Por Rodrigo Piña
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Sí o No
La pregunta anterior, es la que la ciudadanía participante deberá responder el próximo 1ro de agosto. Envuelta en polémica y cambios en su redacción, ésta surge como resultado de una campaña para buscar justicia ante los actos ilícitos en donde ex presidentes de México se vieron involucrados.
Una consulta popular, es un mecanismo donde la ciudadanía participa activamente para aprobar o rechazar propuestas de interés público y trascendencia nacional. En este caso, la consulta tiene como objetivo principal, que los ex presidentes sean investigados por las autoridades correspondientes para que se inicie un proceso judicial en su contra por presuntos actos ilícitos que causaron daño grave al país.
El Instituto Nacional Electoral (INE), será la institución encargada de organizar el proceso, para ello, se instalarán alrededor de 57 mil casillas para votar (una tercera parte de las utilizadas en las elecciones del 6 de junio), además de que sólo se destinarán 17 días de difusión por parte del INE a este ejercicio democrático; es decir del 15 de julio hasta el día de la votación, primero de agosto.
Las consultas populares, se pueden concretar de tres maneras: que el Presidente de la República llame a ella, que el 33% de cualquiera de las cámaras de congreso (Diputados o Senadores) la soliciten, o bien, que el equivalente al 2% de la lista nominal del padrón electoral lo requieran, es decir 1,800,727 personas. Esta última, sería la seleccionada para promover la inminente consulta popular.
El 26 de agosto del 2020, se presentó el aviso de intención a la presidenta de la cámara de senadores para después proceder con la recolección de firmas. Posteriormente, el 15 de septiembre se entregan 2.5 millones de firmas a la Mesa Directiva del Senado y, finalmente en octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció el 1ro de agosto como fecha de realización de la consulta popular.
De 1988 a 2018, es el periodo de los ex presidentes que se solicita enjuiciar:
Carlos Salinas de Gortari (1988 – 1994), se le acusa por ser el principal responsable de la privatización de los bienes e industrias nacionales. La venta de Teléfonos de México (Telmex) al empresario Carlos Slim en 1990, la privatización de la banca, la firma del TLCAN y la crisis económica de 1994 donde el peso se desplomó ante el dólar, fueron algunas de sus acciones que dieron como resultado desempleo y aumento de la pobreza en el país.
Ernesto Zedillo Ponce de León (1994 – 2000), se le atribuye el empeoramiento de la crisis económica del 94. Utilizó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) para salvar a los bancos a costa de los cuentahabientes, para luego convertirla en una deuda pública que hasta la fecha restan por pagar 890,356 millones de pesos.
De acuerdo con el Presidente López Obrador, a Vicente Fox se le tiene que castigar por “entregar de 20 a 30 millones de hectáreas del país a concesiones para la explotación minera y por el fraude electoral del 2006”. Con respecto a Felipe Calderón: “por convertir el país en un cementerio con su guerra contra el narco y a Peña Nieto por los evidentes actos de corrupción en su mandato”.
En este ejercicio democrático, las mesas receptoras de votos estarán integradas por personas que participaron como funcionarios de casilla en las elecciones del pasado 6 de junio. Para participar, es imprescindible contar con tu credencial de elector vigente.