Respecto a las declaraciones del Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez donde aseguró que la violencia feminicida “va mucho más allá de lo que pueda hacer un gobierno”, el Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) en Jalisco recordó al mandatario que los feminicidios en Jalisco se cometen en contra de las mujeres, jóvenes y niñas en la entidad no son un asunto privado y que es su obligación desplegar todas las acciones necesarias hasta el máximo de sus capacidades y recursos para prevenir, atender, investigar y sancionar estas violencias letales.
Llamaron a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) a que capacite al Gobernador de Jalisco en materia de derechos humanos de las mujeres y perspectiva de género para que CUMPLA con sus obligaciones como jefe del ejecutivo.
Por Redacción ZonaDocs / @ZonaDocs
Fotografía de portada Irlanda E. Morán / @irlyephotography
“El ejecutivo no puede referirse a los feminicidios como un asunto privado” reclamó el Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) en Jalisco.
A través de un comunicado, la organización feminista rechazó las recientes declaraciones del Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez en donde expuso públicamente que la violencia feminicida “va mucho más allá de lo que pueda hacer un gobierno surge en el seno del hogar y es producto de la descomposición social, un tema que se genera entre las parejas, entre las familias”.
Si bien, Alfaro Ramírez reconoció en este mensaje que en enero se cometieron en la entidad seis feminicidios, el repudio manifestado por CLADEM Jalisco radica en la omisión, indiferencia, insensibilidad y falta de actuación que el Gobierno del estado ha mantenido para prevenir, atender, investigar y sancionar las formas de violencia de género, machista y feminicida que lacera la vida de las mujeres, jóvenes y niñas.
“Sus afirmaciones carentes de perspectiva de género y de derechos humanos trasladan la responsabilidad de las violencias a las mujeres y niñas víctimas de feminicidio, se lava las manos y no reconoce que las omisiones de su gobierno les causan la muerte a las mujeres en Jalisco” sentenciaron.
Estas declaraciones surgen tras los feminicidios de Liliana Tinoco y Alondra Franco en Poncitlán, Jalisco, hija y madre quienes fueron asesinadas dentro del ministerio público mientras intentaban poner una denuncia en contra de su agresor. En ese momento, la organización también reprobó el actuar de las autoridades y recriminó que el Gobierno estatal “falló nuevamente a las mujeres”.
Durante 2022, Jalisco se posicionó como la novena entidad a nivel nacional con mayor número de presuntos feminicidios en México, registrando 35 casos de 947 a nivel nacional. Sin embargo, fue la sexta con más homicidios dolosos de mujeres con 180 víctimas y la tercera con más presuntas víctimas mujeres de lesiones, con 4 mil 318 casos.
Con ocho casos, Zapopan ocupó el lugar número 19 entre los 100 municipios con más presuntos delitos de feminicidios en el país. En este listado también aparecen Puerto Vallarta, San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga cada uno con cuatro casos.
“Este no es un asunto de policías y patrullas. El Gobierno no puede estar dentro de los hogares o intervenir en las relaciones personales de nadie. Lo que sí nos toca hacer es detener y encarcelar a quienes cometan estos actos brutales” insistió el representante del ejecutivo estatal por medio de sus redes sociales el 6 de febrero.
En respuesta, CLADEM Jalisco se pronunció de manera determinante para recordar al gobernador que la violencia contra las mujeres “es una afectación a la dignidad humana, una violación a los derechos humanos y una muestra de discriminación histórica en contra de las mujeres y niñas”, esto de acuerdo los organismos de derechos humanos internacionales.
Por lo tanto, le recordaron que en su papel de representante del Gobierno estatal está obligado a “respetar, promover, proteger y garantizar” todas aquellas convenciones, acuerdos y tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Tal es el caso de la segunda Conferencia Mundial de la Mujer, la cual reconoce que la violencia contra las mujeres, -incluida la violencia doméstica-, constituye una violación a sus derechos humanos y es un asunto de orden público y el Estado debe intervenir.
En ese sentido, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Pará” de la cual México es parte, lo obliga a:
- Adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia;
- Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;
- Establecer medidas de protección efectivas;
- Realizar programas educativos para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitiman o exacerban la violencia contra la mujer;
- Capacitar al personal policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer.
En cuanto a la legislación nacional, aseguraron que resulta “vergonzoso” que como titular del gobierno del estado desconozca que la ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias en su artículo 49, establece sus obligaciones en la materia. Entre las que se encuentran:
- Instrumentar y articular sus políticas públicas con perspectiva de género para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres;
- Impulsar programas reeducativos integrales de los agresores;
- Especializar a las y los agentes del Ministerio Público, peritos, personal que atiende a víctimas a través de programas y cursos permanentes en: a) Derechos humanos y género; b) Perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia y feminicidio; c) Incorporación de la perspectiva de género en los servicios periciales; eliminación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres, entre otros.
En ese sentido, denunciaron que hasta la fecha no se haya diseñado e implementado el Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres, el cual se encuentra establecido dentro de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco. Su integración y puesta en marcha explicaron, corresponde a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH).
Este programa, precisaron, deberá:
- Contener todas las acciones para detectar, prevenir, atender y erradicar la Violencia contra las Mujeres.
- Promover que se reconozcan y respeten los derechos humanos de las mujeres;
- Transformar los modelos socioculturales de conducta, a través de la formulación de programas y acciones de educación con la finalidad de detectar, prevenir, atender y erradicar las conductas estereotipadas que propician la violencia contra las mujeres;
- Educar, capacitar y sensibilizar en materia de derechos humanos de las mujeres a las instituciones y al personal encargado de la procuración e impartición de justicia, de las policías estatales y municipales, y demás funcionarios encargados de las políticas de prevención, detección, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres;
- Fomentar y apoyar los programas de educación pública y privada, destinados a sensibilizar a la sociedad sobre las causas y las consecuencias de la violencia contra las mujeres;
- Promover la cultura de denuncia de la violencia contra las mujeres, para garantizar su seguridad y su integridad;
Entre otras obligaciones que mantiene el Gobierno del estado, de acuerdo al artículo 25 de la ley estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se encuentran:
- Formular y conducir la política estatal integral desde la perspectiva de género para prevenir, detectar, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres;
- Coordinar la creación de Programas de reeducación y reinserción social con perspectiva de género para agresores de mujeres;
- Promover la coordinación entre el Estado y los ayuntamientos, con la finalidad de prevenir, detectar, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres;
- Promover a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres campañas de información, con énfasis en la protección integral de los derechos humanos de las mujeres, en el conocimiento de las leyes, las medidas y los programas que las protegen, así como de los recursos jurídicos que las asisten;
Dichas obligaciones en materia de prevención de la violencia de género están distribuidas entre las dependencias que integran el gabinete de gobierno, señaló CLADEM Jalisco.
“Lamentamos profundamente que el Gobernador y las personas titulares de las secretarías, no conozcan sus obligaciones legales y que en lugar de actuar con responsabilidad, sean omisos en la prevención, atención e investigación de la violencia contra las mujeres” manifestó la organización.
Y es que recordó que, en virtud de la ley estatal la Secretaría General de Gobierno (art. 26), la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (art.27), la Fiscalía del Estado (art.28), la Secretaría de Seguridad (art. 28 Bis), la Secretaría de Educación (art. 29), la Secretaría de Salud (art. 30), la Secretaría de Cultura (art. 31), la Secretaría del Trabajo (art.32) y la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (art. 34), deben hacer cumplir sus obligaciones para cesar la violencia contra las mujeres.
Respecto a esta última, precisaron que, es responsabilidad de la SISEMH “realizar campañas orientadas a promover el cambio de patrones socioculturales para el logro de la igualdad de género, la garantía, protección, promoción y respeto a los derechos humanos de las mujeres”, esto según el artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Jalisco.
Por ello, llamaron a que diseñe y difunda una campaña permanente en materia de prevención y denuncia de las violencias contra las mujeres. También, le solicitaron que junto a la Secretaría General de Gobierno den seguimiento a los municipios que dentro de la entidad mantienen activas alertas de violencia de género y “coadyuven en el diseño de los indicadores y sistemas de monitoreo de los avances”.
En medio de este escenario exigieron a la SISEMH “capacite al Gobernador de Jalisco en materia de derechos humanos de las mujeres, perspectiva de género y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias para que CUMPLA con sus obligaciones como jefe del ejecutivo”. Y mencionaron que, en caso de que esto “no sea posible” CLADEM Jalisco se “ofrece” a brindarle esta capacitación.
Finalizaron llamando al Gobernador de Jalisco a “tomarse unos días” para “leer y estudiar el marco jurídico aplicable en materia de acceso de las mujeres a una vida libre de violencias”, pero sobre todo, para que “reflexione y tome conciencia que sus omisiones le cuestan la vida a las mujeres en Jalisco” .