A 101 mes de la desaparición de los 43 normalistas el amor y el temple de las madres y padres es inconmensurable e invencible.
En memoria del maestro jubilado Claudio Castillo Peña, fundador de la Ceteg, quien cobardemente fue asesinado a golpes por policías federales el 23 de febrero de 2015.
Exigimos la presentación con Vida del defensor del Territorio Vicente Suástegui Muñoz, así como la detención y castigo de todos los responsables. El juez de control tiene la alta responsabilidad de escudriñar la colusión que se urdió entre policías ministeriales, el Pino, un comandante de la UPOEG y Los Rusos.
Por El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Los datos del 2018 y 2020 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) muestran que Guerrero cuenta con 66.4 por ciento de la población en situación de pobreza, el segundo estado con más pobres en México. Mientras que de los 19 municipios de la región de la Montaña están entre los más pobres del país, sobre todo, el más pobre de todos es Cochoapa el Grande, donde el 99.4 por ciento de sus habitantes vive en situación de pobreza; no existe ninguna familia que escape de esta realidad. Siguen los municipios de Metlatonoc con 97.7 por ciento con población pobre, Atlixtac con 96.3 por ciento y Acatepec con 96 por ciento.
El niño Na Savi, Fernando Ponce, de 10 años es parte de las 19 mil 263 personas más pobres del municipio de Cochoapa el Grande, marcado por la violencia de los grupos de la delincuencia organizada desde el 2018. Fernando es el hijo más grande de cuatro hermanitos. Hay días que les alcanza para comer una tortilla con sal, esperan a que llegue la temporada de lluvia para recolectar quelites en el campo. Así la pasan para sobrevivir al día. Ante la falta de ingresos los padres de Fernando tuvieron que migrar a los campos agrícolas de Chihuahua para emplearse en el corte de chile y jitomate. Durante cinco temporadas que han migrado a los campos agrícolas fue la única manera que tuvieron para construir una casa de madera a una hora de la comunidad de Arroyo Prieto.
Desde noviembre de 2022 los padres de Fernando volvieron a los campos de Chihuahua para poder juntar un poco de dinero para la educación de sus hijos. Ya no quieren migrar por los maltratos de los capataces, pero la única alternativa es la migración o el hambre. Es la primera vez que Fernando se queda con sus abuelos para poder estudiar el primer año de primaria para que le pueda llegar apoyos de las autoridades, pero no hay nada. En ocasiones tiene que ir a la escuela sin desayunar, la maestra tiene que ofrecerle un taco para seguir las clases.
Hace una semana Fernando no tenía para comprar un libro por falta de dinero, así que la maestra Diana realizó una rifa para recabar recursos económicos porque en esa situación estaban cuatro niños más. La vida de Fernando es difícil porque sus abuelos ya no pueden trabajar, además de que la cosecha de sus padres no fue buena. Para llegar a la escuela tiene que caminar una hora porque viven en un cerro, sin luz eléctrica. El agua tiene que acarrearla en cubetas a 30 minutos de su casa. Se levanta a las 6 de la mañana, al rechinar de su cama de otate, para llegar puntual a su escuela, sin calzado y con una bolsa de nailo que le sirve como mochila para llevar su único cuaderno.
Los programas sociales no llegan para estas familias, pero tampoco han dado resultados en las regiones más pobres como en la Montaña. Hay cientos de historias como la del niño Fernando, donde las familias no cuentan con ingresos para poder comer. Con la pandemia incrementaron las familias que emigran a los campos agrícolas. Se ha jornalerizado más la vida comunitaria porque la gente de las comunidades no encuentra una actividad económica que les permita sobrevivir durante todo el año. La mayoría son pequeños agricultores que no rebasan los tres cuartos de hectáreas para sembrar maíz. La cosecha es hasta de 400 kilos de maíz y 30 kilos de frijol, pero no es suficiente para alimentar una familia de 5 a 7 integrantes. Para consumir otros productos como arroz, sal y chile tienen que acudir al mercado donde la canasta básica se ha incrementado. Es imposible que familias indígenas puedan sobrevivir con precios exorbitantes, por eso tienen que enrolarse como jornaleras en los campos agrícolas del país.
Las estadísticas de pobreza muestran la realidad que viven las familias indígenas de la región de la Montaña. Los programas sociales no han logrado abatir la pobreza, más bien, la gente prefiere irse como jornaleros. Tlachinollan ha registrado hasta 22 mil personas que emigran cada año, desde 2006 a 2018 las cifras oscilaban entre 10 mil y 12 mil jornaleras y jornaleros, lo que significa que ha aumentado la diáspora de las familias. Los municipios con mayor expulsión de población jornalera en la región son Tlapa, Cochoapa el Grande, Copanatoyac, Metlatonoc, Alcozauca, Atlamajalcingo del Monte, Atlixtac, Xalpatlahuac, Zapotitlán Tablas, Acatepec y Tlacoapa. Son los municipios más olvidados. Las carreteras son inaccesibles, no hay centros de salud, hay escuelas cerradas y la violencia se expande cada día.
En algunos municipios donde la pobreza es arrasadora, insoportable, las niñas indígenas que en su mayoría son hijas de padres jornaleros son víctimas de matrimonios forzados. Desde los 11 años enfrentan la amenaza de sus padres, quienes ante la pobreza extrema han encontrado en las alianzas matrimoniales una opción para obtener recursos con la venta de sus hijas. Es una práctica que se ha pervertido y mercantilizado ante la ausencia de las instituciones del Estado que han dejado vulnerable a las niñas indígenas que son víctimas de esta realidad deleznable.
En la comunidad de Río Encajonado, municipio de Cochoapa el Grande hay muchas familias que se fueron a los campos agrícolas, mientras las niñas de 11 a 12 años se casaron para que los padres pudieran comer algunos días porque en los últimos dos años no podían salir a sembrar, mucho menos a trabajar fuera porque la violencia los había cercado ya que había emboscadas en el cerro de la Garza.
Se suma que hay una nueva generación de matrimonios jóvenes que ya no tienen tierra para sembrar y no aspiran a tener parcelas para sembrar dentro de su comunidad. La alternativa es migrar a los campos agrícolas, sin embargo, las familias pasan por discriminación y encuentran la muerte. Durante el 2022 Tlachinollan registró al menos 8 personas que fallecieron en los campos por falta de atención médica.
Es el caso de Guadalupe Martínez García, una joven Me’phaa de 19 años, originaria de Las Pilas, municipio de Tlapa, que durante 10 años fue jornalera en los campos de chile y tomatillo de Chihuahua. A principios de mayo de 2022 comenzó a sentir malestar, dejó de trabajar y poco a poco su salud se fue deteriorando. Sus papás no sabían qué tenía, cuando la llevaban a consulta sólo le recetaban medicamentos para controlar su síntoma. El domingo 3 de julio de 2022 sus padres la internaron en el hospital de Las Delicias, Chihuahua, y ahí le detectaron tuberculosis avanzada. Tenía poca posibilidad de vida. El miércoles 6 de julio los doctores le dijeron a sus padres que había fallecido.
Otro caso es el de la niña Me’phaa Olea Gálvez de la comunidad de Santa María Tonaya que se enfermó en los campos agrícolas de Chihuahua. En julio de 2022 fue internada en el hospital con un problema bronquio respiratorio y fue su causa de muerte. Sin embargo, 6 meses antes su mamá había muerto en Sinaloa por falta de atención médica, en diciembre de 2021. Por falta de dinero y la falta de apoyo de las autoridades la familia no tuvo más alternativa que sepultarlas en el panteón de Las Delicias.
Estas son las historias que reflejan las cifras negras de la pobreza. Los sectores más olvidados son las familias indígenas jornaleras que no son atendidas en sus necesidades más apremiantes. Para los funcionarios todo está resuelto con su incorporación a los programas federales. No obstante, muchas personas no están en posibilidades de inscribirse porque sus documentos oficiales tienen errores en sus datos personales. La población jornalera ni siquiera aparece dentro de un programa social. Por tratarse de personas que se encuentran fuera de su comunidad por más de 6 meses, los servidores de la nación no los registran a causa de su ausencia. La mayoría de las niñas y niños no asisten a las escuelas, además, en los campos agrícolas, así como en las comunidades no hay maestros que atiendan a la niñez.
Las autoridades están cada vez más lejos de las comunidades y las familias indígenas. No les importa si pasan hambre, discriminación, maltratos o si les llega la muerte en los campos de la explotación, al contrario, padecen el desprecio sólo por ser pobres. Pero las mujeres y hombres a pesar de las historias inenarrables del dolor, de las heridas abiertas que ha dejado la violencia, la muerte en los surcos y las enfermedades siguen dando la batalla contra el hambre desde lo alto de las montañas.