Por Abel Barrera Hernández
A los 12 años de edad experimentó los estragos de la violencia. En 1984 Agripino, su padre y su hermano Salomé fueron asesinados en la Barranca de Coyahualco. Tres cerdos que compraron en Coatlaco, los asaltantes se los cobraron con sus vidas. Esta tragedia marcó para siempre a Arnulfo. Nunca olvidó el llanto y la desesperación de su madre Rosalía que esperó todo el día al ministerio público para levantar sus cuerpos. La gente de su comunidad se encargó de cavar sus tumbas. El dolor fue más intenso al ver a su madre lavar ropa ajena y cortar leña en el monte. Siempre le agradeció por estos sacrificios, porque pudo estudiar la secundaria y la preparatoria en Huamuxtitlán.
Aprovechó la estancia de su hermana mayor en Chilpancingo para ingresar a la universidad. Soñó con ser abogado y su mayor ilusión fue regresar a la Montaña para defender a su estirpe. Nunca olvidó la lengua Naua que se transformó en la expresión tangible de su identidad indígena. Realizó su servicio social, justo cuando nacía el Centro de Derechos Humanos de la Montaña. Ese vínculo se mantuvo firme al grado que con el tiempo Arnulfo se involucró con toda su pasión en el movimiento que cimbró a nuestro país, y que puso en jaque a las autoridades, por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Participó en el Movimiento Popular Guerrerense que mantuvo tomado el ayuntamiento durante 8 meses. Nunca se arredró ante las embestidas de la policía del estado cuando los replegaba por los bloqueos de la autopista del sol. La tortura que le infligieron los policías ministeriales en septiembre del 2000, no mermó en su espíritu combativo, más bien reafirmó su compromiso con las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y con los presos políticos.
Enraizó su lucha en el municipio de Tlapa donde formó parte de la dirección colectiva del Frente Popular de la Montaña (FPM). Lejos estaba de pensar que dentro de la estructura municipal se urdieran intereses económicos tanto de grupos políticos de la región, como de bandas de la delincuencia organizada. Su exigencia firme de que la autoridad municipal rindiera cuentas sobre el presupuesto destinado para la obra pública, generó mucha molestia entre las mafias enquistadas dentro del ayuntamiento. En varias ocasiones encaró al edil municipal y emplazó al cabildo a que rindiera cuentas a la población.
Desde la administración pasada sintió la presión de los grupos de la delincuencia, que se apostaban en los lugares donde realizaban sus protestas. Con el cambio de gobierno municipal creyeron que mejoraría la relación con el nuevo presidente, que fue impulsado por los dirigentes estatales de morena. El acercamiento resultó fallido ante la negativa del nuevo alcalde de atender los compromisos contraídos con la administración pasada. 26 millones de pesos fueron la manzana de la discordia. El Frente planteó que con esos fondos, que correspondían a las dos últimas ministraciones, se contemplara la ejecución de cinco obras que habían sido programadas. No hubo acuerdo y más bien creció la animadversión.
El primer desencuentro se dio en el marco de la visita a Tlapa, del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, cuando se dio el abucheo contra el gobernador Héctor Astudillo. Para el edil, el Frente Popular fue el que encabezó la rechifla. En febrero se polarizaron las posturas en una reunión convocada por el presidente municipal quien intentó desplazar a la directiva del frente con el argumento de que solo los comisarios podían participar en la reunión. En el intercambio de opiniones prevalecieron las descalificaciones, que subieron de tono cuando el presidente exhibió una nómina de la administración anterior. Leyó el nombre de Arnulfo Cerón para evidenciarlo y concluir que sus planteamientos eran simples chantajes. Los ánimos se exacerbaron, al grado que las relaciones quedaron rotas.
El Frente recurrió a la protesta para emplazar al diálogo a la autoridad municipal. Fueron tres días y tres noches de bloqueos en las principales entradas de Tlapa. En esta acción de fuerza, Arnulfo recibió amenazas telefónicas. Prefirió callar para no causar temor entre sus compañeros.
El gobernador tuvo que intervenir para acercar a las partes. En una segunda reunión se acordó iniciar el diálogo en torno a una agenda de trabajo, en la que participamos como mediadores. Se realizaron dos encuentros más por las posturas inflexibles de cada parte. Para el presidente el tema central era la reubicación de los ambulantes, y para el frente, la construcción de las obras en las comunidades.
La mala planeación para el registro y la distribución del fertilizante implementada por la Secretaria de Agricultura generó muchas protestas en varios municipios de la Montaña. Hubo bloqueos carreteros, al grado que más de setenta comunidades de Zapotitlán Tablas permanecieron durante 28 días en la carretera. Las comunidades indígenas adheridas al Frente también realizaron bloqueos. En medio de denostaciones contra los líderes del Frente, arrancaron una reunión con el responsable del programa en la ciudad de México. De nueva cuenta las amenazas contra Arnulfo arreciaron, a través de mensajes de whatsapp. El fertilizante nunca llegó y muchos campesinos de la Montaña, arriesgaron su siembra, esperando que San Marcos les hiciera el milagro de que su milpa espigara.
A finales de septiembre, el presidente municipal se vio obligado a reubicar a los comerciantes ambulantes del primer cuadro de la ciudad. Los grupos de trasportistas se lo exigían, difundiendo en sus unidades: “fuera ambulantes”, “banquetas libres”. Todo quedó en el intento porque muy pocos ambulantes aceptaron la reubicación. El presidente culpó al Frente como el principal opositor. El 25 de septiembre envío a los policías municipales para impedir que los comerciantes se instalaran en la calle Guerrero. La reacción de los vendedores fue bloquear otras calles del centro para impedir la circulación de los vehículos. Alrededor de las diez de la mañana, Arnulfo recibió una llamada que lo cimbró. Una voz amenazante le advertía que, si en dos horas no liberaba las calles, irían por él. El mismo presidente municipal bajó de prisa, para hablar con Arnulfo a solas. El edil también fue amenazado. Le aconsejó a Arnulfo de que desbloqueara las calles, para bien de los dos.
Dos días antes de salir a la ciudad de México para plantarse ante la secretaria de agricultura, el 11 de octubre, alrededor de las 20:00 horas, Arnulfo desapareció al salir de su domicilio. A más de un mes desconocemos su paradero. La Fiscalía General del Estado ha detenido a dos personas y la investigación sigue su curso. Lamentablemente la Comisión Estatal de Búsqueda desatendió el caso. A treinta y un días de la desaparición de Arnulfo, llegó una brigada de la Comisión Nacional de Búsqueda para iniciar los trabajos. Su esposa y sus cuatro hijos sufren el horror de la incertidumbre y la inacción de las autoridades. Arnulfo, es un defensor de derechos humanos y fue víctima de una desaparición anunciada.
Este articulo de opinión fue publicado originalmente en la Jornada