Por Max González Reyes
Los funcionarios públicos deben cumplir con un doble origen. Por un lado deben estar apegados a la legalidad, pues deben cumplir con los requisitos que establece la ley; y, por otro, deben tener la legitimidad que les da haber llegado al cargo por la voluntad popular, a través de una elección, o cumpliendo los requisitos que establecen las mismas leyes. Para obtener un cargo se tiene que cumplir ambos requisitos.
Cuando la designación de un servidor genera dudas, todos sus actos también están plagados de cuestionamientos. Tiene la legalidad pero no la legitimidad. Dos caras de una misma moneda.
Recordemos que al ex Presidente Carlos Salinas se le cuestionó durante todo su sexenio por la dudosa elección en la que salió triunfador. Como se sabe, en la elección de 1988 ocurrió la llamada “caída del sistema” que le dio el triunfo a Salinas de Gortari. Ese fue la gota que derramó el vaso de un sistema electoral que estaba rebasado. Para amplios sectores de la población Salinas no debió ser Presidente. Otro caso lo podemos ver en la elección de 2006 donde por un margen menor a uno por ciento, el candidato del PAN, Felipe Calderón, ganó la contienda presidencial de aquel año. Esa elección tan controvertida, y el posterior “haiga sido como haiga sido”, fue una marca que llevó el Presidente durante todo su sexenio.
En contraste con lo anterior, el Presidente López Obrador fue electo con un amplio reconocimiento que se vio reflejado en las urnas, lo cual llevó a que su elección no fuera cuestionada sino más bien reconocida por sus entonces adversarios, y no se diga de sus simpatizantes. Por ello mismo, la toma de protesta de hace un año fue un día de celebración nacional, pues la mayoría veía que quien había obtenido el mayor número de votos estaba asumiendo el cargo.
El pasado 12 de noviembre en el Senado de la República concluyó el proceso de designación de la nueva Titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y tomó protesta a Rosario Piedra Ibarra. La elección fue precedida por un proceso tortuoso y lleno de dudas, pues de los más de cincuenta candidatos que se presentaron ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos a comparecer, la terna electa fue la de Piedra Ibarra, Arturo de Jesús Peimbert Calvo y José de Jesús Orozco Henríquez.
Previamente, en la sesión del 30 de octubre, el Pleno del Senado realizó dos votaciones para elegir a la o al titular de la CNDH; no obstante, ninguno de los tres candidatos logró la mayoría calificada (dos terceras partes de los legisladores presentes) que exige la ley. Ante esa situación la Presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa (Morena), informó que en la siguiente sesión se realizaría una nueva ronda de votación.
Para la sesión del 7 de noviembre se llevó a cabo esa tercera votación la cual fue cuestionada por senadores de los grupos parlamentarios, toda vez que Piedra logró 76 votos, justo los que se requerían para alcanzar la mayoría calificada necesaria para convertirse en la Ombudsperson. Sin embargo legisladores del PAN denunciaron que se había realizado un fraude en la elección pues se depositaron 116 votos en la urna, pero sólo se contabilizaron 114, por lo que no se lograba la mayoría calificada.
Frente a ello, y para evitar más problemas, el Senador Ricardo Monreal, Coordinador de Morena, había propuesto una nueva votación, pero todo se rompió cuando fue rechazada en el pleno. Con ello, la mayoría de Morena y sus aliados logró que se aprobara a Rosario Piedra como Titular de la CNDH hasta 2024. Con este antecedente se presentó la toma de Protesta el 12 de noviembre entre jaloneos, empujones, protestas y enfrentamientos verbales de los legisladores.
Otra de las controversias que se presentaron a Piedra Ibarra fue su militancia en Morena, pues apenas el 14 de noviembre (dos días después de su designación) pidió licencia como militante de ese partido para dedicarse de tiempo completo al cargo que le fue conferido. En un comunicado, indicó que la garantía de autonomía la acredita su trabajo, su trayectoria y su calidad de víctima indirecta del Comité Eureka y en la lucha social. Esto contrasta con la convocatoria emitida por el Senado en septiembre, y la propia Ley de la CNDH, la cual establece que los candidatos para ocupar la titularidad de dicho organismo, no pueden desempeñar, “ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en el año anterior a su designación.”
Este procedimiento generó una serie de dudas y cuestionamientos de la posible conducción de Piedra Ibarra al frente del organismo autónomo. Aunado a ello, en una entrevista posterior a su toma de protesta, Piedra Ibarra fue cuestionada a respecto al asesinato de periodistas en el actual sexenio. A lo que la nueva Ombudsperson contestó de manera irónica “¿han asesinado periodistas?”.
Asimismo, ante el procedimiento en la renovación de la CNDH, las consejeras María Ampudia González, Mariclaire Acosta, Olga Noriega y Angélica Cuéllar renunciaron a sus cargos honoríficos de manera “irrevocable e inmediata”, argumentando los acontecimientos ocurridos en torno a la designación de la nueva titular de la Comisión.
Desde luego que todo esto pone en duda la Presidencia de Rosario Piedra Ibarra y desacredita a un organismo que ha logrado credibilidad como defensor de los derechos humanos, pues la fuerza de CNDH es más que nada de carácter moral.
Es de recordar que la CNDH es un organismo autónomo que se logró separar del poder político precisamente para que no fuera juez y parte de un sistema caracterizado por violar los derechos humanos. Sería un grave retroceso que volviera a depender del Ejecutivo Federal, y que todo lo avanzado se echara por la borda. Por lo pronto el proceso de designación dejó mucho qué desear.
