Poder Legislativo. La historia política de México se ha centrado en buena medida en la persona que en su momento ha ostentado el cargo de presidente de la República. Si revisamos cualquier libro de la historia nacional, podremos observar que el devenir de nuestro país se resume en la persona que en su momento portó la banda presidencial.
Por Max González Reyes / @Somoselmedio
Desde Benito Juárez, Porfirio Díaz, Francisco I. Madero, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, hasta llegar a los más recientes: Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y el actual Andrés Manuel López Obrador. Todos ellos tienen su historia, y la del país se resume a lo que pasó en su sexenio o su periodo de gobierno.
La justificación de lo anterior radica en buena medida en que ellos son los responsables de conducir durante un tiempo los destinos de este país. Y por ello mismo las decisiones que toman nos repercuten a todos los mexicanos. Lamentablemente las malas decisiones han llevado a que el país se reconstruya cada seis años. No es ninguna novedad decir que desde finales de los setenta las crisis económicas y políticas se han presentado de manera frecuente, lo que ha llevado a un deterioro del sistema político en su conjunto.
El sistema político de corte presidencial, como el que tenemos en México, concentra en el portador del Poder Ejecutivo prácticamente la totalidad de las decisiones de este país. Aunado a ello, la regla no escrita de nombrar a su sucesor que predominó en buena parte del Siglo XX llevó a que en la figura presidencial se concentre el rumbo del país.
Esa concentración ha puesto en segundo termino a los otros dos poderes, el Legislativo y Judicial, pues en distintos momentos éstos estuvieron supeditados al Ejecutivo. En el caso del Legislativo, el letargo duró hasta 1997, derivado de las elecciones intermedias de aquel año en que el partido oficial, el PRI, no obtuvo la mayoría en la Cámara de Diputados, de tal manera que la segunda parte de ese sexenio el presidente Ernesto Zedillo tuvo que negociar con la oposición. De ese momento hasta 2018, no hubo una mayoría del partido del presidente.
A partir de ese 1997 se inauguró lo que se ha llamado gobierno dividido, es decir, a la situación política donde el titular del Poder Ejecutivo pertenece a un partido distinto al que ostenta la mayoría de los miembros que integran el Poder Legislativo. No está de más decir que la polarización de esta situación tocó su punto máximo cuando en noviembre de 2004 la Cámara de Diputados modificó el presupuesto para el siguiente año enviado por el entonces presidente Vicente Fox. En esa ocasión, el mandatario anunció que impugnaría jurídicamente el Presupuesto de Egresos de la Federación al calificarlo de ”incongruente e inviable”, lo cual llevó a una confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo.
A partir de entonces, y sin perder el foro de atracción del Ejecutivo, la actuación del Legislativo ha cobrado cada vez mayor relevancia. Los presidentes en turno han tenido que negociar con la oposición desde el presupuesto, iniciativas y hasta nombramientos que envía, a tal grado que en algunas ocasiones han rechazado propuestas de éste. Eso ha provocado que los debates en el Congreso de la Unión por momentos se vuelvan intensos e interesantes. Sin embargo, también ha llevado a un desprestigio de éste puesto que en muchas ocasiones la confrontación ha estado marcada más por la descalificación, la falta de argumentos y el prejuicio de los diversos legisladores a la hora de tomar la tribuna y exponer sus posicionamientos.
Recientemente hemos sido testigos de exposiciones lamentables de legisladores que incluso no conocen el proceso legislativo. Muchos suben a la tribuna y no exponen ningún argumento salvo la descalificación; desconocen la forma en cómo se vota; la diferencia entre mayoría simple y mayoría calificada; no conocen lo que están votando, pues muchos de ellos no leen los dictámenes. Desde luego, están en todo su derecho de expresar su ideas y posicionamientos, pero a la hora de hablar, no proponen nada, no argumentan nada, y en muchas ocasiones están llenos de ofensas personales, groserías e incluso agresiones físicas, como lo fue cuando en el Senado de la República tomó protesta la recién designada Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, que hubo empujones y manoteos a legisladores que impedían se llevara a cabo el acto, derivado de las dudas en el conteo de los votos para tal designación.
Esto lo hemos visto en las primeras sesiones de la Comisión Permanente que se instaló el pasado 28 de abril. Hasta lo que va de las reuniones en el Pleno, se han abordado básicamente asuntos de la agenda política. En ellas no ha habido más que descalificaciones a los legisladores de otras fracciones, evasión de temas que conciernen a la actualidad, largos debates en torno al tiempo que ocupan en tribuna los legisladores, mociones de orden y rectificación de hechos.
Es justo reconocer que estas acciones no son privativas de los actuales legisladores. Lamentablemente estos actos se han presentado en anteriores sesiones y legislaturas. Sólo que ahora, quienes en otro tiempo eran una minoría en la oposición, hoy son mayoría y gobiernan. Sin embargo, se comportan como en su tiempo lo hacían quienes gobernaban.
Los legisladores mayoritarios de hoy reproducen las mismas prácticas parlamentarias e incluso buscan obtener una mayoría como la que tanto se empeñaron en derribar. Es incompresible que muchos de los que hoy conforman el partido mayoritario en el Congreso a pesar de que sufrieron los estragos del mayoriteo del partido hegemónico, hoy reproducen esa práctica que tanto criticaron.
Estamos en la antesala del debate de una reforma política que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador. En ese debate se verán los posicionamientos de la actual mayoría legislativa. Sería bueno sacar del archivo sus declaraciones de años atrás y contrastarlos.
