Por Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”
En el mes de noviembre del 2014, en plena efervescencia y convulsión social por la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, el gobierno federal anunciaba a través del procurador general de la república Jesús Murillo Karam, que los estudiantes habían sido detenidos por la policía municipal de Iguala, y que los habrían entregado al grupo delictivo guerreros unidos, quienes los asesinaron e incineraron. Para el gobierno de Enrique Peña Nieto, esa fue la versión oficial que defendió a capa y espada.
En el sistema penal de corte inquisitivo se buscaba la verdad histórica, que consistió en reconstruir los hechos tal cual acontecieron en el mundo fáctico, a través de la prueba recabada en el proceso. Por su parte, el sistema penal acusatorio prescinde de este objetivo procesal y apuesta por el esclarecimiento de los hechos y la solución del conflicto penal, partiendo que la verdad no es unívoca, y que cada persona involucrado en el proceso tiene su versión de lo acontecido.
Murillo Karam, cuando dio a conocer su “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 estudiantes, quiso mostrar que el conjunto de pruebas que tenía reunidas, reconstruía fielmente lo que ocurrió la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre: que los normalistas fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula y que sus restos vertidos al río San Juan.
Esta conclusión, se enmarca dentro de una crisis política propiciada por la protesta social que puso en grave riesgo la estabilidad del gobierno Peña Nieto. Para desactivar este movimiento que se tornaba más virulento, abanderando la consigna de “fue el Estado”, la narrativa de la verdad histórica, se limitó a circunscribir los hechos a un conflicto local protagonizado por el presidente municipal de Iguala con su policía preventiva coludidos con un grupo delictivo de alcance municipal. Excluyó deliberadamente la participación de autoridades federales. Esta versión se sustentó básicamente en tres confesiones de testigos, con la finalidad de cerrar la investigación y concluir la búsqueda de los 43 estudiantes.
Estas conclusiones de la investigación que buscaron un gran impacto mediático, tuvieron como respuesta un rechazo social unánime. Para la población que se trató de una respuesta política más que una investigación científica comprometida con la verdad y la justicia para las víctimas. En el 2016 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en su primer informe desmontó esta trama de la versión oficial. Presentó una serie de pruebas científicas que no daban crédito la incineración de 43 cuerpos en el basurero de Cocula. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), demostró paso a paso las inconsistencias de esta escena de la pira. En el 2018, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en Tamaulipas resolvió que los detenidos fueron torturados, declarando ilícitos y nulos sus testimonios. Por otra parte, se fueron acumulando más datos dentro de la misma investigación que dejaban sin sustento la verdad histórica. Es importante resaltar algunos de ellos: que los celulares de los estudiantes, con los que supuestamente fueron quemados, estuvieron activos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre y varias prendas de vestir de su propiedad aparecerían en lugares distintos al basurero. Estas pruebas irrefutables fueron deshilando la trama de la versión oficial. La lucha inquebrantable de las madres y padres de los 43, se transformó en un referente nacional que cimbró al mismo gobierno peñanietista. Lograron condensar todo el malestar social para transformarse en un símbolo de la dignidad y la resistencia. Su autoridad moral transcendió fronteras y logró atraer la atención internacional, al grado que el gobierno federal perdió credibilidad y su verdad histórica se fue resquebrajando. Su lucha logró innovar un mecanismo de supervisión internacional que tuvo un impacto favorable en el nuevo curso de las investigaciones. Los informes del GIEI fueron determinantes para descarrilar la línea impuesta por la Procuraduría General de la República (PGR).
Además del peritaje del basurero de Cocula, el GIEI concluyó con gran contundencia: que en el ataque se realizó un operativo de gran envergadura que contenía tres cercos; el primero instalado en el centro de Iguala; el segundo en el crucero de Santa Teresa y el tercero en los municipios colindantes como Cocula, Huitzuco, Tepecoacuilco, Chilpancingo, Zumpango. La participación de las policías preventivas de los tres primeros municipios, quedó corroborada con distintos medios de prueba. Ellos obstruyeron el paso de los autobuses en hora críticas. Se ha constatado la participación de fuerzas de seguridad federal como la policía federal y el ejército mexicano. Se logró indagar que el grupo delictivo de guerreros unidos no era una pequeña célula, sino una red delincuencial con capacidad operativa a nivel internacional, que tiene trazada una ruta para la transportación de drogas de Iguala a Chicago, en autobuses de transporte público. La investigación también corroboró que los funcionarios encargados de la investigación incurrieron en actos de tortura, que recabaron pruebas ilícitas, y en contravención a la ley alteraron la escena del crimen, con la intención deliberada de ocultar la verdad y el paradero de los 43 estudiantes.
Con gran visión las madres y padres de los 43 estudiantes lograron posicionar el caso Ayotzinapa en la agenda de los candidatos presidenciales. Irrumpieron en un acto político del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, en la ciudad de Iguala. No solo los invitó a subir al templete, sino que les dio el micrófono para que planteara con toda claridad su exigencia de verdad y justicia. Desde aquel celebre mitin quedó sellado el compromiso del ahora presidente de la república de esclarecer los hechos. El caso de los 43 es un tema primordial para el gobierno de la república, por ello el mismo presidente dio la pauta para crear la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa. Por su parte, el fiscal general de la república Alejandro Gertz Manero, emitió un acuerdo que crea la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa dentro de la FGR. No obstante, las altas expectativas que se suscitaron al calor de la nueva administración federal, las investigaciones no tuvieron un avance sustantivo. Todo el 2019, fue una espera impaciente por parte de las madres y padres de familias porque no había avances en las investigaciones. Se dieron momentos sumamente desconcertantes, que causaron desencanto. Por la liberación de varios detenidos, a causa de las inconsistencias de la investigación de quienes crearon la “verdad histórica”. Se percibió desanimo, una especie de decepción, ante el gran número de personas liberadas. Las madres y padres pidieron reunirse con el presidente de la república para hacer expresar su sentir y apelar a su compromiso de llegar a la verdad. En el mes de septiembre se realizó el primer encuentro donde se establecieron nuevos compromisos y se programaron otras reuniones para darle seguimiento a los acuerdos. En el mes de enero y febrero de este año, se realizaron dos reuniones de suma trascendencia con el presidente de la república. En una de ellas estuvieron presentes, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el fiscal general de la república, como lo habían solicitado las madres y padres, para dar un impulso a las investigaciones, pero sobre todo a entregar resultados de las nuevas indagatorias, para acabar con los pactos del silencio. En la última reunión, las madres y padres exigieron la detención de altos funcionarios que construyeron la “verdad histórica”.
La conferencia del fiscal general, el pasado del 30 de junio resume el nuevo derrotero de las investigaciones y vislumbra los nuevos avances y los hallazgos en las búsquedas que se traduce en tres elementos fundamentales: el fin de la “verdad histórica”; la orden de aprehensión contra Tomás Zerón; la detención de Ángel Casarrubias y los actos de corrupción del poder judicial, así como el anunció de 46 nuevas órdenes de aprehensión.
La declaración de que terminó la verdad histórica es muy significativa, porque se desecha la posición del gobierno anterior, colocando nuevos elementos en la indagatoria. Se rompe con el esquema localista del caso Ayotzinapa, más bien contextualiza estos hechos dentro del fenómeno de la macrocriminalidad, donde se encuentran involucradas autoridades federales. Las órdenes de aprehensión contra altos funcionarios es un claro mensaje de que no habrá impunidad. Tomás Zerón tiene mucho que decir sobre su actuación irregular en el proceso ¿Por qué tantas deficiencias cometidas en la investigación? ¿A que intereses políticos respondió su manoseo en el proceso? ¿A qué autoridades de alto nivel a tratado de encubrir? ¿De dónde obtuvo el resto óseo que fue sembrado en el Río San Juan y que las pruebas de genética indican que pertenece al estudiante Alexander Mora Venancio?
La detención de Ángel Casarrubias es de suma transcendencia por la desaparición de los 43 normalistas. El día de los hechos, José Ángel, ejercía el liderazgo del delictivo de guerreros unidos, quienes contaron con el apoyo y el respaldo de corporaciones policiales, tanto municipales, estatales y federales, así como elementos del ejército y de la marina. También está corroborado que la familia Casarrubias dirigía este grupo criminal, pues varios de sus hermanos han sido detenidos por este hecho, además uno de ellos era policía federal y otro, miembro del ejército. Su detención cobra una relevancia fundamental al ser dirigente de este grupo criminal ya que posee información privilegiada del paradero de los 43. En medio de la turbulencia que se dio, cuando una juez dictó su libertad, el mismo presidente de la república intervino para poner en evidencia el alto nivel de corrupción que existe entre los juzgadores del país, que quebrantan las exigencias más sentidas de una sociedad agraviada que reclama justicia. Las madres y padres esperan que impere el estado de derecho y no los intereses facciosos que pueden descarrilar nuevamente estos grandes esfuerzos para llegar a la verdad.
Las 46 órdenes de aprehensión que anunció el fiscal general es un claro mensaje que las pesquisas continuarán y que se procesará a todos los responsables directos e indirectos del caso. Es una exigencia de todo el pueblo de México, que ya no está dispuesto a tolerar más simulaciones y, sobre todo, versiones falases como la “verdad histórica” que quiso transformar en cenizas los sueños de los normalistas de Ayotzinapa, que son el motor de las grandes transformaciones sociales que requieren nuestro país. Solo así se sepultara la “verdad histórica”.