La clase política y el ejército busca ocultar la verdad del caso Ayotzinapa: organizaciones sociales en apoyo a las madres y padres de los 43 normalistas.
Por: Noemí Otañez/ @NoemiOtanz / @Somoselmedio
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, organizaciones sociales y colectivas por la lucha social de las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se reunieron en una provisional Asamblea Nacional Popular en la que declararon que no hay verdad respecto a la desaparición forzada del 2014, suceso que posteriormente desencadenó la fabricación de la llamada “verdad histórica”.
En dicha reunión, doña Blanca Nava, madre de Jorge Álvarez Nava, estudiante desaparecido en 2014 de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, señaló que el gobierno:
“Se ha burlado mucho de nosotras las madres y los padres. Nosotras vamos a seguir y no vamos a creer que nuestros hijos ya están muertos. Si no me dan pruebas de mi hijo cómo me voy a quedar con esa verdad… La verdad es que no hay verdad”.
A una semana para que se cumplan 8 años, las madres y padres se siguen preguntado dónde están sus hijos, qué pasó con ellos y a dónde los fueron a dejar. «Como madre sigo esperando a mi hijo, no pierdo la fe y la esperanza será lo último que voy a perder», dijo doña Blanca Nava.
En cuanto a las detenciones de los implicados en el caso Ayotzinapa, estás se han realizado con irregularidades; las últimas detenciones han sido las de Jesús Murillo Karam y tres militares, entre los que está el coronel José Rodríguez Pérez.
A pesar de las detenciones, no se sabe nada del paradero de los 43 estudiantes normalistas, por ello, Vidulfo Rosales Sierra, defensor de las madres y padres de los 43 desaparecidos, hizo notar, por medio de tres puntos, las preocupaciones de los últimos acontecimientos del caso Ayotzinapa.
Primero declaró que las madres y padres ven que hay una demora injustificada en la ejecución de las 20 órdenes de aprehensión en contra de los militares, que hasta este momento solo se han detenido a 3 militares. Fue el pasado miércoles 14 de septiembre cuando los detuvieron, desconociéndose qué ha pasado con el resto de órdenes de aprehensión.
En segundo punto, mencionó que existe una «demora después del discurso del secretario de la defensa nacional en la detención de militares. El presidente de México les da la tribuna a las fuerzas armadas y desde ahí cuestionan a las madres y padres porque supuestamente están generando un conjunto de acciones con el fin de querer desprestigiar a una institución militar».
Según Tlachinollan, el abogado Vidulfo Rosales Sierra comentó: estas declaraciones son sumamente peligrosas y recaló: “Esta posición recia del secretario de la Sedena preocupa porque da un mensaje directo para que no se toquen 17 militares más que tienen orden de detención. Hay un temor justificado de que el ejército esté apretando la tuerca al ejecutivo.
Después de que se ejecutaron algunas órdenes de aprehensión se dio el discurso del secretario donde dice que hay intereses perversos de querer crear una desconfianza en las fuerzas armadas porque estamos diciendo que son asesinos, que infiltran de manera infundada los movimientos sociales y que deben responder por graves violaciones a los derechos humanos. En fin, el ejército quiere encubrir a 20 de sus elementos.”
Y como tercer punto «la comentocracia, quienes escriben para las oligarquías y un régimen militaristas, afirman que el subsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas y Omar Gómez Trejo, fiscal del caso Ayotzinapa, están creando acusaciones infundadas contra un pobre ejército que carga a México en sus espaldas», aseveró Vidulfo Rosales defensor de las madres y padres de los 43 normalistas.
Las madres y padres consideran que existe un ambiente enrarecido que trata de tejer una cortina de humo, en la que minimizan las detenciones “como la del general que está en la cárcel por violar derechos humanos en México. Lo cierto es que no se están ejecutando las órdenes de aprehensión del gobierno. Además, los jueces están exonerando a personas responsables, y caciques en Guerrero tratando de dividir a los padres de familia.”
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Las madres y padres exigen cárcel para todos los militares, desde el soldado hasta los generales que participaron en la desaparición de los 43 estudiantes. Al general Cienfuegos no se le está investigando, “por eso debe enfrentar la justicia […] pero se criminaliza la protesta aun cuando la lucha es por la verdad y justicia.”
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