Por El Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”
El vuelco de la población hacia la figura presidencial, encarnada en Andrés Manuel López Obrador, nos muestra el malestar de los ciudadanos y ciudadanas que no se sienten representados ni atendidos por las autoridades locales y expresa aún la esperanza que tiene la gente en el ejecutivo federal, para que pueda atender y resolver sus demandas. Existe un gran abismo entre las necesidades más urgentes que tiene la población con las acciones del gobierno local, que son distantes y ajenas a la realidad cotidiana. Se percibe un sentimiento de orfandad y pesadumbre en vastos sectores de la sociedad. No hay canales de interlocución que ayuden a desactivar los conflictos que se agudizan por la desatención y la falta de respuestas inmediatas y efectivas.
Hay una emergencia causada por la pandemia que obliga a las autoridades a cambiar el modo de relacionarse con los ciudadanos y ciudadanas. En lugar de guardar la distancia con la gente se tienen que abrir espacios para procesar sus demandas y mostrar un compromiso con ellas y ellos. El caso de Acapulco, es un claro ejemplo de este distanciamiento entre sociedad y gobierno municipal, que ha ocasionado un desbordamiento de la demanda social, ante la ausencia de la autoridad o su negativa para ayudar a encontrar salidas a la compleja problemática que plantean multiplicidad de actores sociales.
Desde que inició la estrategia del gobierno federal para hacer frente al potencial pandémico del covid – 19, los gobiernos estatal y municipal quedaron supeditados a los informes y directrices emanadas del centro. La responsabilidad recayó en las autoridades de salud para enfrentar la crisis sanitaria, lo que propició que en las diferentes entidades y regiones del país las recomendaciones perdieran fuerza y se diluyera la corresponsabilidad de los otros niveles de gobierno, para actuar como agentes preventivos y de vigilancia entre la población. Se acató a pie juntillas la sana distancia, que en la practica se tradujo en el cierre de todas las oficinas de gobierno y la consecuente desatención de las personas. Se dejó a la deriva a las familias que empezaron a padecer los estragos del contagio y el fallecimiento de alguno de sus seres queridos. No se trabajó en una estrategia masiva de prevención que estimulara a la población a mantenerse en su domicilio.
Las directrices trazadas por el subsecretario de salud, el doctor Hugo López – Gatell, se tradujeron en mensajes ambiguos que han generado desconcierto en la sociedad. El caso más polémico ha sido el uso del cubrebocas, que ante la postura oficial de que no es la panacea para solucionar el problema del contagio y el hecho mismo de que el subsecretario ni el presidente de la república lo usen, ha propiciado que se dispersen las acciones orientadas a disminuir esta trasmisión del virus. La negativa a realizar pruebas masivas de PCR para diagnosticar el número de personas contagiadas por covid – 19, impide que se obligue a que se aíslen con el fin de evitar la propagación del coronavirus. Las consecuencias han sido fatales para nuestro estado porque en realidad no sabemos el número de personas contagiadas y solo se toma como indicador el número de camas ocupadas por pacientes de covid – 19, con la férrea intención de pasar del semáforo rojo al amarillo. Lo contrastante es que las autoridades informan de que hay más del 50% de disponibilidad de camas covid, sin embargo, los contagios siguen al alza y también el número de personas fallecidas que no están llegando a los hospitales, por el fundado temor de que ahí salen muertos.
Lo que constatamos este viernes 14 con la visita de presidente Andrés Manuel López Obrador al Puerto de Acapulco, es un preludio de los escenarios que están por venir en nuestro país. La pandemia ha colocado en el límite de la sobrevivencia a la población mayoritariamente pobre de México. La situación de Guerrero es preocupante porque el municipio de Acapulco es el centro neurálgico de la vida económica en la entidad, que enfrenta una crisis sanitaria sin precedentes. Los contagios por covid – 19 aumentan, sin que las autoridades municipales y de salud implementen acciones coordinadas que contengan su propagación. Esta amenaza creciente se complejiza con la debacle de la actividad turística que ha colocado en una situación limite a miles de familias que luchan por la sobrevivencia. El gobierno municipal esta desbordado y no hay forma de recomponer una situación que se ha venido arrastrando a lo largo de los años, por el vaciamiento de los recursos públicos, la desatención a la población y el imperio de la corrupción. El gran desafío es rencausar el malestar ciudadano y asumir sus demandas para conjuntar esfuerzos que trasciendan ante el gobierno federal.
Las protestas han empezado a tomar las calles y los actores que aparecen se han diversificado, sin embargo, a todos los une la lucha por la sobrevivencia: la pérdida masiva de empleos, la precariedad de los salarios, la inseguridad laboral y los insuficientes recursos financieros que se han dispersado a través de las diferentes dependencias del gobierno federal, son los signos ominosos de una crisis más profunda que está a punto de tocar fondo. La población que vive en el campo resiste con mayor crudeza los embates de esta pandemia que esta cobrando muchas muertes al interior de las comunidades indígenas, afromexicanas y campesinas. En esos lugares no hay como ponerse a salvo ante el contagio porque no hay médicos ni medicinas y los centros hospitalarios están a varias horas de distancia que impide el traslado de los pacientes. Los enfermos por covid – 19 no están en los hospitales porque ahí no puede ni quiere llegar la gente. Prefieren mejor quedarse en casa y hacer frente al coronavirus con remedios caseros y con la compañía de sus familiares. Desde sus hogares resisten y enfrentan con crudeza el riesgo de la muerte.
Un gran número de familias pobres ha dejado de sembrar sus parcelas ante la imposibilidad de comprar insumos para la siembra de maíz. Los recursos que obtenían a través de las remesas que enviaban sus hijos o hijas han mermado y, en muchos casos, ya no les llegará porque sus seres queridos murieron por el covid – 19. Los subsidios gubernamentales no representan un apoyo significativo para mantener a la familia dentro de la comunidad donde no existen trabajos remunerados. Desde el mes de febrero se incrementó el número de jefes y jefas de familia que optaron por dejar la parcela, cerrar sus casas y salir con sus costales de ropa para trabajar como jornaleras y jornaleros agrícolas. En estos seis meses el Concejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña ha registrado 7 mil 116 personas que han salido del estado para trasladarse a los campos agrícolas de Chihuahua, Sinaloa, Michoacán y Guanajuato. El número de niños y de niñas es muy representativo: se han registrado 501 bebés de 0 a 2 años; 534 de a 3 a 5 años; mil 264 de 6 a 12 años y 988 de 13 a 17 años. Toda esta población se quedará sin posibilidad de acceder a la educación básica, menos en estas condiciones donde los estudiantes tienen que estar frente a un aparato de televisión. Las niñas y los niños jornaleros regularmente acompañan a sus papás y mamás en los campos donde trabajan. La mayoría de la población jornalera pertenecer al municipio de Cochoapa el Grande, que en su totalidad forman parte del pueblo Na’Savi, contando con un registró de 2 mil 17 personas que han salido en este periodo. Lo secunda el municipio de Tlapa como mil 347; Metlatónoc con 712; Alcozauca 268 y Copanatoyac 221. Se trata de la región mixteca que enfrenta graves problemas de violencia y una desatención sistemática de las autoridades municipales, que brillan por su ausencia en las comunidades donde más se requiere su presencia y apoyo.
Ante el riesgo de que los ánimos de esta población empobrecida se desborden y se acelere la desesperación de la gente, que ha puesto sus esperanzas en el presidente de la república, el desencanto por la 4T puede causar un mayor enojo y malestar de la sociedad. La descoordinación de las instituciones de gobierno tanto en sus programas como en el abordaje de los problemas sociales y económicos que se viven en la entidad, ha dispersado esfuerzos y desgastado recursos. La falta de articulación entre los tres niveles de gobierno ha pulverizado los presupuestos públicos que no se han materializado en acciones efectivas que fortalezcan las iniciativas locales para mejorar sus condiciones de vida.
La nueva normalidad nos está mostrando el semáforo rojo que enfrentamos por la violencia, la inseguridad, el incremento de los contagios y las muertes por covid – 19, el desempleo masivo, la migración interna, los feminicidios y la alta conflictividad agraria que enfrentan las comunidades rurales del estado.
Los gritos y las protestas de prestadores de servicios turísticos, ambulantes, comerciantes, médicos, enfermeras, universitarios y jóvenes estudiantes en el marco de la visita del presidente de la república, es el termómetro que marca el clima social que vivimos en Guerrero, donde la población no tiene otra alternativa que hacer público su malestar para exigir atención a sus demandas. Ha empezado a cerrarse el cerco entre la población y la figura presidencial, y esto en un mal augurio, porque a pesar de que haya un compromiso de darle prioridad a la población marginal, si los derechos básicos como la salud la alimentación, la educación y el trabajo no se materializan, la transformación quedará en el intento.