de la sociedad civil que monitorean los centros de detención migratoria, agilizando las autorizaciones, ofreciendo espacios adecuados de trabajo y de contacto con las personas detenidas, garantizando la intimidad y confidencialidad.
Se reconozca el derecho de todas las personas a circular libremente y a obtener protección internacional, y que se desmantelen las políticas de control migratoria basadas en la detención y deportación de cientos de miles de personas como respuesta generalizada.