La incansable lucha contra la corrupción, la impunidad, el nepotismo y los privilegios de una clase política dorada cuya ambición y egolatría los ha llevado a pensarse como intocables y todapoderosos. Del otro lado, una clase ciudadana que, si bien imperfecta, por su trabajo se distingue por ser honrada, humilde y solidaria. En el centro, el conflicto por mantener los que defienden el estatus quo contra los deseos de una nación entera por cambiar de paradigma, por dejar tanta muerte, robo, cinismo, abuso y corrupción detrás.
Por Don Nadie
Dos acontecimientos en los últimos días giran en torno a esta meta-problemática. La primera corresponde a la negativa del Poder Judicial de la Federación por reducir sus salarios. Contrario al proyecto de nación emprendido por el presidente López Obrador bajo la consiga de la austeridad republicana, los jueces y magistrados de todo el país (incluyendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación) han salido a manifestar una rotunda oposición al recorte de sus mega-sueldos, argumentando que la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos propuesta por Morena en el Senado y la Cámara de Diputados “vulnera” la autonomía de los tres poderes.
Más allá de la falta de escrúpulos de estos servidores del pueblo, quienes nunca antes habían salido de esta manera a oponerse a ninguno de los tantos perjuicios contra la soberanía nacional y el pueblo mexicano, vale la pena desglosar lo cínico de estas figuras públicas.
Para iniciar, hay que tener en cuenta que, a diferencia de funcionarios del Poder Federal y Poder Legislativa, el Poder Judicial no es electo por el pueblo, no atraviesa ningún tipo de proceso democrático al momento de asumir este cargo. Por el contario, suelen ser designados desde las cúpulas partidistas, prueba de ello es que al día de hoy hay 5 ministros electos por el PRI y 4 del PAN en la SCJN. Este modo de elección permite que, ya estando en el poder, los ministros no sientan ningún tipo de compromiso social, puesto que en ningún momento han tenido que acercarse con el pueblo, no se han tenido que empapar de cerca de las problemáticas sociales ni de las carencias de las clases más vulnerables. No se han ganado su lugar por votación popular.
Quizás por ello el Poder Judicial en México es una catástrofe, pues hay que recordar que en nuestro país más del 90% de los delitos quedan impunes. Y quizás por todo esto también a los ministros les resulta tan lógico defender sus privilegios. No hay otra manera de llamarlo: ganar más de quinientos mil pesos mensuales es un privilegio gigantesco en un país con más de 60 millones de pobres.
Ahora, en los últimos días representantes del Poder Judicial han enarbolado el argumento de que se necesita tener buena solvencia económica para evitar presiones económicas al momento de tomar “decisiones justas”. Pero aquí no se está hablando de mandarlos a la calle, no se está diciendo que se les va a disminuir a $10,000 pesos el sueldo o a que van a ganar el salario mínimo, sino que no podrán ganar más que el presidente, es decir, que de $500,000 pesos mensuales pasarán a ganar un máximo de $108,000. ¡Es totalmente absurdo decir que se atenta contra su solvencia económica! No, aquí lo que está en juego es un estilo de vida de lujos a costa de los impuestos del pueblo.
Se trata, pues, de mantener privilegios burgueses. Y bueno, no hay que olvidar la investigación periodística de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que reveló que Hijos, parejas, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras de al menos 500 jueces y magistrados ocupan plazas en tribunales y juzgados de su adscripción o de otros. Ya lo ha dicho Obrador: “No puede haber políticos ricos con pueblo pobre, la política es para servir, no para hacerse rico”. Este tipo de actos de nepotismo y privilegios se acaban aquí.
El otro frente de batalla en el radar de este Don Nadie es la cúspide de la rapiña del gobernador Francisco Vega de la Madrid, a quienes no pocos comienzan a denominarlo “El Duarte de Baja California”. Desde finales de octubre el panista vio explotar en sus manos la bomba magisterial, ello tras no realizar el pago correspondiente a maestros jubilados. Posteriormente, llegado finales de noviembre, esta crisis financiera se expandió hasta los maestros en activo, quienes no han recibido su aguinaldo, siguiendo a la par con la falta de pago a jubilados.
Contrario a lo a que ha salido a exponer el Secretario de Gobernación, Francisco Rueda —al parecer por que Francisco Vega no tiene la dignidad para dar la cara—, las aportaciones federales han llegado en tiempo y forma, de acuerdo a documentos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No, aquí lo que está ocurriendo es que Kiko Vega, como buen empresario acostumbrado a mover un dinero de tal bolsa para llevarlo hacia otra, no ha entendido en 6 años de gobierno que la administración pública no funciona como la administración privada, porque el dinero que está gestionando no le pertenece, no es suyo, ¡es del pueblo, de los trabajadores, de los maestros!
Y por si no fuera poco el aparente desvío de recursos de la administración panista, ahora Francisco Vega quiere que ese mismo pueblo al que le ha robado a mano larga sea quien pague para salvar su mediocre y corrupto manejo de las finanzas públicas.
Uno puede imaginarlo, sentado pensándose como virrey en una sala tan llena de privilegios usurpados como los de Donald Trump, dando con la “solución” para la crisis bajacaliforniana: “¡Lo tengo, hay que subir los impuestos!”. Justo la misma lógica utilizada hace semanas para redirigir todo el hartazgo social producto de la inseguridad, la violencia y la crisis económica hacia los hondureños. Esto es comprensible si recordamos que los empresarios corruptos, como es Kiko Vega, son especialistas en desentenderse de sus responsabilidades y trasladarlas a cualquier chivo expiatorio.
Si hay una diferencia entre los magistrados del Poder Judicial y el gobernador de Baja California es que el segundo sí fue electo por el pueblo. Siendo así, al igual que ocurrió tras los horrendos resultados de los últimos presidentes de la República, quienes han sumido a México en una tragedia nacional, el paso del tiempo ha venido a echarnos en cara los costos de las malas decisiones de los electores en el estado norteño.
Quizás ahora, tras tanto desfalco, represión social, corrupción, desvío de recursos, impunidad, inseguridad, incremento de impuestos y abusos políticos, el próximo año las urnas se llenen del mismo reclamo que explotó en las elecciones presidenciales: “¡Fuera corruptos impunes, castigo a los culpables!