Juzgado Federal dicta suspensión de la construcción de granja avícola de Bachoco en Peto, Yucatán, tras violaciones a derechos de comunidades mayas y potencial daño ecológico a la región.
Por Redacción / @Somoselmedio
Un juzgado federal ordenó la suspensión inmediata de la construcción de la granja avícola Akutzá, perteneciente a Bachoco, S.A. de C.V., en Peto, Yucatán, tras una demanda de amparo. La decisión responde a preocupaciones sobre violaciones de los derechos de las comunidades mayas locales y posibles daños ambientales irreversibles.
La jueza del Quinto Distrito en Yucatán tomó esta medida preventiva ante la omisión de consulta y consentimiento libre, previo e informado a las comunidades indígenas Maya de Peto y aledañas sobre el proyecto. La demanda, liderada por una defensora ambiental maya y apoyada por ProDESC (Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), resalta los posibles impactos negativos en la salud y el medio ambiente.
A través de un comunicado, la organización Proyecto de derechos Económicos Sociales y Culturales, detalló que la construcción de la granja, que incluye seis granjas y se extiende sobre 299.9 hectáreas, ya había comenzado.
Según ProDESC, los daños ambientales potenciales incluyen la contaminación del agua y suelos, afectando los mantos acuíferos y la Laguna de Chichankanab, un Sitio Ramsar reconocido por su biodiversidad. Además, existe preocupación por la falta de información y consulta a las comunidades mayas y ejidos colindantes, tanto de Yucatán como de Quintana Roo.
La decisión judicial se basa en estándares de protección al medio ambiente, aplicando los principios de precaución e in dubio pro natura. La suspensión busca evitar riesgos ambientales y proteger los derechos de las comunidades indígenas, destacando la importancia de la naturaleza como un bien jurídico autónomo.
Para los habitantes y ProDESC, esta resolución representa un paso significativo para la defensa de los derechos indígenas y la conservación del medio ambiente en la región, subrayando la necesidad de consultas adecuadas y consideración de impactos ambientales en proyectos de desarrollo.
Las comunidades y defensores ambientales de la región han recibido con satisfacción la medida judicial, viéndola como una garantía para la protección efectiva de sus derechos y del entorno natural.