Por Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”
Mientras el número de contagios por Covid – 19, aumenta de forma alarmante en nuestro estado, la clase política, abrió la carpa del circo para iniciar el sainete de la pasarela electoral. Por un lado, la crisis sanitaria, además de cobrar muchas vidas, está dejando en la calle a muchas familias por la falta de ingresos. Por otra parte, vemos el derroche económico en propaganda fútil, de personajes que se han obsesionado por brincar a otro cargo público, ignorando la tragedia que enfrentamos. El show protagonizado este domingo por el cabildo de Acapulco, entre regidores y la presidenta municipal, en el marco del segundo informe de gobierno, es un asomo de la disputa política que exacerbará los ánimos, al interior de los ayuntamientos, en la medida que avance el proceso electoral.
La violencia política parece marcar funestamente los próximos comicios, como sucedió en los trienios pasados. El asesinato del diputado suplente del distrito 7 de Acapulco, Alejandro Toledo acaecido el miércoles 9 de septiembre en Barra Vieja, así como el atentado contra el luchador social Eloy Cisneros este jueves 10, enrarecen el clima político en el Puerto, que enfrenta el colapso de su economía y una fallida administración municipal.
El retroceso del semáforo epidemiológico de amarillo al naranja, es una señal de alarma, que nos ubica como un estado crítico que está siendo desbordado por el repunte de número de contagios y de pacientes hospitalizados por el Covid – 19. La semaforización ha sido una estrategia federal fallida porque pesaron más los criterios económicos y políticos que el de la salud pública, al no aplicar pruebas PCR como lo recomendó la Organización Mundial de la Salud (OMS), para tener una información más certera sobre el número de contagios, que guiaran a las autoridades de salud para tomar las medidas más apropiadas. Actualmente no sabemos en realidad el tamaño del contagio que existe en nuestro estado, porque somos parte de las entidades que menos pruebas ha realizado. En esta nueva normalidad, se ha puesto en riesgo a la población, que ahora depende del semáforo epidemiológico, que nos sigue señalando que vamos hacia arriba sin llegar realmente a la cima.
Con las 72 mil 509 personas fallecidas y los más de 701 mil 352 contagios, México se ubica en el séptimo país con mayor número absoluto de casos y el cuarto con más muertes, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Además, es el duodécimo con más decesos en proporción a su población, con más de 550 por cada millón de habitantes. Por otra parte, la Secretaria de Salud reportó por primera vez el comportamiento de la pandemia entre la población indígena, que acumula 8 mil 563 casos y mil 249 muertos, que representa una tasa de letalidad de 14.59%, que es mayor a la de 10.63% de la población en general.
Por su parte el doctor José Luis Alomía Zegarra, director general de epidemiología, reconoció este sábado que el índice de positividad se sitúa en 42%, aunque la OMS recomienda mantener esta tasa cercana al 5 %, colocándonos en una situación muy distante, a la que se planteaba hace 6 meses, cuando las autoridades de salud reportaron el primer fallecido el 18 de marzo. Mientras tanto el titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Julio Santaella, informó que la cifra de muertes por Covid – 19, “pone a esta enfermedad como la cuarta causa de muerte en nuestro país”. En medio de este panorama sombrío, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en Guadalajara: «Yo estoy optimista, sé que vamos pronto, muy pronto, más temprano que tarde, a vencer la crisis sanitaria, la pandemia, y vamos también a salir adelante, salir airosos de la crisis económica».
A 207 años de la proclama realizada por el Siervo de la Nación el general José María Morelos y Pavón, con sus celebres Sentimientos de la Nación, en nuestro país aún falta consolidar este ideario político centrado en el respeto a los derechos humanos de las personas. Su legado sigue siendo el referente obligado para todos los gobernantes que siguen en deuda con la población pobre de México. Es importante resaltar los puntos centrales de su carta magna: que América es libre e independiente de España; que la soberanía dimana del pueblo; que los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial estén divididos en los cuerpos compatibles para ejercerlos. Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro congreso deben ser tales, que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto. Que las leyes generales comprendan a todos, sin excepción de cuerpos privilegiados; que para dictar una Ley se haga junta de sabios, en el número posible, para que proceda con más acierto. Que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales. Que en la nueva legislación no se admita la tortura.
Estamos aún lejos de que las leyes en nuestro país y en Guerrero, protejan los derechos del pueblo. Los tres poderes siguen sin ser fieles representantes de la voluntad popular: el poder Judicial carece de autonomía y un ejercicio transparente en la administración de justicia. Sigue predominando la corrupción y el uso faccioso del derecho penal. La población pobre no tiene acceso a la justicia porque no es gratuita ni imparcial. El poder ejecutivo se encuentra muy distante de los sentimientos y las luchas del pueblo. La clase trabajadora sigue siendo sobreexplotada y supeditada a los dictados del gran capital. La distribución del presupuesto público es insuficiente e inequitativa, profundizando más la brecha de la opulencia con la indigencia. La falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos y la negativa a que la población sea participe de este ejercicio, ha propiciado el atraso secular ante la ausencia de inversiones y de obra pública. Hay fuertes reticencias para diseñar programas gubernamentales que permitan a la población, el manejo directo de los recursos públicos. El poder legislativo, es un poder faccioso, muy corrompido, que lucra con la aprobación de ciertas leyes y negocia los cargos y prebendas personales y partidistas. Es un poder opaco que ignora a los ciudadanos y ciudadanas, sobre todo a quienes interpelan su inacción y su insensibilidad ante propuestas legislativas que son validas y de suma trascendencia para los sectores sociales que históricamente han sido discriminados y excluidos.
Los tres poderes han actuado de espaldas a la sociedad y se han amafiado con grupos económicos que les generan dividendos. No han desterrado la corrupción como forma de gobierno y tampoco han separado el poder político del poder económico. En Guerrero existe lo contrario al legado de Morelos: un gobierno rico y un pueblo pobre. Sin embargo, su lucha no ha sido en vano, porque los pueblos indígenas y campesinos se han mantenido la bandera de la justicia en alto. Pelearon por la misma independencia, con Vicente Guerrero en la Montaña, y lucharon al lado de Emiliano Zapata, para recuperar sus territorios. Las grandes conquistas históricas han sido escritas con sangre y hombres y mujeres guerrerenses, que no han peleado por un cargo público sino por causas justas y su lucha no ha sido personalista sino colectiva, no formaron parte de los partidos políticos ni muchos menos fueron dirigentes de estos institutos. Más bien se fueron a las Montañas a pelear por el cambio, a luchar por los cacicazgos a desafiar al sistema injusto y hasta empuñar las armas, para defender los derechos del pobre. De manera colectiva indígenas, campesinos y afromexicanos se organizaron para defender sus tierras como parte del patrimonio del pueblo y no de una clase dominante. Los maestros y estudiantes han sido un bastión que ha defendido el derecho a la educación gratuita y popular, para combatir el analfabetismo y el cacicazgo político y magisterial. La normal de Ayotzinapa, sigue siendo la cuna de la dignidad y de la resistencia, el emblema de la justicia marcado por los 43 estudiantes desaparecidos. Los luchadores y luchadoras sociales tanto en el campo como en la ciudad han librado batallas sin cuartel y, la mayoría de ellos, fueron perseguidos y asesinados para truncar sus proyectos sustentados en la justicia social. No han sido en vano los 207 años, de estos sentimientos de un pueblo pobre, que aún no ha logrado liberarse del yugo de una clase política dedicada al hurto del pueblo y de unos partidos políticos que se han transformado en mafias que negocian con los cargos de representación popular y que compran el voto. Tampoco se han podido librar de las autoridades acostumbradas a engañar a la gente con dadivas, en lugar de invertir en la obra pública, en la educación, la salud, la vivienda y el empleo.
En plena pandemia, dudamos mucho que los personajes políticos que ya empiezan a promover su imagen en anuncios espectaculares, para participar en la próxima contienda electoral, conozcan y estén comprometidos con los Sentimientos de la Nación. Que estén identificados con un pueblo, amenazado ahora por el Covid – 19, pero que lucha con sus propias fuerzas para combatirlo. Que es capaz de ir al frente de esta batalla, para preservar la salud de la colectividad y no hacerlo para percibir un salario estratosférico. Su lucha es para construir desde la periferia una vida digna, para defender los derechos básicos y transformar la opulencia en justicia.