Por El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan
Este viernes 9 de agosto realizaremos un foro en la ciudad de Tlapa denominado “Palabras de vida, caminos de esperanza”, para recuperar la memoria de las luchas históricas en nuestro estado que han dejado una estela de violencia que nos desangra, por el patrón de impunidad que persiste contra los perpetradores. Desde la década de los 70s hasta nuestros días se mantiene en la línea del tiempo una política de contrainsurgencia, que nos ha colocado como uno de los estados más represivos del país. El ejército mexicano ha sido la punta de lanza de esta embestida gubernamental contra el pueblo pobre de Guerrero. Las desapariciones forzadas de líderes comunitarios, estudiantes y maestros universitarios marcó una de las acciones más cruentas, que nos sumergieron en la barbarie. Las órdenes presidenciales fueron totalmente lesivas contra un pueblo digno que siempre ha luchado contra los cacicazgos vetustos y sanguinarios. Hay una deuda histórica que no ha sido saldada por los gobiernos en turno. No podemos transitar a una nueva etapa de nuestra vida democrática si no se garantiza justicia a las víctimas, que por décadas no han cedido un ápice para exigir la presentación de sus familiares desaparecidos y castigo a quienes atentaron contra su vida. Escucharemos testimonios de compañeros y compañeras que se mantienen en esa línea fina y digna de mantener viva la memoria y seguir siendo fiel a sus convicciones. Estarán compañeros y compañeras que hablarán de la masacre de Chilpancingo acaecida el 30 de diciembre de 1960, de cómo el ejército arremetió brutalmente contra los estudiantes.
En 1967 las matanzas de campesinos por parte del gobierno represor de Raymundo Abarca, desencadenaron el levantamiento armado en la sierra de Atoyac de Álvarez. La actuación salvaje que protagonizaron policías judiciales contra padres de familia el 17 de mayo y la masacre de campesinos copreros acaecida en Acapulco, el 20 de agosto del mismo año, nos marcaron para siempre como un estado bárbaro. Los testimonios del líder histórico Eloy Cisneros y de la familia Mesino, serán claves para recuperar hechos atroces y acciones heroicas de sus protagonistas.
Un caso emblemático es el de Rosendo Radilla, un campesino de Atoyac de Álvarez, que luchó por el mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores y que fue desaparecido por el ejército en agosto de 1974, “por componer corridos”. Nos acompañará, su nieta Karla Nogueda Radilla, en representación de Tita, quien ha sido un ejemplo para quienes defendemos los derechos humanos.
La matanza de Aguas Blancas el 28 de junio de 1995 fue otra década sanguinaria marcada por el estilo gansteril de Rubén Figueroa Alcocer, quien sin ningún miramiento dio la orden de que perpetrarán esta acción criminal, en el que murieron 17 campesinos que bajaban de la sierra para ejercer su derecho a la protesta. En este clima de contrainsurgencia sucedió a la masacre de El Charco, el 7 de junio de 1998, cuando el ejército cercó la escuela primaria bilingüe Caritino Maldonado, para ametrallar a indígenas que se encontraban descansando. El saldo fue de 11 indígenas mixtecos asesinados y un estudiante de la UNAM. A pesar de que existe una clara responsabilidad de las autoridades civiles y militares en estos hechos atroces, hasta la fecha las esposas de los campesinos e indígenas asesinados siguen dando la pelea para exigir castigo a los responsables. Tendremos también la palabra de compañeras, que han padecido este viacrucis de la persecución y del maltrato por mantener firme su postura de no permitir que quede impunes estos crímenes.
En este primer panel concluiremos con la participación de las madres y padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, que con su lucha emblemática nos mostrarán como en nuestro estado se mantiene este continuum de impunidad desde hace cincuenta años. Las graves violaciones a los derechos humanos siguen siendo la principal característica de los gobiernos represores, que han usado la fuerza para acallar el clamor de justicia de una población mayoritariamente pobre.
En el segundo panel abordaremos las consecuencias funestas de la guerra contra el narcotráfico declarada por el ex presidente Felipe Calderón, quien utilizó al ejército para salir a las calles y abatir a los enemigos. El saldo sangriento de su sexenio fue de 121 mil 683 muertes violentas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esta situación marcó una oleada criminal que se ha extendido durante el sexenio de Enrique Peña Nieto hasta la fecha. El uso de la violencia como único recurso para contener la avalancha delincuencial, nos ha colocado en el desfiladero de la muerte. Guerrero padece los estragos de esta política guerrerista que venimos arrastrando desde la guerra sucia.
Hemos constatado que esta tendencia belicista colocó a nuestro país en una situación sumamente critica por la grave crisis de derechos humanos, que ha los ciudadanos y ciudadanas nos han colocado entre la metralla y la represión. Los casos de desaparición de personas, los asesinatos y el grave fenómeno de las fosas clandestinas, ha despertado la indignación de miles de personas que se han acuerpado para encarar a las autoridades por su indolencia. Es en esta fase donde aparecen como principales actores que han colocado en la agenda nacional el caso de las personas desaparecidas, los colectivos de familiares que han podido incidir en cambios legislativos para garantizar el derecho de las víctimas. En el segundo panel del foro, nos honrarán con su presencia familiares de personas desaparecidas de ciudad de Chilpancingo, Chilapa y Zitlala.
Este panorama sombrío nos da una radiografía de un estado que requiere cambios profundos ante la debilidad de sus instituciones, la permeabilidad del sistema de justicia y la corrupción que persiste en las corporaciones policiales. Lo que sobresale es un aparato represivo que se especializó en implantar estrategias bélicas para arremeter contra las organizaciones sociales, que han luchado por transformaciones democráticas y contra la guerrilla para aplicar toda la fuerza del estado que se ha traducido en una violencia institucionalizada sin límites.
El análisis ponderado de expertos y expertas internacionales, así como de compañeros y compañeras de organizaciones civiles de derechos humanos de la Ciudad de México y otros estados, nos ayudarán a enmarcar mejor este momento denso que representa muchos retos en esta nueva coyuntura política. Contaremos con la participación de Jan Jarab, representante de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México, el experto Rainer Huhle, ex miembro del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y la ex Fiscal General de Guatemala Claudia Paz y Paz, quien también fue miembro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI). Tendremos el honor de que nos acompañe Miguel Álvarez Gándara de Serapaz, Santiago Aguirre director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. La compañera Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el estado Democrático de Derecho. De la ciudad de Monterrey nos visitará la Hermana Consuelo Morales directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos. Contaremos con la participación de Edgar Cortés miembro del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Por su gran trayectoria y compromiso será de gran valía la presencia y participación de Juan Carlos Trujillo de la Red de Enlaces Nacionales.
Las experiencias que hemos tenido en el plano nacional con la creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMSPP), en el gobierno de Vicente Fox fue una iniciativa fallida que quedó trunca por intereses políticos. Será muy importante contar con la visión y el análisis del compañero Arturo Gallegos, quien ha sido protagonista de luchas históricas. Por otra parte, el trabajo riguroso y muy comprometido de la compañera Pilar Noriega y del luchador social Nicomedes Fuentes, nos darán un panorama de lo que representó la Comisión de la Verdad (COMVERDAD) en el estado de Guerrero. Una experiencia inédita que se está escribiendo como mucho pundonor por parte de las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, es la Comisión Presidencial para la Verdad y la Justicia creada recientemente por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El foro cerrará con la ponencia magistral del subsecretario de derechos humanos Alejandro Encinas, para plantear las principales líneas del nuevo gobierno en estos procesos de justicia transicional que se están construyendo en varias entidades con el impulso de familiares y colectivos, como sucede en nuestro estado. Cerraremos con la celebración de nuestro veinticinco aniversario con la presentación del informe titulado, Montaña llena eres de esperanza.
Será un honor contar con la presencia de compañeros y compañeras que a lo largo del camino nos hemos hermanado en las luchas. Estas dos décadas y media han sido de muchos aprendizajes y múltiples desafíos. Hemos entendido que los defensores y defensoras de primera línea, son los hombres y mujeres que luchan a brazo partido para sobrevivir en el campo y en las periferias de la ciudad. Para ellas y ellos no tienen otra disyuntiva que pelear en cada amanecer para encontrar a sus hijos, para exigir justicia, para que pare la violencia para que se castigue a los perpetradores y que cesen los feminicidios. En sus luchas nos han dado grandes lecciones de dignidad, nos han demostrado la calidad de personas que tienen nuestro estado, que, sin embargo, son ignorados y discriminados por las autoridades. A ellos y a ellas nos debemos, por ellos y por ellas luchamos.