En lo alto de la montaña, sobre el piso de tierra, nació Obtilia Eugenio Manuel. En una pequeña comunidad donde no existen médicos, ni medicinas. Gracias a la ayuda de una partera, Obtilia fue la alegría de la casa, por ser la primera mujer de la familia Eugenio Manuel. Desde pequeña sus primeros pasos los aprendió cuando acompañaba a su mamá al corte de la leña. En la humilde casa de sus padres cultivó la lengua Mé’phàà que siempre ha sido el sello de su identidad como mujer indígena. El trabajo en la parcela familiar fue forjando su espíritu combativo, sembrando la semilla de los derechos humanos.
Creció en un contexto de extrema pobreza, en una región de alta marginación donde no había luz ni agua entubada. Hasta la fecha son dos horas de viaje para llegar a la cabecera municipal de Ayutla y un trayecto de ocho horas, cuando la gente tiene que caminar por alguna urgencia. En Barranca de Guadalupe su tierra natal, las familias sobreviven con la siembra del maíz y frijol. No hay forma de obtener un ingreso. El trabajo que realizan tanto los hombres como mujeres es gratuito. Lo que producen es para el autoconsumo familiar y hay meses que el hambre arrecia porque el maíz no es suficiente para que la familia coma durante todo el año.
Desde los 9 años Obtilia acompañó a su papá en las reuniones y asambleas de la comunidad. Siempre estuvo atenta a lo que platicaban los mayores. Su abuelo paterno fungió como el consejero de la comunidad y de la familia. Fue un celoso guardián de las costumbres y era muy respetado por preservar y promover los rituales de la cultura Mé’phàà. Obtilia logró realizar sus estudios de primaria en Barranca Guadalupe. Su deseo de continuar la secundaria, la llevó a vivir en la cabecera municipal de Ayutla, donde experimentó el trato discriminatorio que recibía de la población mestiza y de los mismos patrones con lo que trabajó.
Se vio obligada a aprender el español para defenderse de la gente que está acostumbrada a explotar y someter a la población indígena. El maltrato de la que fue objeto cuando estudiaba y trabajaba, le despertó la conciencia de que como mujer indígena no merecía ser pisoteada ni sometida por nadie. Intuyó que algo podía hacer por su gente. Se negó a ser cómplice de quienes maltrataban y abusaban de las niñas indígenas. Su indignación le hizo perder el miedo y a no tolerar, ni callar tantas injusticias provocadas por los gobiernos y los mismos ricos que viven del trabajo de los indígenas. Fue testigo de muchas humillaciones que sufrían sus compañeras de trabajo, de la violencia que padecían de sus patrones y de la excesiva carga de trabajo, sin una justa remuneración.
Esta hostilidad que experimentó en carne propia y entre las mismas mujeres indígenas, fue más cruenta cuando escuchaba testimonios de los abusos del ejército que arremetían contra las personas que se organizaban en las comunidades. Obtilia entendió que, para trabajar en la defensa de los derechos de las mujeres, era necesario hacerlo en equipo. En Barranca Guadalupe se organizó con otras tres compañeras para visitar a las madres de familia con el fin de reflexionar juntas sobre los problemas que enfrentan como mujeres. Las mismas condiciones de extrema vulnerabilidad las obligaron a encontrar soluciones a los problemas familiares. Buscaron el apoyo del Instituto Nacional Indigenista (INI) para conseguir fondos que le permitieran mejorar las técnicas de bordado y recuperar la medicina tradicional. Estos primeros pasos fueron determinantes para que Obtilia adquiriera un liderazgo comunitario que ayudó a visibilizar la grave situación de los pueblos indígenas de Ayutla.
En 1994 Obtilia formó parte de la Organización Independiente del Pueblo Mixteco y Tlapaneco (OIPMT), que se creó para promover la defensa de los derechos estos pueblos. El papel que desempeñó esta organización fue clave para denunciar los atropellos cometidos por el ejército que incursionaba en las comunidades indígenas para perseguir y detener a personas que supuestamente tenían vínculos con la guerrilla. Una de las primeras denuncias públicas que esta organización realizó fue el caso de 14 indígenas Mé’phàà de el Camalote, que fueron esterilizados de manera forzada en abril de 1998, por parte de personal médico de la secretaria de salud del estado. Las autoridades desmintieron estos hechos, sin embargo, la comisión estatal de derechos humanos y la misma comisión nacional, constataron que los indígenas habían sido engañados y presionados para ser esterilizados, en un contexto de extrema pobreza.
En ese mismo año sucedió la masacre de el Charco donde el ejército ejecutó a 11 indígenas y un estudiante de la UNAM, cuando se encontraban descansando en las aulas de la escuela primaria bilingüe Caritino Maldonado Pérez. Estos hechos atroces fueron denunciados por la OIPMT, siendo también parte de las organizaciones catalogadas como radicales, tanto por las autoridades del estado como por el mismo ejército. Fue un trabajo difícil en estos años, por el despliegue del ejército en toda la región de Ayutla, que vigilaba a las organizaciones y a los mismos pobladores cuando se reunían y manifestaban públicamente para exigir justicia. La militarización en esta región ha sido uno de los grandes problemas que enfrentan las comunidades indígenas de Ayutla. Su ocupación ha causado graves violaciones a los derechos humanos por las ejecuciones de los indígenas y las torturas que provocaron a varios de los detenidos y heridos el 7 de junio de 1998.
En el 2002 Obtilia Eugenio Manuel y Cuauhtémoc Ramírez fundan la Organización del Pueblo Indígena Mé’phàà (OPIM) para brindar una mejor atención a las comunidades que comparten esta cultura y apoyar a las autoridades comunitarias que eran ignoradas por el presidente municipal de Ayutla. Fue en ese mismo año en que se registraron los graves hechos que denunció la OPIM relacionados con la violación sexual de Valentina Rosendo Cantú acaecidos el 16 de febrero del 2002 en Barranca Bejuco en el municipio de Acatepec, y el caso de Inés Fernández Ortega quien también fue violada por elementos militares el 22 de marzo del 2002 en Barranca Tecuani. Estos dos casos fueron acompañados por la OPIM para interponer las denuncias ante el ministerio público, las comisiones estatal y nacional de derechos humanos, que, ante la complicidad e indolencia de las autoridades civiles, los dos casos fueron admitidos por la Comisión Interamericana de derechos humanos (CIDH) y posteriormente juzgados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). En este difícil y riesgoso proceso que ha implicado multiplicidad de amenazas para Inés y Valentina, el papel que desempeñó Obtilia Eugenio Manuel fue determinante, porque asumió el rol de una defensora que supo transmitir fielmente los testimonios de Inés y Valentina. Fue la voz que hizo pública estas atrocidades y que nunca se arredró ante los peligros.
Desde esa fecha Obtilia empezó a ser hostigada y a recibir amenazas por parte de personas desconocidas. El denominador común de estas amenazas fue la defensa que realizaba en estos dos casos. Uno de estos mensajes que recibió le decía “por tu bien, ya no sigas denunciando a los militares porque las personas que denunciaste están muy enojadas y se quieren vengar de lo que hiciste”. En el 2002 se documentaron 8 amenazas contra Obtilia, situación que obligó a que se solicitara medidas cautelares a la CIDH el 10 de enero del 2005. Desde hace 14 años Obtilia, su familia y los miembros de la OPIM demostraron los riesgos que corren las personas que asumen el compromiso de defender los derechos de las mujeres indígenas, en contextos de alta conflictividad social, donde las actuaciones del ejército han causado violaciones a los derechos humanos.
Con los asesinatos de Raúl Lucas Lucia y Manuel Ponce Rosas, dirigentes de la organización para el futuro de pueblo Mixteco (OFPM), quienes fueron torturados y enterrados en las inmediaciones de la comunidad de San Francisco, municipio de Tecoanapa el 20 de febrero de 2009, arreció la persecución contra las defensoras y defensores. Fue una acción violenta perpetrada por grupos de la delincuencia organizada coludidos con las autoridades municipales, dejando entrever la infiltración del crimen dentro de las instituciones gubernamentales.
El 22 de marzo del 2009, después de acudir a una audiencia con los 5 presos de la OPIM, acusados de homicidio, Obtilia junto con algunos miembros de Tlachinollan, fueron perseguidos por gente armada, desde la salida de Ayutla hasta la comunidad de la Palma municipio de Juan R. Escudero. Al cruzar la cabecera municipal de Tecoanapa detonaron sus armas para amedrentarlos, con el fin de que se detuvieran. Fue un caso grave que ameritó la intervención de la CIDH que solicitó a la CoIDH medidas provisionales para 107 personas dentro del caso de Inés Fernández y otros, siendo beneficiarios la familia de Inés, de Valentina, los familiares de Raúl Lucas y Manuel Ponce, Obtilia y Cuauhtémoc, sus familiares y demás integrantes de la OPIM, así como los miembros de Tlachinollan. El 30 de abril del 2009 mediante una resolución la Corte Interamericana ordenó las medidas provisionales al Estado Mexicano que hasta la fecha siguen vigentes.
Durante la última década, Obtilia ha tenido que tomar medidas de autocuidado ante el incumplimiento de las autoridades ministeriales para investigar a los responsables de estas amenazas. A pesar de que se planteó a las autoridades mexicanas que una de las medidas más eficaces es la investigación de los hechos, ninguna de las denuncias dio con los responsables. Este patrón de impunidad que prevalece en nuestro Estado ha alentado tanto a grupos que delinquen como a las mismas autoridades y las corporaciones policiales, para mantener prácticas ilegales contra el trabajo de las defensoras y defensores. Las mismas autoridades del Estado se han encargado de criminalizar la lucha legitima de quienes defienden los derechos del pueblo, mandando un mensaje negativo a la opinión pública sobre el trabajo que desempeñan.
Las amenazas que desde noviembre del 2018 empezó a recibir Obtilia Eugenio, como miembro del concejo municipal de Ayutla, se enmarca dentro de ese contexto de violencia e impunidad que persiste en el Estado, en el que las autoridades no investigan estos hechos, a pesar de las denuncias que se interponen. No se reconoce ni se respeta el trabajo de las defensoras como Obtilia, por el contrario, se trivializa su quehacer y se les descalifica. Lamentablemente este ambiente de permisibilidad, es el caldo de cultivo para que se atente contra la seguridad y la integridad física, de quienes como Obtilia, han asumido la defensa de los derechos del pueblo, como parte de su proyecto de vida.