Lo que esconde el golpe de estado en Bolivia

Opinión de Enrique Javier Díez Gutiérrez/@EnriqueJDiez

El trasfondo de este golpe de estado es la distribución de la riqueza en Bolivia y el control geoestratégico de EEUU sobre sus recursos, alentado con el racismo supremacista. Es un nuevo capítulo de la guerra híbrida contra los pobres en el escenario internacional, donde se revelan los hilos de una operación de desestabilización organizada desde el exterior, utilizando a grupos internos ligados a la oligarquía boliviana, con el fin de derribar un gobierno no afín a los intereses geoestratégicos de la potencia dominante en la zona, en este caso EEUU. Un golpe de estado “suave” por medios no convencionales, con armas psicológicas, sociales, económicas, mediáticas, políticas, etc.

Ha sido un golpe de estado planificado

El analista internacional Alfredo Jalife Rahme, describía en Behind Back Doors, con varias semanas de anticipación, los detalles de la planificación desde los Estados Unidos del actual golpe de estado en Bolivia. Daba ya entonces los nombres y apellidos de los involucrados: políticos bolivianos residentes en EEUU, líderes de la oposición boliviana y de la asociación opositora «Coordinadora Nacional Militar», compuesta por ex oficiales del ejército boliviano, responsables de gestionar los fondos que se han enviado desde Estados Unidos para esta operación. Este plan, en tres etapas, estaba diseñado para la ruptura y la división del ejército boliviano y la policía nacional, logrando que estas fuerzas se rebelaran contra el presidente Evo Morales (reclutando altos mandos del Ejército, aquellos que respaldarían el golpe de estado y asumirían la presidencia del país en una coalición cívico militar en el período de transición). Preveía contar, como así ha sido, también con el apoyo de las embajadas afines y la Iglesia Evangélica, que Estados Unidos utiliza como cobertura estratégica de forma habitual en los “golpes de estado blandos”. Financiando campañas de descrédito contra el Gobierno, utilizando una estructura de medios con prensa de medios opositores, medios y cuentas falsas en las redes sociales creadas específicamente para apoyar el golpe de estado, activistas en redes sociales con noticias falsas masivas (centradas en la inversión del sentido de los hechos: los agresores son presentan como agredidos, y viceversa; los vídeos de atrocidades de bandas criminales se muestran como acciones violentas de seguidores del gobierno). Así como el apoyo de organismos internacionales controlados por Estados Unidos, como la OEA, para deslegitimar la victoria electoral de Evo, acusarle de fraude electoral y reclamar, si era necesario, una intervención internacional en Bolivia. Para así pasar a la tercera fase, cuya intención era generar un estado de crisis social en el país, desatando una ola de violencia y represión que dejara en shock a la población que apoya al presidente Evo Morales, e imponer un gobierno paralelo que aprovechara este estado de shock para imponer reformas drásticas, sin refrendo democrático, que de otra forma nunca hubieran sido aceptadas.

Parece que ahora los presidentes en Latinoamérica ya no son elegidos por su pueblo, sino que se autoproclaman, con gran apoyo mediático y reconocimiento inmediato de Estados Unidos. Este tipo de golpe de estado tiene una larga tradición en la estrategia política y militar de Estados Unidos en la región: el fallido golpe contra Hugo Chávez en Venezuela, en 2002; el derrocamiento en Haití en 2004 del primer Presidente electo por voto popular, el sacerdote Jean Aristide; el alzamiento de la Media Luna contra Evo Morales en 2008; el derrocamiento del Presidente de Honduras Mel Zelaya en 2009; la destitución exprés del Presidente de Paraguay Fernando Lugo en 2012; los golpes de estado lawfare en Brasil con la destitución de la Presidenta Dilma Rousseff y la detención de Lula para impedirle presentarse y ganar las elecciones, gracias a lo cual se hizo con el poder el militar Jair Bolsonaro, quien reivindica no sólo la dictadura, sino las torturas y se apoya en las iglesias evangélicas.

Decenas de miles de cables diplomáticos filtrados por WikiLeaks muestran como la agencia USAID[1] financió con millones de dólares a los opositores a Evo, y que cuando los departamentos de la Media Luna organizaron protestas violentas en las que murieron 20 partidarios del gobierno, Estados Unidos mantenía una comunicación regular con los líderes del movimiento violento, separatista y racista que se proponía “volar por los aires los gasoductos” y consideraba la “violencia como posibilidad para forzar al gobierno”. Por eso no es de extrañar que los jefes del Ejército y de la policía de Bolivia, que forzaron la renuncia del Presidente Evo Morales, fueran entrenados por Estados Unidos en la Escuela de las Américas y en el FBI. Y que el general que exigió la renuncia, Williams Kaliman, una vez cumplida su función, se haya ido a vivir a Estados Unidos a las 72 horas del golpe, tras haber presuntamente cobrado un millón de dólares, a resguardo de cualquier investigación de la comunidad internacional. El encargado de negocios de la Embajada estadounidense en La Paz, Bruce Williamson, al parecer, fue quien pagó esos sobornos: un millón de dólares a los jefes militares y quinientos mil a los jefes de policía.

Ha sido un golpe de estado por el control geoestratégico

Como dice la experta, profesora de la Universidad de Buenos Aires, Alcira Argumedo, este golpe de estado contra Evo Morales se enmarca en un contexto internacional donde Estados Unidos está perdiendo la disputa hegemónica con el bloque chino-ruso en términos económicos, geopolíticos y tecnológicos. Los resultados de la estrategia de intervenciones militares de Estados Unidos y la OTAN en Medio Oriente han sido un rotundo fracaso. Por eso EEUU se ha replegado sobre Latinoamérica como último bastión donde disputar su hegemonía. El objetivo es garantizar el control de áreas y recursos estratégicos. Los intereses estratégicos de EEUU en la región son inmensos. La región (y dentro de ella básicamente Venezuela) provee un tercio del petróleo que importa Estados Unidos, es decir más que todos los países del Medio Oriente juntos; implica un intercambio comercial de mercancías que triplica al que Estados Unidos tiene con toda Europa y quiere desplazar la creciente presencia de China en esta zona. A su vez, las tendencias hacia una reconversión energética a causa del calentamiento global, con el desplazamiento de los combustibles fósiles y su reemplazo por energías renovables, marca una reorientación hacia la producción masiva de vehículos eléctricos y la provisión de energía solar en gran escala: las baterías para esta reconversión energética, se fabrican con litio. El gobierno de Evo Morales nacionalizó las reservas de litio de Bolivia -las mayores del mundo-. Los Estados Unidos carecen de yacimientos de litio y no parecen dispuestos a aceptar una eventual dependencia de la importación en gran escala de baterías desde Bolivia, producidas por empresas mixtas de ese país con socios alemanes y chinos (con quien el gobierno había firmado un acuerdo en febrero de 2019 para la explotación industrial del litio). En este contexto se produce en Bolivia el golpe contra el gobierno de Evo Morales.

Ha sido un golpe de estado contra la democracia y la igualdad social

En el ámbito interno el detonante del golpe de estado ha sido el rechazo a la igualdad social, es decir, el rechazo a los fundamentos mismos de una democracia real, garante de los derechos humanos y sociales.

Bolivia era el país más pobre junto con Haití. Durante el mandato de Evo Morales hubo una expansión económica continua y una reducción de la pobreza, posicionando a este país como el de mayor crecimiento de la región. La economía creció de 9.000 a 42.000 millones de dólares, a un promedio del 4,9% del PIB, reduciendo la deuda externa del 52% del PIB al 24%, pasando a ser el séptimo país menos endeudado de América del sur. Un crecimiento acompañado de políticas públicas que ayudaron a disminuir los indicadores sociales negativos: reducción de la pobreza (del 60% al 34% la moderada, y del 38 al 15% la extrema pobreza; caída de 130 a 45 la diferencia de ingresos entre los más ricos y los más pobres). Acceso universal a la salud, a la protección social y a la educación (se construyeron 5.000 colegios en 13 años, cifra similar a la alcanzada en los 180 años anteriores y se pasó del 13,28% de analfabetismo al 2,4%). Subió el salario mínimo de 440 bolivianos (55 dólares) a 2.122 (308 dólares). La “clase media” pasó del 35% al 60%, la mayor parte proveniente de sectores populares, indígenas. Más del 50% de los funcionarios de la administración pública son indígenas, …

Pero también nacionalizó los hidrocarburos (gas y petróleo), en manos de 21 consorcios multinacionales, que ingresaban enormes beneficios. También reestatizó la mina de estaño de Huanuni, nacionalizó la empresa nacional de telecomunicaciones (ENTEL), así como empresas eléctricas… Algo que no le han perdonado… De facto, el proceso del golpe de estado se inició cuando el gobierno de Evo Morales nacionalizó el gas y los recursos naturales para utilizar sus rentas de cara a reducir la desigualdad social, lo que también afectó los privilegios de las multinacionales y de la racista oligarquía de la Bolivia blanca, rica y poderosa. Porque lo que se trata, con este golpe de estado, es de revertir todos estos logros sociales.

Lo que se pretende es de volver a imponer el modelo capitalista y neoliberal, que evite de todas las formas posibles el reparto y distribución de la riqueza. Es un golpe de rechazo a la igualdad. Y la estrategia para ello está siendo la denominada “doctrina del Shock”, que ya Noami Klein describió en el año 2007, citando al gurú neoliberal Milton Friedman: aprovechar la «oportunidad» de la represión y violencia brutal del golpe de estado (terror y temblor) para, una vez la población esté en estado de shock, actuar con rapidez, para imponer los cambios y las reformas legislativas rápida e irreversiblemente, antes de que la sociedad afectada pueda reaccionar. Friedman alentaba a aprovechar esos momentos de trauma colectivo para dar el pistoletazo de salida a reformas económicas y sociales de corte radical. La población, aseguraba, tiende a aceptar esos «tratamientos de choque» creyendo en la promesa de que salvarán de mayores desastres.

La aplicación de la barbarie se está ejecutando al pie de la letra. La represión en Bolivia ha escalado a niveles sin precedentes. La Defensoría del Pueblo ha denunciado 23 asesinatos, 715 personas heridos y numerosas detenciones, delitos de lesa humanidad, producidos cuando la Policía y el Ejército han reprimido violentamente manifestaciones pacíficas en defensa de la restitución de los derechos del pueblo boliviano. Por supuesto, todos ellos indígenas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional han sumado su voz condenando esta escalada de represión contra marchas pacíficas encabezadas por niños y mujeres. «Esto es una dictadura, nos están matando», dice una manifestante sobre la represión de la fuerza pública en Cochabamba, Bolivia. Quizá la mejor expresión para describir la situación actual en el país andino. Mientras, el poder golpista acelera la derogación de leyes, como la Ley 348 que asegura una vida libre de violencia, que reconoce el feminicidio, y todas aquellas que garantizan los derechos, tanto simbólicos como materiales, de la población indígena y las clases trabajadoras.

Ha sido un golpe de estado fascista, racista, patriarcal, fundamentalista, eclesiástico y empresarial

Quienes encabezan este golpe de estado, como denuncia Adriana Guzman, aymara y feminista comunitaria, es el grupo de derecha fascista del Comité Cívico de Santa Cruz, con Luis Fernando Camacho como Presidente, vinculado a los carteles del narcotráfico e hijo de un paramilitar que estuvo al servicio de la dictadura. Este Comité representa a los empresarios, oligarcas, a los terratenientes, socios de las transnacionales, del Oriente boliviano, que acapararon las tierras durante la dictadura, que no se han presentado a elecciones y no están dispuestos a renunciar a ninguno de sus privilegios. Están instaurando una dictadura de facto, donde las fuerzas policiales y militares propinan palizas, encarcelan, hieren y matan a manifestantes que exigen el retorno de Evo, disparan contra opositores y el nuevo régimen ultraderechista anuncia una “cacería” contra los “animales” que se atreven a disentir de los golpistas, aprobando un decreto que exime de responsabilidad penal a policías y militares en tareas antidisturbios, legalizando la represión y el asesinato.

El componente fascista se une al odio racial, alentado por estos sectores de ultraderecha y fundamentalistas, como relata el propio Álvaro García Linera, que ven como la herencia del apellido y la piel se desvanece ante el avance de la igualdad. La exhibición en todos los medios de la “suite presidencial”, unas dependencias más bien humildes y sobrias, pero que son como “la habitación de un jeque árabe” clamaba una tal Roxana Lizárraga, autoproclamada Ministra de comunicación de la Junta golpista, muestran este grotesco racismo del que hacen gala. Apelaba así a la reacción racista, como si un indio campesino tuviera que dormir en el suelo, buscando “satanizar a los líderes populares”. En Santa Cruz organizan hordas motorizadas en 4×4, con bates de béisbol, cadenas, granadas de gas y armas de fuego para imponer su supremacía racial y, como gritan en sus consignas, “escarmentar a los indios”, a quienes llaman “collas”, que viven en los barrios marginales y en los mercados, y que nunca habían tenido derechos y solo habían servido como peones de los terratenientes o para sacar el oro de las minas de la oligarquía. Esta conducta, que recuerda al fascio nazi, la vivió la alcaldesa de una población campesina, que fue humillada, arrastrada por la calle, golpeada, vejada orinándole encima, a quien le cortan el pelo y la amenazan con lincharla rociándola con pintura roja simbolizando lo que harán con su sangre.

A estos actores hay que añadir la jerarquía católica que se posicionó rápidamente con los golpistas, y a los grupos evangélicos, la nueva arma de los EEUU para los golpes de estado en Latinoamérica. En una entrevista con la BBC, la autoproclamada “presidenta” fundamentalista evangélica, Jeanine Añez, dijo que con ella Cristo y los Evangelios volvían a la Casa de Gobierno, acusando a Evo de ateo. Cuando el periodista le señaló que Bolivia seguía siendo un estado laico, le respondió que no importaban los votos en el parlamento, porque ella sabía que el 80% de los bolivianos eran hombres de fe. Este fenómeno de los fanáticos evangélicos lo representa también las declaraciones de Luis Fernando Camacho: «Vamos a sacar de los lugares públicos la Pachamama y vamos a imponer la Biblia evangélica», porque, para ellos, la Pachamama es el origen de la pobreza, mientras que la riqueza es la bendición de Dios a quienes se han esforzado, resucitando la ética protestante del calvinismo más extremo, teología del modelo neoliberal.

Este ha sido también un golpe de estado contra el gobierno indígena, originario, acompañado de las organizaciones campesinas y los movimientos sociales, concluye Adriana Guzman: Es un escarmiento para que no se les vuelva a ocurrir que es posible vivir fuera del capitalismo, que el bien vivir pueda ser una posibilidad, que puedan autogobernarse. Para que aprendan a aceptar el sistema capitalista, neoliberal, patriarcal, colonialista. Ése es el mensaje. La derecha no es democrática y no aceptará renunciar a sus privilegios. Si no alcanza el poder por las urnas, lo hace a través de la fuerza y la masacre. Debemos ser conscientes de ello.

[1] USAID fue creada en 1961 y se ha convertido en uno de los dispositivos, dependiente del Departamento de Estado norteamericano, de la CIA para financiar proyectos de desestabilización contra gobiernos no afines a la política norteamericana. Es la principal financiadora de los movimientos separatistas promovidos en la Media Luna del Oriente Boliviano. En 2003 y 2004 financió los intentos por impedir que el líder cocalero Evo Morales llegara a la presidencia, y a partir de entonces ha aportado gran financiación para derrocarlo y en caso contrario dividir Bolivia en dos repúblicas, una gobernada por la mayoría indígena y la otra por descendientes de europeos y mestizos, que habitan en las áreas ricas en recursos naturales, como agua y gas.