En medio de una escalada de violencia, más de 2,300 personas han sido forzadas a abandonar sus hogares en los municipios de Chicomuselo, Socoltenango y La Concordia.
Por Redacción / @Somoselmedio
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 23 de enero de 2024.- En el marco de una creciente crisis humanitaria, la región Frontera-Sierra de Chiapas se enfrenta a un urgente llamado de atención debido al desplazamiento forzado de más de 2,300 personas desde el 15 de enero en los municipios de Chicomuselo, Socoltenango y La Concordia. Los disturbios surgieron como consecuencia de la disputa territorial entre grupos delictivos, evidenciando una situación de violencia extrema que ha dejado a comunidades enteras en un estado de pánico y desesperación.
El enfrentamiento más significativo ocurrió el 15 de enero en los límites de Nuevo Chejel (Municipio de Socoltenango) y Nueva América (Chicomuselo), donde grupos armados protagonizaron un violento enfrentamiento que resultó en desapariciones, homicidios y reclutamiento forzado. Este suceso generó un clima de miedo constante y violencia, llevando a la población a buscar refugio de manera urgente.
El 16 de enero, con la llegada de las Fuerzas Armadas a Nueva América, la respuesta militar se tradujo en el uso excesivo de la fuerza, dejando a su paso personas heridas, detonaciones de armas de fuego y estragos por la inhalación de gas lacrimógeno. A pesar de la difícil situación, se logró documentar que al menos 2,300 personas se desplazaron forzadamente en busca de seguridad y protección en diversas localidades, tanto dentro como fuera del estado de Chiapas.
La situación no es nueva, ya que desde junio de 2021 hasta la fecha, más de 10,000 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado en la región, generando una diáspora constante. Lamentablemente, la sociedad civil de los municipios receptores se ha visto en la necesidad de brindar apoyo y refugio a las familias afectadas, mientras que el Gobierno de Chiapas niega la existencia de un desplazamiento forzado, minimizando la situación al referirse a las personas afectadas como “en situación de vulnerabilidad ante un evento socio-organizativo”.
Ante esta grave emergencia, organizaciones hicieron un llamado urgente a los Gobiernos federal y estatal para que atiendan de inmediato a las personas víctimas de desplazamiento forzado.
Exigieron también una investigación exhaustiva sobre las causas que dieron origen a esta crisis, aplicando los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado de la ONU y la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas.