CDMX 4 sep. 2018.-A casi dos años de la muerte de Liliana Carolina y a dos semanas de conmemorar los sismos del 19 S en los que murieron alumnos en otras dos instituciones escolares como el Colegio Rebsamen y el Tec de Monterrey. En conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social, Lilia Romero y Julio Ricalde, acompañados de Rafael Guarneros activista por la sustentabilidad del desarrollo y la legalidad de las construcciones, revivieron la pesadilla sufrida el 26 de octubre de 2016, día que su hija de 18 años cayera de un tercer piso en las instalaciones de la Universidad del Valle de México Campus Tlalpan.
Durante las investigaciones, los padres descubrieron que el plantel no cumplía con las medidas de protección civil, ni contaba con los protocolos de actuación para casos de accidente y que el plantel se construyó violando normas de uso de suelo e incumpliendo requisitos previos para realizar la construcción como los estudios de impacto urbano y ambiental.
Es incalificable que se siga operando a pesar de contar con sellos de clausura y suspensión de actividades. La SEP reconoce que uno de los requisitos para que opere una escuela es contar con el uso de suelo autorizado para dicha actividad. Lo más grave es, que al momento del accidente, ni siquiera contaban con programa interno vigente en materia de protección civil.
Los padres de Liliana han decidido convertirlo en una causa social, para que no se olvide que su muerte se pudo evitar y para evitar nuevas muertes de alumnos en planteles escolares.
Por lo que se suman a la exigencia para que el Gobierno de la Ciudad de México:
- Elabore y publique un ATLAS DE RIESGOS ESCOLAR, en el que se ubique a todas las instituciones escolares de la CDMX
- La modificación de la Ley de Protección Civil y su reglamento, para que describa con precisión los Protocolos de Actuación en los planteles escolares y se mejoren los procedimientos y los tiempos de atención de emergencia.
- El reconocimiento del derecho de los padres de familia y de los alumnos a conocer en todo momento todas las licencias, autorizaciones, certificados y constancias que acrediten el cumplimiento de todas las disposiciones normativas a las que está obligado el prestador de los servicios educativos.