Mujeres pertenecientes a la Comunidad Otomí, residentes en la Ciudad de México, han tenido que abandonar sus lugares de origen en busca de una vida mejor, escapando de las carencias socioeconómicas que afectaban a sus pueblos originarios. Sin embargo, al llegar a la ciudad se han enfrentado a numerosas problemáticas y violencias, incluyendo el racismo, el clasismo, la represión y la falta de viviendas adecuadas.
Por Andrea Amaya/ and_amaya17 y Alexandra Saldivar/ @Alexand81136800
La Comunidad Otomí está en constante lucha y resistencia para hacer valer su derecho constitucional a una vivienda digna, un derecho que el Gobierno de México debería garantizar a todos los ciudadanos mexicanos. Las mujeres de esta comunidad han denunciado en diversas ocasiones que el gobierno no reconoce este derecho que les pertenece. “El gobierno no nos atiende, el gobierno no nos voltea a ver”.
Como parte de esta lucha, el 12 de octubre de 2020, la Comunidad Otomí ocupó el edificio que antes albergaba al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), rebautizándolo como “Casa de los Pueblos y las Comunidades Indígenas: Samir Flores Soberanes”. Esto se debió a la falta de respuesta del gobierno durante dos años con respecto a los terrenos de los que fueron desalojados en Roma #18, Londres #7 y Zacatecas #74, en las colonias Roma y Juárez.
Las demandas de la Comunidad Otomí en la Ciudad de México incluyen el derecho a la vivienda digna, la alimentación, el trabajo digno, la justicia, la democracia, la salud, la paz y la protección del agua en los pueblos originarios.
Isabel, al igual que muchas mujeres de la comunidad otomí, lucha por una vivienda digna. Ella comparte con emoción sus recuerdos de infancia, cuando vivía en las calles con sus padres, quienes vendían artesanías en la Zona Rosa. “Yo recuerdo que vivía en las calles con mis padres, ellos vendían artesanías en la Zona Rosa. Entonces, ahí nos quedábamos, donde hubiera un lugar, siempre y cuando no lloviera. Cuando llovía, buscábamos un techo y nos quedábamos a dormir. Al día siguiente, nos levantábamos temprano cuando comenzaban a barrer y limpiar las calles”.
Sin embargo, la situación cambió después del terremoto de 1985 en la Ciudad de México. Isabel relata que varios edificios, incluyendo Roma #18, Londres #7 y Zacatecas #74 en las colonias Roma y Juárez, colapsaron. Ante la falta de respuesta para limpiar y reconstruir estos lugares, las comunidades otomíes se organizaron para iniciar la construcción de viviendas.
En 2018, el gobierno desalojó a miembros de la comunidad otomí que vivían en estos terrenos. Isabel expresó su decepción: “Llegan los nuevos gobiernos y de repente, aparece un dueño. Después ya vimos que mañosamente el dueño dice que el predio es de él”. Cabe mencionar que la comunidad otomí se reunió con el ex secretario de gobierno, Alfonso Suárez del Real, quien afirmó que no había un propietario, pero finalmente lograron expulsarlos del lugar.
¿Cuál es la situación de la vivienda digna en la Ciudad de México?
El Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, independientemente de su condición socioeconómica. Esto implica que todos los ciudadanos deben tener acceso a una vivienda de calidad con servicios básicos como luz, agua, drenaje y electricidad, en un entorno que contribuya a una vida segura y en paz.
La Ley de Vivienda para la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 23 de marzo de 2017, tiene como objetivo garantizar el derecho a la vivienda como un derecho humano universal, según lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto significa que todos los ciudadanos, sin importar su origen, raza, color o estatus social, deben tener acceso a los beneficios de la Ciudad de México.
Sin embargo, el rápido proceso de urbanización en la Ciudad de México ha beneficiado solo a unos pocos. Según Carla Escoffié, abogada en Derechos Humanos, en los últimos 50 años en México se ha seguido una política inmobiliaria en lugar de una política de vivienda. Esto ha resultado en deficiencias y ausencias en el acceso a la vivienda, especialmente en comparación con otros países.
Carla Escoffié sostiene que no solo la gentrificación afecta el derecho a la vivienda en México, sino también la especulación, la turistificación, la acumulación de tierras, los desalojos forzosos, la discriminación y las mafias inmobiliarias.
Según la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) de 2020, 5.8 millones de viviendas en México son rentadas, y el 51.4% de estas viviendas se alquilan debido a la falta de recursos para adquirir una vivienda propia y digna. Además, el 9.7% de los inquilinos señala que el alquiler es más económico que pagar una hipoteca.
Bonifacia Margarito, oriunda de Santiago Mexquititlán, Querétaro, y residente en la Ciudad de México, explica que una de las razones que llevó a la Comunidad Otomí a tomar las instalaciones del INPI fue la falta de atención y reconocimiento por parte del gobierno. Esta situación persistió hasta que decidieron llevar a cabo esta toma de las instalaciones.
“Antes de ocupar las instalaciones, celebrábamos asambleas cada 15 días, en las que expresábamos nuestra frustración con el gobierno. Íbamos al Zócalo a realizar mítines, pero no éramos escuchados ni atendidos. Por ejemplo, si nos citaban a las 12 y llegábamos puntualmente, nos decían ‘ya pasó un minuto’, y nos negaban la atención porque el Secretario o alguna otra persona ya se había retirado. Nos mantenían dando vueltas una y otra vez…”
En una de estas asambleas, hombres y mujeres de la Comunidad Otomí decidieron tomar las oficinas del INPI el 12 de octubre de 2020. Bonifacia explica: “Para ellos, ese día es el Día de la Raza, pero nosotros no celebramos nada, ya que consideramos que es un acto de discriminación y humillación por parte del gobierno”.
Bonifacia también destaca que, al realizar la toma del INPI, tuvieron miedo debido a las posibles consecuencias, ya que temían que la alcaldesa Claudia Sheinbaum enviara a los granaderos para desalojarlos, similar a lo que ocurrió durante el desalojo del predio de Roma #18 el 19 de septiembre de 2019, el mismo día del sismo. Sin embargo, esta acción los fortaleció y finalmente llamó la atención del gobierno.
Otra integrante de la Comunidad Otomí, Anselma Margarito, señala que uno de los objetivos de la toma del INPI era convertir esta institución en un espacio donde todas las comunidades indígenas de diferentes lugares pudieran alzar la voz, exigir justicia y hacer demandas relacionadas con sus pueblos. Aspiraban a que la Casa de los Pueblos y las Comunidades Indígenas, en honor a Samir Flores Soberanes, se convirtiera en un refugio.
Isabel agrega que la Comunidad Otomí no tiene la intención de permanecer en las instalaciones del INPI a menos que el gobierno de la Ciudad de México cumpla con la promesa de expropiar los predios de Roma #18 y Londres #7.
Isabel también ha denunciado que el gobierno parece desinteresado en proteger los derechos de los pueblos originarios
“Lamentablemente, creo que el gobierno pasado, el actual y el futuro nunca velarán por los pueblos. A ellos simplemente no les importa que las comunidades o los pueblos conozcan sus derechos. Por eso no tenemos escuelas en nuestras comunidades ni siquiera aquí en la ciudad. Estamos siendo testigos y víctimas de ese racismo y clasismo hacia las comunidades y los pueblos”.
Anselma Margarito, mujer perteneciente a la Comunidad Otomí residente en la Ciudad de México
Fotografía: Andrea Amaya
Anselma:
“Mi padre emigró a la Ciudad en busca de una vida mejor, con la esperanza de brindarnos un futuro más prometedor a sus hijos. Sin embargo, al llegar aquí, se encontraron con represión, discriminación y racismo”, nos relata Anselma. “Mis padres no sabían hablar español; siempre se comunicaron en otomí. Cuando llegaron aquí, incluso las secretarías de salud y los médicos los discriminaban porque no podían expresarse en español. Llegó un momento en que mi madre tenía que dar a luz, y también allí la discriminaban, diciéndole que si no podía mantener a los niños, ¿para qué tenía hijos?”.
Anselma Margarito es una joven de la comunidad otomí que reside en la Ciudad de México y vivió durante 19 años en el predio de Zacatecas #74, un lugar techado con láminas agujereadas que permitían la entrada de la lluvia, causando inundaciones y dañando sus pertenencias. Ella y su familia se vieron obligados a migrar a la ciudad debido a la falta de empleo y a la carencia de servicios básicos como electricidad, agua y la escasez de hospitales.
“Tampoco tenemos el permiso para vender nuestros productos en nuestro propio pueblo. Nuestros padres y abuelos elaboran la muñeca Lelé, que es originaria de Santiago, pero no tenemos el derecho de vender nuestra artesanía”.
A pesar de su mudanza, Anselma denuncia que la discriminación hacia su comunidad persiste. “Cuando mis hermanas iban a la escuela y mi madre las recogía con su ropa tradicional, eran objeto de discriminación. Decían que veníamos de un pueblo y nos acusaban de invasores. Así vivimos la primaria, la secundaria y la preparatoria”.
Además, señala que la mayoría de las mujeres de su comunidad son adultas y no han tenido la oportunidad de estudiar debido a los requisitos de ingreso impuestos por las escuelas. “Ni siquiera hemos tenido el derecho de educarnos. Hasta ahora, necesitas cierto puntaje para continuar estudiando, y si no lo tienes, te quedas sin educación”.
Como muchos miembros de la comunidad, Anselma fue desalojada de uno de los predios y denuncia la represión sufrida durante los saqueos, alegando que las autoridades no tuvieron en cuenta la presencia de niños y personas discapacitadas. “Supuestamente, Claudia Sheinbaum dijo que ya no había granaderos, pero en ese momento, se vieron en gran cantidad. Entonces, ¿dónde quedó su palabra? Nuestros compañeros resultaron afectados y ni siquiera pudieron recuperar sus pertenencias ni sus objetos personales”.
La discriminación y la represión siguen siendo una realidad
En la Ciudad de México, existe el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la CDMX (COPRED), creado el 25 de noviembre de 2011 con el objetivo de prevenir y eliminar la discriminación a través del análisis y la evaluación de políticas públicas, legislación y entidades gubernamentales. Esto está establecido en la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (LPEDCDMX).
El COPRED menciona en su sitio web las funciones que debe cumplir y a quiénes debe proteger contra la discriminación:
“Trabajamos en favor del derecho a la igualdad y la no discriminación de todas las personas que residen o transitan por la Ciudad de México, en particular, de los grupos de población que son potencialmente vulnerables a la discriminación, como las personas indígenas, las mujeres, las personas mayores, los jóvenes, la población LGBTTTI, entre otros”.
Por otro lado, la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022 (ENADIS) informó que el 23.7% de la población adulta ha experimentado discriminación en los últimos 12 meses debido a características y condiciones personales, como el tono de piel, la forma de hablar, la forma de vestir, la clase social, el lugar de residencia, las creencias religiosas, la identidad indígena o afrodescendiente, la discapacidad, las enfermedades, las opiniones políticas, el estado civil, la situación de pareja o familiar, entre otros factores.
La comunidad otomí sigue en resistencia
La comunidad otomí ha denunciado a Adelfo Regino Montes como el traidor de los pueblos originarios, pues es uno de los tantos pertenecientes a las instituciones de gobierno que solo simula el reconocimiento multicultural de sus pueblos. Además, estas instituciones han prometido garantizar los derechos fundamentales de las comunidades indígenas y eliminar la discriminación, exclusión y persecución, pero estas palabras no se han cumplido con acciones.
“Piensan que al declarar en México el día 12 de octubre como el Día de la Nación Pluricultural, se acababa de facto con el desprecio y el racismo que caracterizan esta transformación”.
Este próximo 12 de octubre se cumplen tres años desde la toma de las oficinas del INPI, ahora conocida como la Casa de los Pueblos y las Comunidades Indígenas Samir Flores Soberanes. La comunidad otomí continúa en resistencia y lucha por el cumplimiento de sus demandas:
“Nuestros pueblos originarios y comunidades indígenas siguen resistiendo contra la militarización, la contrainsurgencia, el crimen organizado y los grupos paramilitares que, en complicidad con los gobiernos municipales, estatales y federales, gozan de plena impunidad”.
En el marco de la convocatoria realizada por el Congreso Nacional Indígena en su 27° aniversario, la comunidad otomí invita a participar en la Acción Global por el alto a la guerra contra los pueblos de México y el Mundo, en solidaridad con los pueblos Zapatistas y los pueblos originarios de México. Esto forma parte de la “Jornada Nacional e Internacional de Acciones Dislocadas” que celebra la resistencia, la rebeldía y los tres años de la toma del INPI.
Esta celebración se llevará a cabo el 12 de octubre en la Casa de los Pueblos y las Comunidades Indígenas Samir Flores Soberanes, a partir de las 8:00 horas. La dirección es Avenida México Coyoacán 343, Colonia Xoco, Alcaldía Benito Juárez.
Ese mismo día, como parte de la Jornada Nacional de Lucha, la comunidad otomí participará en una movilización que partirá del Ángel de la Independencia a las 16:00 horas, con el propósito de denunciar la guerra contra los pueblos en México.