Al padre Filiberto Velázquez
por su compromiso pastoral
de mitigar el dolor de las familias
que padecen el flagelo de la violencia.
Por su entrega y cercanía con las víctimas,
enfrenta riesgos y amenazas,
tanto de las autoridades como de la delincuencia.
Por Tlachinollan / @Tlachinollan
Hace 2 años cuando la familia michoacana tomó el control de las cabeceras municipales de Apaxtla y Teloloapan en la región norte del estado, se incrementaron las incursiones armadas en comunidades de la Tierra Caliente y de la zona serrana. El 5 octubre del 2022 un grupo armado balaceó el palacio municipal de San Miguel Totolapan y asesinó al presidente Conrado Mendoza, junto con su papá y 18 personas más, entre ellas varios policías y funcionario municipales que se encontraban en una reunión cerca de la presidencia. Esta masacre es parte de la disputa a muerte que ha emprendido la familia michoacana en los municipios de la sierra, como Heliodoro Castillo y Leonardo Bravo.
Hay denuncias de pobladores de al menos 100 comunidades de los municipios de San Miguel Totolapa, Coyuca de Catalán, Ajuchitlán del progreso, Técpan de Galeana y Heliodoro Castillo que han sido desplazados de sus tierras y despojados de sus pertenencias por parte de la familia michoacana. En diciembre del 2022 incursionaron en la comunidad del Durazno, municipio de Coyuca de Catalán, asesinaron a 7 personas, entre ellos un niño de 11 años. En otros casos se han dado enfrentamientos como el que se dio en marzo de 2022 en la zona serrana de San Miguel Totolapan, cuando se unieron 38 comunidades para hacer frente al grupo de la familia michoacana.
También las comunidades serranas han convocado a reuniones para plantear acciones conjuntas que contengan la avalancha delincuencial. El 26 de marzo del 22 en la comunidad de Pocitos de El Balcón, los comités de seguridad de los municipios de Ajuchitlán del Progreso, Técpan de Galeana, Coyuca de Catalán y san Miguel Totolapan informaron que la situación es más grave de lo que imaginaban porque en las cabeceras municipales los presidentes están al margen de estos asuntos y han dejado el paso libre a la familia michoacana. Dieron a conocer los enfrentamientos que se han dado en los ejidos de Linda Vista, Coronillas, Ciénega de puerto Alegre y el Pescado de Coyuca de Catalán. Después de proponer varias acciones orientadas a reforzar la seguridad de varias vías de comunicación, acordaron enviar un escrito al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, para exigir que garantice la seguridad con la presencia de la guardia nacional. Hasta la fecha no han sido atendidos.
Ante la falta de repuestas de las autoridades del estado y federales más 800 campesinos de 43 comunidades de San Miguel Totolapan y Heliodoro Castillo, hicieron pública su postura de levantarse en armas, en respuesta a las acciones armadas que padecieron los ejidos de Coyuca de Catalán. Los casos de familias desplazadas se han incrementado con el control que ejercen los grupos criminales que se asientan en sus terrenos y viviendas. Hay un registro de 34 familias de San Antonio de las Tejas que tuvieron que huir para poner a salvo sus vidas. Esta forma de amedrentar a la población es para despojarlos de sus bienes. En este caso se apoderaron de 600 hectáreas de aguacate.
El hartazgo de la gente del campo va generando animadversión hacia las autoridades del estado que no atiende a sus llamados y muchos menos suben para prestar auxilio. Han pedido a la gobernadora que vaya a visitarlos para escuchar a las mujeres que enfrentan con mayor crudeza la violencia al tener que resistir en sus hogares y proteger a sus hijos. Hace 3 meses, en la comunidad de Plan Verde, municipio de San Miguel Totolapan llegaron alrededor de mil 500 personas jóvenes y mayores, provenientes de 40 comunidades de Heliodoro Castillo y de san Miguel Totolapan. La mayoría portaba armas de diverso calibre. Además de hacer pública su emplazamiento a los grupos de la delincuencia y demostrar su fuerza, acordaron en asamblea establecer una coordinación entre los pueblos para impedir la entrada de los grupos de la delincuencia. Están decididos a enfrentarlos y a no tolerar que alguna comunidad haga pactos con algún grupo. Es un movimiento de pueblos al margen de partidos y de grupos delincuenciales. Tomarán el control de la seguridad ante la inacción de los cuerpos de seguridad del estado y la federación.
En el mes de agosto pasado se tuvo conocimiento que la familia michoacana utiliza drones para agredir a las comunidades vecinas que tienen en la mira para extender su dominio. Estas agresiones fueron reportadas por comunidades de Plan Verde, Petlacala, Puerto Progreso y Linda Vista, en el municipio de San Miguel Totolapa. En las comunidades mineras de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri y nuevo Balsas, municipio de Cocula, la violencia no cesa. Los grupos de la delincuencia se han asentado en estos ejidos para someter a la población y a los trabajadores que tienen que dar su cuota para no poner en riesgo su vida ni la de su familia. Protege los intereses de los emporios mineros y también forma parte de las empresas que proveen servicios.
Desde que la familia michoacana tomó el control de los municipios de Apaxtla, Teloloapan y una parte de san Miguel Totolapan advirtieron a los pobladores que en su mayoría viven de la pesca, por la presa de El Caracol y los que se ubican en las estribaciones de la sierra, que no entraran a Apaxtla, que es la principal cabecera con la que comercian. La primera agresión que se dio contra unos vendedores de pescado que viajaban en su camioneta a Apaxtla, fue una advertencia de lo que podía pasar con demás que se atrevieran viajar a la cabecera de Apaxtla. La gente no tuvo otra alternativa que viajar a Tlacotepec, la cabecera de Heliodoro Castillo. No solo era impedir la entrada sino emprender la agresión a las comunidades que pertenecen a Heliodoro Castillo y que se ubican cerca de la presa.
En el mes de mayo se intensificaron los desplazamientos forzados de las familias del Nuevo Caracol, y se focalizaron las agresiones a las comunidades de la sierra. Por unos meses estuvo un grupo del ejército en la región y la situación se calmó. En el mes de diciembre se retiró y de nueva cuenta empezaron los drones a caer en as viviendas de Buenavista. Ante la ausencia del ejército algunas comunidades como del Nuevo Caracol y Tetela del Río, se organizaron para poner vigilancia en la parte alta de la comunidad de Buenavista de los Hurtado. El jueves 4 cerca del medio día se encontraban en una loma varias guardias de las comunidades para alertar de alguna incursión armada. Además de los guardias había algunos peones pixcando la mazorca. Comentan que algunos elementos de la guardia apoyaban para agarrar un marrano. Nunca imaginaron que en ese momento al grupo rival atacaría con drones y al mismo tiempo irrumpiría disparando a los pocos pobladores que había y a los guardias que fueron sorprendidos. Arremetieron contra todos, hablan de unas 30 personas que sufrieron la agresión. 10 de ellos fueron ejecutados y 3 fueron decapitados. Sus cuerpos fueron calcinados en la batea de una camioneta que se encontraba en la loma de la comunidad. Los familiares reportaron a 6 personas heridas que fueron trasladadas a Tetela del Río y a la comunidad de Ixtayotla. No permitieron que los cuerpos fueran trasladados al servicio médico forense a Chilpancingo. Colocaron en sus restos en bolsas de plástico cubiertos con unas cobijos para velarlos en Tetela del Río y Tlacotepec.
Esta tragedia pudo evitarse si las autoridades hubieran escuchado a la gente de la región que ha reportado los ataques por drones en varias comunidades. Lo más grave es que tienen conocimiento cómo opera este grupo y en que lugares se ubica. Identifica también los lugares que están en disputa y las comunidades que están en riesgo. Hay decenas de familias desplazadas al grado que hay comunidades donde ya no hay gente como en Casahualillo municipio de Apaxtla, el Trapichal municipio de Apaxtla. También la comunidad de Buenavista, de el Nanche, Xochitepec entre otros. La gente está saliendo de la región porque ya no hay seguridad y tampoco hay trabajo. Los que corren el riesgo de permanecer no pueden salir a sus parcelas porque los venadean. Tampoco están seguros en sus casas por los drones que han explotado en varias viviendas. Las autoridades en lugar de demostrar su compromiso con las familias que son víctimas de la violencia, evitan acercarse y dialogar con ellos. El helicóptero en que llegó con la fiscal general y el comandante de la IX zona militar Enrique Martínez estuvo un rato para tomar nota de lo que pasaba. La gente pedía que fueran a la reunión que iniciaría en la comisaría de Tetela del Río. No encontraron eco a su llamado. El malestar sigue creciendo porque no ven acciones efectivas que contenga la violencia y replieguen a la familia michoacana. La gente sigue esperando la presencia de la gobernadora. Su ausencia deja mucho que decir entre la gente que resiste y enfrenta los estragos de la violencia y de la pobreza.