REMA La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), Colectivo Azul, Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), Centro de Estudios para el Cambio en el Campo (CECCAM), Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas (COMCAUSA) y Pro San Luis Ecológico A.C, en conferencia de prensa celebrada el 20 de julio en la Ciudad de México mencionaron que la nueva administración federal de Andrés Manuel López Obrador debe poner fin de manera pronta a las empresas extractivas en nuestro país.
En el marco del Día Mundial contra la Megaminería a cielo abierto (22 de julio), las organizaciones argumentaron que el extractivismo es la que mejor representa el despojo y desplazamiento forzado de la población, la que más encarna la eliminación de la vida en su conjunto, y la que se encuentra encabezada por un grupo de “selectos empresarios” que recurrentemente violan las leyes -sin que existan consecuencias al respecto-, violentan a las y los habitantes opositores a este tipo de proyectos, y establecen, en la mayoría de los casos, un abierto contubernio con el crimen organizado para implantar control territorial.
“Las consecuencias del Uso Preferencial para la minería hoy las viven en carne propia las y los habitantes de cientos de comunidades que han sido afectadas, también estos daños han sido documentados por científicos comprometidos que se han decidido a acompañar este tipo de procesos, así como igualmente los han documentado y denunciado cientos de grupos de la sociedad civil” mencionaron las organizaciones.
Es por ello, que las cinco organizaciones firmaron un acuerdo debido a que concordaron que la problemática generada por los dueños de empresas mineras, es un escándalo mayúsculo. Por lo que pidieron al virtual presidente de la república considerar los siguientes puntos:
- JUSTICIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS:Ya no es posible dar continuidad de este modelo extractivo depredador; ya no es posible continuar reafirmando la “institucionalización” tanto de los principios rectores empresariales como la responsabilidad social empresarial o la existencia de la minería verde/sustentable, menos aún se dé continuidad a la falsa premisa de que el que contamina paga. En contrasentido, el gobierno electo debe terminar con la simulación y prohibir tajantemente la contaminación de aquellas empresas que tienen proyectos en operación actual, y quienes contaminen (operadores, directivos y dueños/empresarios y Servidores públicos) reparen los daños ocasionados a la salud y al medio ambiente, no importando el costo que ello les signifique así como también reciban las sanciones penales correspondientes. Visualizar la Rendición de Cuentas como proceso es urgente, sobre todo si es realidad que se quiere acabar con la impunidad, esa de la cual gozan cabalmente los empresarios mineros y sus empresas.
- CANCELAR CONCESIONES MINERAS:Cortar de facto con esta política indiscriminada y entreguista de concesiones mineras, como si los bienes naturales de México fueran de los gobernantes y no de la nación, es una premisa de cualquier nuevo gobierno que se jacte de atender las problemáticas sociales. Los pueblos necesitan paz social y sin duda alguna, las más de 28 mil concesiones mineras que actualmente han sido entregadas al sector minero, significan un elemento de violencia estructural para cada uno de los pueblos que tuvimos la des-fortuna de salir premiados con el “progreso y desarrollo” minero. Si en realidad estamos por transitar a un verdadero gobierno social y participativo, TODAS las concesiones mineras deben ser canceladas DE FORMA INMEDIATA, porque todas sin excepción, han violado las leyes, han violado los derechos humanos y han trastocado y vulnerado la participación y la toma de decisiones de los pueblos y de la gente.
- ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y DE LOS DERECHOS HUMANOS:Este gobierno electo debe saber que no se puede seguir coqueteando con la reglamentación de los procesos de consulta y/o del consentimiento previo, libre e informado, porque en toda Latinoamérica han sido una falsa premisa e imaginaria promesa para la incorporación de los pueblos y de la sociedad en su conjunto, para definir su propio proceso de desarrollo. No se trata de reglamentar la pregunta o el proceso de preguntar; si queremos o no, esto o lo otro. Los pueblos tienen auto-adscripción, autonomía y libre determinación que hacen valer sus decisiones, a partir de las estructuras de gobernanza que para ello tienen definidas, mismas que están reconocidas por el estado mexicano. Los pueblos no deben ser consultados, los pueblos están y pueden construir sus propios procesos de acuerdo a las características y circunstancias que tienen, de bienes naturales, de territorio, por lo tanto, es responsabilidad y obligación del estado proporcionarles todo lo que se requiere para que lo logren. La minería es un proyecto que atenta contra la vida, arrendar la tierra para la muerte es una falsa premisa del pretendido progreso y desarrollo minero. Los proyectos de muerte no merecen ni siquiera preguntarse, se prohíben desde el proyecto de nación de forma tajante.
- FIN DE LA CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL:Al gobierno electo le decimos que los pueblos no estamos en indefensión total, porque nos defendemos con nuestros propios argumentos, procesos y respetando el poco margen que nos han dejado en la Constitución, las leyes y los reglamentos. Nuestra resistencia es legal, legítima y pacífica, además de apoyarnos también en principios como el pro-persona y el precautorio. Sin embargo, mucho nos ayudaría, si en esta transición que prometen, que PROFEPA Y SEMARNAT dejen de ser totalmente lo que han sido hasta ahora; fieles artífices, amigos y coadjutores del modelo extractivo depredador que busca minerales, agua, gas, petróleo, a la vez que impone plantaciones como palma africana y transgénicos, entre muchos otros componentes que atentan contra nuestro patrimonio y la naturaleza. No puede permitirse más que PROFEPA siga entregando Certificados de Industria Limpia a las empresas mineras, como la del Grupo México. No puede permitirse más que PROFEPA aplique todo el peso de la ley a un campesino por cortar un poste para el corral de sus chivos, al mismo tiempo protege a empresas mineras después de un extenso derrame, argumentando que no hay drenaje ácido, que el cianuro está dentro de la norma oficial y que el agua sí está contaminada, pero por coliformes fecales por culpa de la gente que tiene sus drenajes dirigidos hacia el río. No se puede permitir más una SEMARNAT que siga aprobando Manifiestos de Impacto Ambiental (MIA), realizados por las mismas empresas, sin un enfoque integral y sólo de tipo correctivo. Ambas instituciones, al día de hoy, son una vergüenza para el cuidado y la protección del medio ambiente.
- DEMOCRACIA PARTICIPATIVA:Es deseable que el gobierno electo construya una estrategia integral e integradora para que la nación deje de ser corporativa y regrese a su principal función, una nación social.
- RECUPERAR LA SOBERANÍA Y LA PAZ SOCIAL:Los gobiernos anteriores no sólo entregaron los bienes naturales, también permitieron y permiten que otros gobiernos tengan total injerencia sobre nuestra nación, en nuestras estructuras de gobierno, en nuestro territorio y nuestros bienes naturales y sobre los pueblos. Este “nuevo amanecer democrático” debe también poner un alto al intervencionismo extranjero. Hace falta un ¡ya basta! para que el gobierno canadiense deje, de forma directa y a través de su embajada en México, de impulsar su agenda minera por encima de nosotros como mexicanos. Su política intervencionista y voraz es violatoria a la protección de los derechos humanos y colectivos, en aquellos territorios que son devastados por la operación de empresas mineras canadienses, tal como se ha demostrado en diversas ocasiones violentando y asesinando a defensores ambientales (17 asesinados de 2016-2017 por conflictos mineros, documentados en un informe por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental-CEMDA) como en el caso del asesinato del compañero, integrante de REMA, Mariano Abarca Roblero, sucedido el 27 de noviembre del 2009, en Chicomuselo, Chiapas.
Finalmente, las cinco organizaciones pidieron que Andrés Manuel López Obrador sea contundente al atender la problemática presentada y no esperan exista una continuidad simulada.