La Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas (Redias) indicó que sin demoras ni pretextos es urgente que la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes sea una realidad en Chiapas, ya existe una situación de exclusión social y marginación.
Redias indicó que el porcentaje de la población infantil que vive en condiciones de pobreza creció en el sexenio de Manuel Velasco en casi un 10 por ciento.
En el marco del Día Universal de la Infancia y de la conmemoración del 29 aniversario de la aprobación de la Convención de los Derechos de la Niñez, Redias realiza un llamado de atención a las autoridades locales sobre la situación de la infancia, según un comunicado.
En 2012, en Chiapas el 74% de la población vivía en situación de pobreza, mientras que, en 2016, ocupó el primer lugar a nivel nacional con 83% de la población. Al mismo tiempo, ocupa el primer lugar en la pobreza extrema con 31%, mientras ocurren en Chiapas cientos de muertes de niñas, niños y adolescentes por enfermedades que se pudieron prevenir y atender a tiempo.
“A la par, se continúan documentando desvíos millonarios de recursos destinados al Sistema DIF, así como a fortalecer el frágil sistema de salud pública de la entidad” mencionaron.
Las organizaciones integrantes de la Red expresaron su preocupación por las demoras y omisiones en la implementación de la Ley de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes del estado de Chiapas (LDNNACH).
Indicaron que resulta lamentable que a más de dos años de su instalación aún no se haya realizado la Segunda Sesión del Sistema de Protección Integral de las Niñas y Niñas del Estado de Chiapas (SIPINNA), para dar respuesta integral y coordinada a la niñez ante las graves situaciones de emergencia humanitaria que se han presentado en el último año y medio.
“El sismo del 7 de septiembre del 2017, los sistemáticos desplazamientos forzados en diferentes comunidades indígenas y el tránsito de miles de niñas y niños migrantes; así como ante el creciente número de feminicidios de niñas y adolescente que en sólo en 2018 suman 9 casos” agregan.
Redias externan que el desconocimiento de los funcionarios públicos del marco legal que protege los derechos de la infancia, así como la ausencia de financiamiento para un adecuado funcionamiento del SPINNA estatal, los 122 SIPINNAS municipales y las Procuradurías de Protección. Desde el 2015, fecha de promulgación de la LDNNACH, el Congreso Estatal no ha destinado ni un solo peso para su implementación.
De igual forma, la Red hace un llamado a la atención sobre la pendiente aprobación del Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescente (PROESPINNA) y la necesidad que se asignen recursos para su adecuada implementación.
El Programa contiene las políticas y líneas de acción prioritarias en materia de ejercicio, respeto, promoción y protección integral de los derechos de la infancia y adolescencia y aún tiene que ser integrado en el Plan Estatal de Desarrollo.
Ante ello, Redias pide a la próxima administración estatal mejores decisiones presupuestarias que aseguren una mayor y mejor distribución de la inversión pública en niñez y adolescencia desde el enfoque de los derechos, con el objeto de asegurar el bienestar y equidad a largo plazo:
- Fortalecer del SIPINNA estatal, sesionando en tiempo y forma, incrementando las capacidades de operación de la Secretaría Ejecutiva, y asignando recursos suficientes para su adecuado funcionamiento.
- Fortalecer las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a nivel estatal y municipal.
- Integrar el Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PROESPINNA) en el Plan Estatal de Desarrollo y asignar recursos para su óptima implementación.
- Generar las condiciones, los espacios y los mecanismos para que la opinión de niñas, niños y adolescentes sea escuchada y tomada en cuenta en la toma de decisiones en los asuntos que les afectan, a nivel personal, familiar, comunitario, escolar y político.
Cabe señalar, que el SIPINNA y las Procuradurías de Protección, actualmente integradas en los Sistemas DIF, son las instancias responsables de coordinar las tareas de atención ante desplazamientos forzados, así como de realizar planes de restitución de los derechos que han sido vulnerados.