Por Tlachinollan
El pasado 18 de julio los pobladores de Mezcala municipio de Eduardo Neri, bloquearon la carretera federal Chilpancingo-Iguala para exigir a las autoridades una búsqueda exhaustiva de los 4 pescadores que desaparecieron el día lunes 17 cuando se dirigían a su trabajo. En la protesta improvisaron pancartas con mensajes muy precisos: “Los queremos de vuelta” “Apoyo de la Guardia Nacional” “Queremos justicia, gobierno”. A escasos 50 kilómetros de la capital del estado sucedió otro hecho que indignó a la población que se encuentra sometida por los grupos del crimen organizado.
Ahora son los pescadores los que aparecen ante la opinión pública bloqueando la carretera ante la indiferencia de los cuerpos de seguridad. Estas familias fueron desplazadas por la construcción de la presa El Caracol y en la década pasada los habitantes de las comunidades de El Limón y La Fundición fueron reubicados por la entrada de la minera Media Luna, propiedad de la empresa Torex Gold Resoursces Inc. En el 2018 los pescadores del Nuevo Balsas se organizaron para denunciar las atrocidades cometidas por la minera que ha estado contaminado el vaso de la presa por la derrama del cianuro y arsénico. Ha causado una gran mortandad de peces poniendo en riesgo el trabajo de la mayoría de las familias que dependen de la pesca.
La disputa que libran la familia michoacana con los tlacos en la zona Centro y Norte del estado ha puesto en jaque a los habitantes que se encuentran atrapados dentro de su propio territorio. Las autoridades municipales brillan por su ausencia y son cómplices de esta crisis de inseguridad. Las autoridades estatales y federales dejaron crecer esta pugna sabiendo que se incrementaría el conflicto con la entrada de la minera en el municipio de Cocula.
Los puntos críticos se ubican en el cinturón de oro que es motivo de una violenta disputa entre las organizaciones criminales que tienen como rehenes a las empresas mineras, a sus trabajadores y a la población en general. En estos lugares la seguridad ha quedado en manos del crimen organizado que controlan las entradas a las comunidades, patrullan los caminos y cobran las cuotas a los comerciantes y transportistas. La gente ha constatado que las corporaciones policiacas del estado y la misma Guardia Nacional se han desentendido de este grave problema. No intervienen para desactivar estas acciones delincuenciales ni para contener las irrupciones armadas que se suscitan en varias comunidades serranas cuyas familias se ven obligadas a desplazarse. Al interior de estas localidades existen muchas tragedias relacionadas con asesinatos, desaparición de personas, secuestros, extorsiones, cobros de cuotas, amenazas y desplazamientos forzados. Lamentablemente todos estos hechos no son denunciados por la población agraviada, existe miedo, pero sobre todo desconfianza de las autoridades, porque regularmente no investigan, mucho menos castigan a los responsables.
Los cuatro pescadores desaparecidos son la punta del iceberg que ha obligado a los habitantes a romper el silencio y manifestar su enojo. Los mismos pescadores están arriesgando su propia seguridad, pero no les queda otra opción que salir en búsqueda de sus compañeros que se encuentran atrapados en las redes de la delincuencia. Demandan la presencia de los cuerpos de seguridad, sobre todo, de la Guardia Nacional que supuestamente llegó a Guerrero para revertir la inseguridad y ser garante de la legalidad y del estado de derecho. Los nulos resultados que se han tenido hasta la fecha, demuestran que el poder de la delincuencia está por encima de las fuerzas del estado. No es que en realidad tengan un gran poderío, sino que han logrado enquistarse dentro de las estructuras gubernamentales y de la misma seguridad pública, para tomar el control de las instituciones del gobierno y tener bajo su dominio a las mismas autoridades municipales. La red de corrupción que persiste dentro de las esferas gubernamentales debilita cualquier acción en favor de la población. Los operativos implementados por las corporaciones policiacas se tornan infructuosos porque la red de informantes que tienen los grupos de la delincuencia se infiltra dentro de los mismos aparatos de seguridad.
El pasado jueves 20 de julio de manera ostentosa la gobernadora Evelyn Salgado en compañía de los mandos militares del estado y de la Guardia Nacional, colocaron la primera piedra de lo que serán las instalaciones de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional en El Ocotito, municipio de Chilpancingo. Para la gobernadora esta obra forma parte de la estrategia para pacificar al estado y para combatir las causas que originan la violencia. Insiste que es el diálogo absoluto y permanente entre todas las instituciones, la clave de la pacificación para Guerrero y para México. Reconoció el apoyo y acompañamiento de la Guardia Nacional en esta estrategia nacional. Manifestó que se ha logrado posicionar como una corporación efectiva, recibiendo la confianza del estado de Guerrero, por su correcta actuación en beneficio de la población.
Por su parte, Andrés Ramírez Xochicali, coordinador en Guerrero de la Guardia Nacional informó que el edificio de la coordinación estatal costara más de 450 millones de pesos. Se construirán 40 edificios para albergar dos comandancias, así como una coordinación estatal y una coordinación de batallón, en un predio de 10 hectáreas que se ubican a un costado del parque industrial que se encuentra totalmente abandonado. Contará con alojamiento para 776 elementos, dos comedores, estacionamiento para 448 vehículos, 2 edificios para atención medica, 4 aulas académicas, deposito de vestuario, equipo, armamento y municiones.
Actualmente hay 4 mil 100 efectivos de la Guardia Nacional en nuestro estado, concentrados principalmente en Acapulco y Chilpancingo. Sus actuaciones más visibles están relacionadas con los desalojos que han hecho contra los grupos que se han organizado para protestar en la autopista del sol. Tuvieron una intervención fallida cuando pobladores de los municipios de Quechultenango, Mochitlan y José Joaquín de Herrera, irrumpieron en la capital del estado para exigir la libertad de un líder transportista y el cumplimiento de un pliego petitorio relacionado con la construcción de ejes carreteros. Ante la amenaza constante de los grupos del crimen organizado, la población ha demandado la presencia de la Guardia Nacional para replegar y someter a quienes delinquen impunemente. También ha sido requerida para brindar seguridad en las jornadas de búsqueda que realizan colectivos de personas desaparecidas. Sin embargo, la población no se siente atendida ni escuchada por la Guardia Nacional. Es una corporación que no establece una relación cercana con los habitantes que se sienten inermes y urgidos de protección. Responde más a los intereses de la clase política y de las elites económicas. Protege a las instalaciones del estado y resguarda los lugares donde la población acude para protestar.
Es preocupante este proceso de militarización que se está dando en nuestro estado a través de la Guardia Nacional, y que para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es la mejor opción para garantizar la seguridad y la paz en nuestro país. La realidad es que este cuerpo de seguridad está respondiendo más a los megaproyectos que ha impulsado el presidente de la república, destinando un gran presupuesto para el Ejército y al Guardia Nacional. Estas instituciones militares son también empresas constructoras que trabajan en obras estratégicas como el aeropuerto Felipe Ángeles, el tren Maya, el corredor interoceánico, la construcción de hospitales, los bancos del Bienestar y los mismos cuarteles de la Guardia Nacional.
La construcción de estos cuarteles en las 7 regiones del estado refuerza la presencia militar, que desde hace 50 años dejó una herida abierta al implantar una política de terrorismo de estado. Sin que se hayan reparado estos agravios a la sociedad guerrerense, el gobierno de la 4T ha optado por crear un cuerpo de seguridad militarizado que suplanta en los hechos el modelo de seguridad pública coordinado por autoridades civiles. En lugar de fortalecer a los cuerpos de seguridad del estado y de los mismos municipios se robustece al Ejército a través de la Guardia Nacional, otorgándole multiplicidad de funciones y facultades que debilitan el papel que deben desempeñar las autoridades civiles. Este cuerpo de élite está formado para proteger al aparato del estado y no está diseñado para garantizar seguridad a la población. En la práctica la gente no percibe que la Guardia Nacional responda a sus intereses, tampoco experimenta la cercanía y el apoyo efectivo para actuar en defensa de sus derechos. Este distanciamiento genera más bien desconfianza, descoordinación y visiones divergentes entre lo que es la seguridad ciudadana.
Enfrentamos un gran dilema; optar por la vía militar o la vía civil en este proceso de democratización de nuestras instituciones. La vía militar es inviable en Guerrero por todo lo que se vivió en la guerra sucia y lo que posteriormente sucedió con la guerra contra el narcotráfico. La herida más reciente es la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que de acuerdo a las investigaciones del GIEI (que este martes 25 de julio presentará su sexto informe) el Ejército participó en la desaparición de los normalistas. Por lo mismo, existe un continuum de impunidad en favor del Ejército que ha sido responsable de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y prácticas sistemáticas de la tortura. Todos estos crímenes son parte de la crisis de derechos humanos que vivimos en nuestro país y que requieren una atención urgente para revertir la espiral de violencia y el numero creciente de personas desaparecidas.
La población de Guerrero clama seguridad, como lo han manifestado los habitantes de Mezcala, que no encuentran el apoyo efectivo de los cuerpos de seguridad para dar con el paradero de los pescadores desaparecidos. De nada sirve instalar cuarteles de la Guardia Nacional si la gente sigue desapareciendo y la inseguridad se extiende en todos los municipios del estado.