Ciudad de México, 21 de febrero de 2019. La desinstalación del software espía Pegasus de los equipos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) a pesar de existir una orden de resguardo puede constituir una obstrucción deliberada de la investigación en curso, advirtieron las organizaciones de la sociedad civil denunciantes del caso.
Recientemente, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) resolvió que la Procuraduría General de la República –ahora Fiscalía General de la República (FGR)– violó la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados por utilizar de manera irregular del malware Pegasus.
“Dentro del proceso de verificación seguido, el INAI dio cuenta de diversas afirmaciones de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que comprometen gravemente la investigación penal abierta en la FGR por el uso de Pegasus en contra de periodistas y defensores de derechos humanos. En particular, la AIC ha afirmado que el malware Pegasus habría sido desinstalado de los equipos desde los cuales operó el sistema de vigilancia, lo que pudo haber constituído un acto deliberado de destrucción de evidencia, encaminado a entorpecer la investigación en torno al abuso del sistema que se sigue ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) desde 2017”, especificaron R3D, Social Tic, IMCO y Article 19, entre otras.
Las organizaciones advirtieron que de comprobarse la desinstalación y la destrucción de información clave relacionada con el uso de dicho malware, se habría violado la orden de resguardo que la FEADLE emitió respecto de toda información relacionada con Pegasus y se habrían cometido diversos delitos relacionados con la destrucción de evidencia y el entorpecimiento de la investigación penal.
Además, la AIC habría afirmado que el software nunca fue usado a pesar de que existe evidencia fehaciente en el expediente de la investigación penal que demuestra que, al menos hasta el 6 de julio de 2018, Pegasus estaba siendo utilizado efectivamente por parte de la Agencia.
“De esta manera, a la necesidad de una investigación sobre la adquisición irregular de Pegasus por parte de la PGR, así como a la utilización de dicho malware en contra de periodistas y defensores de derechos humanos en México, se añade la necesidad de investigar los posibles actos encaminados a entorpecer la investigación penal y encubrir a los perpetradores de estas graves violaciones a la privacidad que permanecen en la impunidad”, afirmaron las organizaciones, que llamaron a la FGR a que, otorgando garantías de independencia y autonomía, reitere el llamado al resguardo de información clave relacionada con la operación de Pegasus y brinde un nuevo impulso a la investigación.
A la fecha, se han documentado 24 casos de intentos de espionaje con el malware Pegasus, comercializado por la empresa NSO Group, en contra de activistas, periodistas, opositores políticos y personas defensoras de derechos humanos. Estos ataques, corroborados con apoyo del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, se dieron en condiciones de opacidad que sugieren actos graves de corrupción. Aunque los hechos fueron denunciados desde el 19 de junio de 2017 ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), a más de 20 meses, el caso se mantiene en la impunidad para construir una Fiscalía que pueda investigar a fondo casos como el arriba mencionado.