Por: Mto. Fernando David Márquez Duarte
No es ninguna novedad que los grupos indígenas en México han sido históricamente oprimidos en aspectos económicos, sociales, políticos y culturales y que han sido marginados de la toma de decisiones públicas a nivel local y nacional en nuestro país. Debido a esta situación varios grupos indígenas comenzaron a movilizarse políticamente y usar los espacios e instrumentos legales en materia electoral para que se respeten sus derechos de participación y representación política.
A raíz de estas movilizaciones, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a finales de 2017 llegó a una resolución que fue la base para que se obligara al Instituto Nacional Electoral (INE) a establecer acciones afirmativas para la efectiva representación política de pueblos indígenas en nuestro país, que se establecieron por primera vez en las elecciones federales del 2018 para diputados federales.
A partir de estas acciones afirmativas, diferentes grupos indígenas en varios estados de nuestro país se organizaron para exigir que a los institutos electorales locales establecieran también acciones afirmativas en las elecciones locales para asegurar que los pueblos indígenas puedan participar y ser representados en la toma de decisiones públicas.
El Instituto Electoral de Baja California (IEEBC) fue uno de los primeros en establecer lineamientos con acciones afirmativas para grupos indígenas, resultado de un proceso legal de impugnación comenzado desde 2019 por Edgar Montiel, indígena Mixteca de Tijuana.
Estos lineamientos se implementaron por primera vez para este proceso electoral local (las votaciones serán el 6 de Junio de 2021). Las acciones afirmativas que el IEEBC estableció (y que son obligatorias para los partidos políticos) son que cada partido debe tener por lo menos dos personas indígenas como candidatas a una diputación local (de un total de 17 distritos locales), así como una persona indígena como candidata para regidor (a) en cada uno de los cinco municipios, a excepción de Ensenada, que por el alto porcentaje de población indígena, cada partido debe proponer a dos regidurías indígenas.
Sin embargo, el hambre de poder y de dinero es cruda, y personas que NO son indígenas se presentaron como candidatas (os) indígenas, obteniendo documentos de autoadscripción indígena de manera ilegítima, ya sea por engaños a personas indígenas, o comprándolos (hecho que invalida el documento). En Baja California dos candidatos (as) a diputaciones locales y dos candidatos (as) a regidurías (en Ensenada) fueron impugnados por usurpar la identidad indígena: Miriam Cano de MORENA que fingió ser Triqui (y no lo es, ni de ningún grupo indígena), quien se quería elegir como diputada local del distrito XVII, que abarca San Quintín y áreas aledañas; Rigoberto Campos, quien quiere ser el candidato del PES para el distrito I local (correspondiente al valle de Mexicali) y fingió ser Cucapáh (no lo es, ni de ningún grupo indígena), así como Jorge Vega y María Ostos, ambos candidatos a regidores de Ensenada que fingen ser Kumiai (sin ser de este ni de ningún otro grupo indígena).
Lo que no se esperaban estas personas nefastas es que los grupos indígenas ya no se dejan, sino que luchan y resisten en defensa de sus derechos: Un grupo de indígenas Triquis de San Quintín, encabezados por Norma Cruz, (quien es maestra de educación indígena desde hace 16 años, así como pasante de derecho, defensora de derechos indígenas y gestora social) entablaron un proceso de impugnación legal de la candidatura de la usurpadora Miriam Cano (RI-133), ante el Tribunal de Justicial Electoral de Baja California (TJEBC). Como académico he estado apoyando y asesorando a este grupo para el proceso, y hemos estado recibiendo un apoyo legal total por parte de la Lic. Carmen Ramírez, abogada de la Defensoría Pública para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Después de más de un mes de un trabajo colectivo y de lucha, se logró hacer justicia. El día 21 de Mayo el TJEBC revocó parcialmente el punto de acuerdo del IEEBC que reconocía la autoadscripción indígena de Miriam Cano, y resolvió exigir al IEEBC a que realizara las diligencias necesarias para investigar la validez del documento presentado por Cano y de corroborar directamente con las personas de la comunidad indígena Triqui si ella es indígena verdaderamente en un plazo de 72 horas. Al agotarse el plazo, el Consejo Distrital analizó las pruebas presentadas por Cano y los resultados de las diligencias investigativas y en sesión extraordinaria del día 26 de Mayo resolvieron por unanimidad retirarle la candidatura a Miriam Cano por NO acreditar legítimamente los 2 elementos requeridos en la autoadscripción calificada indígena: el ser indígena y el tener vínculos con la comunidad y trabajo en favor de la misma.
Es importante resaltar que este proceso solo fue posible gracias a la voluntad y trabajo del grupo de personas indígenas firmantes de la demanda colectiva: Junto con Norma Cruz Salazar, en la demanda colectiva participaron Julián Rodríguez Paz, Vanessa Sánchez Ramírez, Mario Rodríguez Martínez, Margarita Salazar García, Abelina Ramírez Ruiz y Agustina Ramírez Martínez, así como por el gran e invaluable apoyo de la Lic. Carmen Ramírez. Este es un resultado histórico de justicia para los pueblos indígenas, del cual estoy contento de haber sido parte.
Finalmente, hay que seguir presionando para que se revoquen también las candidaturas de Vega, Ostos y Campos, quienes usurpan la identidad indígena, por medio de movimientos nefastos y bajos de politiquería.