Por Teresa Balcazar/@BalcazarTeresa
Luego de posponerse, el pasado 22 de mayo, el juicio oral de los 16 integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota (CECOP) y de la Policía Comunitaria de Cacahuatepec ; este lunes inició el desahogo de pruebas. A la audiencia se presentaron testigos de la Fiscalía General , comuneros y policías comunitarios.
El abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales, señaló que el juicio concluirá la semana próxima, debido a la complejidad del caso.
“Es un caso complejo, grande, con muchas pruebas, muchos testigos, complejo el asunto. Más o menos alrededor de 100 pruebas, de las cuales 30 son del Ministerio Público”, dijo en entrevista al diario El Sur.
En el 2003, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota (CECOP) se formó para defender el río Papagayo contra un mega-proyecto, impuesto por la Comisión Federal de Electricidad, el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal sin una consulta previa, libre e informada a las y los habitantes indígenas de la zona afectada.
En enero de 2018, Ernesto Valeriano Morales, Manuel Estrada Pineda, Santos Pino Elacio, Catalino Valeriano Estrada, Fernando Chona Chávez, Olegario Montes de Oca Mejía, Antonio Cabrera Morales, Francisco Cabrera Morales, Felipe Romero Galeana, José Francisco Flores, José Elacio Martínez, Manuel Everardo Suástegui, Pablo Carmen García, Marco Antonio Suástegui Muñoz, Vicente Iván Suástegui Muñoz y Javier Melchor Santiago; miembros del CECOP, fueron detenidos, acusados de homicidio calificado.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, las acusación contra los defensores se sustenta únicamente en pruebas recaudadas de manera ilegal, bajo un marco de tortura y de incomunicación.
“El proceso judicial al cual se están enfrentando los 16 defensores comunitarios del CECOP y de la Policía Comunitaria responde a un patrón de criminalización de los defensores indígenas del territorio. Como lo denunció la relatora especial de derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz, el Estado usa el sistema de justicia penal en contra de los pueblos indígenas cuando defienden sus derechos; denunció Tlachinollan en un comunicado.
Ante ello, sugirieron al gobierno en turno no criminalizar a los defensores del territorio. Pidieron entablar un diálogo para escuchar la voz de los pueblos originarios, ante los proyectos que puedan afectarlos.