Con una bandera arcoíris gigantesca que cubrió toda Plaza Liberación en la ciudad de Guadalajara, ofrecieron una rueda de prensa organizaciones a favor de los derechos humanos de la Comunidad LGBTTTIQ+ y especialistas en salud mental, para hablar sobre las iniciativas presentadas por el diputado Salvador Caro de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado de Jalisco.
Conocidas como #LeyCaro, estas iniciativas que permanecen frenadas luego de que grupos conservadores y religiosos del Frente Nacional por la Familia en Jalisco se manifestaran al respecto; buscan prohibir las “Terapias de Conversión” –prácticas consideradas tortura por la comunidad Internacional-, garantizar la ampliación de los derechos y libertades, y reformar el Código Penal Estatal en Jalisco para incrementar las penas en los casos de asesinatos donde la motivación sea el odio por la orientación sexual, la identidad de género, el origen étnico, la religión que profesa o por tener una discapacidad.
Si bien, los grupos religiosos integrados por católicos, cristianos, mormones e integrantes de la Luz del Mundo, se manifestaron frente al Congreso del Estado en contra de la aprobación de las iniciativas, las organizaciones de la población diversa en Jalisco, advirtieron que, aunque estarán abiertos a formar parte de las mesas de diálogo para ofrecer a las y los legisladores toda la información que requieran, “no están dispuestos a ceder sus derechos”.
Por Dalia Souza / @DalhiaSouza
Fotografías Mario Marlo / @mariomarlo
La simbólica bandera arcoíris recorría el área central de la Plaza Liberación frente al Congreso del Estado, mientras los grupos de católicos, cristianos, mormones y miembros de la Luz del Mundo se manifestaban en contra de las iniciativas de ley que podrían, en opinión de las organizaciones de la comunidad LGBTTTIQ+ “cambiar la historia de nuestro estado, rumbo a la igualdad de derechos y la cero discriminación”.
De fondo podía escucharse una y otra vez el tan aclamado “Gobierno, respeta, con mis hijos no te metas” y apropósito del seudónimo que le ha sido otorgado a dichas iniciativas de ley en las redes sociales “Ley Caro, no es progreso, Ley Caro es perverso”; mientras tanto, las y los integrantes de las organizaciones de la comunidad LGBTTTIQ+, habían comenzado a ofrecer su rueda de prensa:
“Este tipo de terapias ya están prohibidas en al menos nueve países a nivel mundial. Esperamos que Jalisco dé el primer paso y que los legisladores no tengan miedo y que respeten nuestros derechos, ya estamos cansados de ser ciudadanos de segunda y de tercera” afirmaron.
Y es que, hace unos días, fueron presentadas ante el Congreso del Estado de Jalisco, tres iniciativas de ley que prevén –entre otras cosas- sanciones de hasta tres años de cárcel a quienes “usen, apliquen, obliguen o financien cualquier tipo de método, tratamiento, terapia, práctica no quirúrgica o servicio que se realice -con o sin fines de lucro-, para modificar, reorientar, menoscabar, restringir o anular la orientación sexual o identidad sexual de una persona”; es decir, iniciativas que podrían, poner fin a las tan mal llamadas Terapias de Conversión.
Entre otros temas, las iniciativas presentadas por Salvador Caro diputado local de Movimiento Ciudadano (MC), -de aquí que se le haya atribuido la abreviatura de #LeyCaro– buscan garantizar la ampliación de los derechos y libertades para el libre desarrollo de la personalidad.
Sin embargo, el Frente Nacional por la Familia (FNF), asegura que éstas, son “un atentado para los derechos de los padres de familia que decidan brindar ayuda profesional a sus hijos”; mientras acusan que, “se trata de iniciativas de corte ideológico que limitan el libre culto” e, incluso de su “profesión”. Así lo reconoció abiertamente Everardo Martínez, psicólogo del FNF quien además de asegurar que “la homosexualidad se quita y la heterosexualidad se desarrolla” solicitó al Estado, “implementar programas que ayuden a “quitar la homosexualidad” para “dejar de trabajar en el anonimato”.
En contra posición a estas ideas, las organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos de la comunidad diversa en Jalisco, reconocieron en la rueda de prensa de este miércoles que, están dispuestos a participar dentro de mesas de diálogo y a compartir toda aquella información que requieran las y los legisladores; no obstante, han dicho “no estamos dispuestos de ninguna manera a tener que ceder nuestros derechos, nuestros derechos no están a consulta y no vamos a permitir más tipo de discriminación. ¡Estamos cansados!”
Al respecto, Leonardo Espinoza, Presidente de la organización CODISE A.C., señaló que esta información distorsionada, obvia la serie de violaciones a derechos humanos, agresiones, violencias, atentados contra la integridad física y mental y, con ello, la tortura, que estas prácticas provocan a quienes son obligados u obligadas a experimentarlas:
“Hemos recibido diferentes quejas y le hemos dado seguimiento a los casos. Nos sólo involucra la violencia que provocan este tipo de terapias, sino también la privación ilegal de la libertad. Muchos padres de familia con el afán de querer ayudar a sus hijos dan el consentimiento para que sus hijos viajen incluso, hasta el extranjero, donde se les tortura durante días y semanas, sin darles de comer. Maltrato físico, electro shock y terapias que están tan prohibidas en todo el mundo y que aquí en México se siguen permitiendo”.
Así mismo, han dicho que, además de ser actos de tortura y de involucrar delitos como la privación ilegal de la libertad, favorecen económicamente a grupos conservadores de la sociedad y a la Iglesia:
“Hace seis años que nosotros empezamos a ver que el gobierno promovía este tipo de terapias de corrección de la orientación sexual, estábamos hablando desde mil 500 hasta 3 mil pesos a la semana –por persona-. Porque todo eso es un negocio, la alimentación, la transportación, y los padres de familia ni siquiera están autorizados a pasar a ver cómo están sus hijos.
Advirtieron con ello, que estas prácticas se llevan a cabo con vigencia y recurrencia dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara y en el interior del estado. Son muchos los casos que existen, sin embargo, son pocos los que se denuncian; por lo tanto, señalaron “hay que darle las herramientas a la ciudadanía para que lo haga”:
“Las asociaciones de psicólogos más importantes han señalado cómo estas terapias han dañado a menores de edad que dependen de sus padres de familia. Nosotros estamos de acuerdo en que exista un acompañamiento psicológico con psicoterapeutas certificados que tengan un procedimiento avalado por la Asociación Americana de Psicología, en el cual, las personas puedan tomar una elección sobre su propia vida. Pero nunca vamos a estar de acuerdo con que se les prive de la libertad, se les violente y se les obligue a cambiar una orientación con las que esas personas han nacido”.
Insistieron en que, si bien, reconocen que los grupos conservadores tienen un alto poder social y un alto poder económico que ha permitido que las y los legisladores reculen en las iniciativas, se encuentran confiados y confiadas en que “los diputados van a tener el valor de hacer lo correcto”, puesto que, los derechos humanos no están a debate, los derechos humanos nos respaldan, la ley nos respalda, este tipo de terapias son inhumanas, son violentas, son tortura”, finalizaron.