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OPINIÓN | En busca de los 100 pesos para sobrevivir

Por Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Mil 290 kilómetros son los que tuvo que recorrer doña Carmen Nieto para llegar a la comunidad de Maito, municipio de Cabo Corrientes en el estado Jalisco. Salió de Calpanapa, municipio de Cochoapa el Grande, el 20 de febrero, con un costal de ropa y un petate, llevando a sus 3 hijos y a su sobrino de 12 años. Para realizar esta travesía, se endeudó con 5 mil pesos, con la ilusión de trabajar en el corte de tomatillo y chile. Preparó los totopos para el viaje de 2 días y mientras conseguía trabajo, tuvo que dormir sobre las banquetas. Sin el apoyo de su esposo que la abandonó, doña Carmen se las ingenia con la ayuda de su hijo mayor, para comunicarse en español con el mayordomo. En realidad no sabe dónde se ubica el Rancho el Naranjito, tampoco la comunidad del Maito. Solo deposita la confianza en quien le ofrece trabajo y cree en la promesa de que ganará bien con sus patrones. Cuatro pesos por bote, es la gran oferta que recibe, y no tiene otra opción que aceptarla. El consuelo es que podrá trabajar doña Carmen, su sobrino Celso de 12 años y su hija Irma de 9 años. Los tres se esforzarán durante todo el día para poder recolectar entre 20 a 30 botes. Es un esfuerzo sobrehumano con el sol a plomo y sin descanso alguno.

En la primera semana comieron parte de los totopos que tenían de reserva. Su mayor satisfacción era compartir una coca bien fría y comprar dos latas de chiles en vinagre. Tuvieron que buscar un cuarto para adaptarlo como dormitorio y cocina.  Simplemente cuatro paredes y un techo de lámina. Un espacio destinado para dormir y preparar sus alimentos.

El sábado 23, dedicaron la tarde para ir a cortar leña, después de una hora de camino doña Carmen se las ingenió con sus hijos y su sobrino para cargar la leña. En el trayecto se encontraron con don Roberto, su esposa Florencia y sus dos hijos, quienes también habían ido por leña. Ante lo pesado de la carga prefirieron esperar una camioneta para pedir un aventón. Tuvieron suerte, a los pocos minutos un carro de redilas los levantó. Recién se habían acomodado sobre los leños, cuando en una curva la camioneta se volteó. La niña Irma Tomás Nieto, hija de doña Carmen y Alexa Venancio Villegas, perdieron la vida. Mientras tanto las tres personas que iban en la cabina se dieron a la fuga. El niño Celso quedó gravemente herido y la hija de don Roberto, de 15 años que estaba embarazada, perdió a su bebé. Fueron varias horas de dolor por la pérdida de sus seres queridos y de desesperación por no encontrar el apoyo entre la gente que transitaba por el lugar. Fueron trasladados a Puerto Vallarta por parte del DIF Municipal. Lamentablemente el niño Celso falleció este domingo a las 9:00 pm, en el un hospital de Guadalajara.

El viacrucis duró hasta el día miércoles cuando trasladaron a las niñas Irma y Alexa a sus respectivas comunidades. Con el apoyo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la carroza llevó primero a la niña Alexa a la comunidad naua de San Francisco, municipio de Huitzuco. Desde el lugar se desplazaron hasta Calpanapa para sepultar a la niña Irma, quien dejó a dos de sus hermanitos hospitalizados en Puerto Vallarta. En este accidente murieron dos niñas y un niño indígena que dejaron la escuela para trabajar en el campo junto a sus padres, recolectando chile para poder sobrevivir.

Las muertes de niñas y niños jornaleros no representan para las autoridades ninguna responsabilidad jurídica, porque para ellas la población indígena no tiene ninguna importancia, máxime que se trata de personas que no hablan español y que difícilmente acudirán ante una instancia para denunciar los abusos y tratos discriminatorios que padecen. Nadie ve a estas familias pobres que descansan sobre las banquetas, y que en ese mismo lugar se prepara la comida. Se ha normalizado esta tragedia que padecen las jornaleras y jornaleros agrícolas, que no tienen otra alternativa que deambular por las calles y contratarse en condiciones esclavizantes para ellas y ellos no hay futuro, por el contrario cargan con mucho sufrimiento el presente, con el estómago vacío, arrastrando la desnutrición desde el vientre materno. Padeciendo el desprecio de los que hablan el español. No hay atención en ninguna dependencia de gobierno para estas familias, por eso muchas de ellas se quedan en el lecho del rio Jale. Nadie las apoya y acompaña para mínimamente llevarlos a un lugar donde puedan descansar. Más bien son víctimas del atraco del engaño y el maltrato. En los autobuses los niños y niñas viajan sobre el pasillo porque los choferes llevan sobrecupo de pasajeros. En el trascurso del viaje, son sometidos a revisiones por parte de policías, quienes además de darle un trato indigno por considerarlos de otro país les quitan el poco dinero que llevan, al obligarlos de que dejen sus pertenencias en un lugar y someterlos a una revisión que les impide ver lo que hacen con sus cosas.

Cuando se accidentan en los autobuses las empresas no cubren el seguro del viajero, mucho menos quieren asumir la responsabilidad cuando los pasajeros quedan gravemente heridos o mueren. Nadie se ocupa de obligar a que las empresas de autotransporte se hagan cargo de todos los gastos de las personas heridas o que perdieron la vida. Se han dado casos que los familiares tiene que pagar más de 50 mil pesos para que una funeraria traslade a los difuntos hasta sus comunidades. Tenemos que presionar a las autoridades estatales para que apoyen en los gastos de traslado de cuerpos. Nunca hay recursos suficientes para cubrir los gastos de las tragedias de las familias jornaleras, mucho menos para cubrir sus necesidades básicas de las familias que quedan en la orfandad.

Este fin de semana salieron tres camiones con más de 60 jóvenes, unas 30 mujeres y el resto eran niñas y niños. Todos y todas han salido en busca de trabajo. Provenientes de los municipios de Cochoapa el Grande, Xalpatlahuac, Tlapa y Chilapa. Para ellos y ellas, esta cancelada la posibilidad de sembrar en la temporada de lluvia, no solo porque hay problemas en la entrega del fertilizante, sino por lo incosteable que resulta sembrar maíz, ante la imposibilidad de contar con algún ingreso. Prefieren dejar su tlacolol y salir por seis meses al corte de jitomate y la uva en los estados de Sonora, Baja California y Nayarit. Los jóvenes además de desconocer que existen programas de becas para que estudien, no ven en la escuela una opción para sobrevivir. En las condiciones de pobreza extrema que viven en la Montaña, la escuela resulta ser una carga onerosa, porque al final de cuentas las madres y padres de familia tienen que sufragar los gastos que el gobierno no cubre para que los estudiantes cuenten con materiales didácticos. En muchas comunidades las familias tienen que cooperar para improvisar salones de clases con techo de lámina y tablas. En otros lugares los niños y niñas tienen que conformarse con uno o dos maestros(as) para que atiendan los primeros grados. En lugar de que las autoridades educativas estimulen a los niños y niñas para que estudien, hacen todo lo contrario porque no se invierte en recursos materiales y humanos que se orienten a revertir el rezago educativo. Se han profundizado más los conflictos educativos y esto se manifiesta con la multiplicación de las protestas que realizan las madres y padres de familia en las cabeceras municipales como último recurso para obligar a que las autoridades cumplan con las minutas que firman.

La desatención en el tema educativo se manifiesta en la alta deserción escolar y en el desinterés de las niñas y niños por continuar sus estudios. Las madres y padres por más que se esfuerzan para que sus hijos e hijas estudien no logran sostenerlos por la diversidad de gastos que genera la escuela. No hay forma de solventarlos porque no cuentan con trabajos remunerados. Los programas asistencialistas han reforzado el circulo vicioso de los gastos superfluos que no se orientan a mejorar la alimentación, más bien se crean malos hábitos en cuanto al consumo de alimentos chatarra y a la pérdida de las prácticas productivas que garantizaban la autosuficiencia alimentaria.

El empobrecimiento en la Montaña es atroz por eso las familias jornaleras tienen que salir del estado para ir en busca de los cien pesos diarios que les garantice la sobrevivencia de su familia. Se enrolan en trabajos que se asemejan a la esclavitud. Son campos que sobrexplotan la fuerza de trabajo y que denigran la dignidad de las personas que están dispuestas a trabajar a cualquier precio, con tal de obtener un ingreso para mal alimentarse. Los tres niños indígenas que murieron esta semana los lloran en silencio su familia, en medio de la desolación y la indiferencia de las autoridades. Mientras se sigan consumando estas muertes y no se tomen medidas para revertir estas condiciones que deshumanizan a la población indígena, seguiremos hundiéndonos en el atraso y maquillando cifras solo para decir en el papel que estamos mejorando y que vamos por el rumbo del desarrollo. La muerte de los tres niños jornaleros, nos demuestra que las políticas del combate a la pobreza no están funcionando, y que por lo mismo, se requiere un cambio de fondo que realmente escuche y atienda a la población que hemos invisibilizado social y políticamente.

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