Ciudad de México, 19 febrero de 2018. – En México las personas extranjeras enfrentan muchas dificultades para poder acceder al derecho a la condición de refugiado, principalmente por la poca capacidad institucional del Estado para detectar y proteger a esta población. Así, el grupo Articulador Nacional de México, compuesto de ocho organizaciones que se identifica como GAM-PAB, presentó su balance sobre la cuestión migratoria en México a raíz de tres primeros años de implementación del Plan de Acción de Brasil
“El 2 y 3 de diciembre de 2014, los Gobiernos de América Latina y el Caribe se reunieron en Brasilia en ocasión del 30º aniversario de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984. A la clausura de la Reunión Ministerial, organizada por el Gobierno de Brasil, 28 países y tres territorios de América Latina y el Caribe (Antigua y Barbuda, Argentina, las Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Islas Caimán, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curazao, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, las Islas Turcas y Caicos, Uruguay y Venezuela) adoptaron por aclamación la Declaración y el Plan de Acción de Brasilia, acordando trabajar juntos para mantener los estándares de protección más altos a nivel internacional y regional, implementar soluciones innovadoras para las personas refugiadas y desplazadas, y ponerle fin a la difícil situación que enfrentan las personas apátridas en la región.”
En México las personas extranjeras enfrentan muchas dificultades para poder acceder al derecho a la condición de refugiado, principalmente por la poca capacidad institucional del Estado para detectar y proteger a esta población. Las solicitudes de asilo en México aumentaron un 66% en el año 2017, en comparación des año anterior, según los datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), si embargo, solamente 1,907 personas fueron reconocidas y otras 7,719 se encuentra en trámite.
El Plan de Acción de Brasil (PAB) diseñado en 2014 para impulsar los compromisos originales de la Declaración de Cartagena, fue descrito como “una hoja de ruta común para fortalecer la protección y promover soluciones sostenibles para las personas refugiadas , desplazadas y apátridas en Latinoamérica y el Caribe dentro de un Marco de Cooperación y Solidaridad.” Su implementación fue dividida en programas mismos que a su vez, se dividieron en acciones. Cabe recordar los objetivos de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados que se celebró en 1984 dentro del contexto de la crisis de refugiados de los años ochenta, los cuales son especialmente la amplificación de la definición de refugiado que engloba “ a las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravamen el orden público”, y también la reiteración de la importancia del principio de no-devolución y la implementación de programas destinados a la integración de los refugiados en la sociedad con el fin de que puedan acceder a los derechos económicos, sociales y culturales, los cuales deberían ser protegidos a los niveles internacionales y nacionales.
Así, diversas organizaciones de la sociedad civil se reunieron para integrar lo que denominaron el Grupo Articulador Regional del Plan de Acción de Brasil (GAR-PAB) cuyo objetivo principal ha sido supervisar los avances en la implementación del plan. Actualmente mas de 30 organizaciones se reunieron en el GAR-PAB para trabajar sobre el tema de protección internacional en el continente americano y impulsar el acceso a la representación legal gratuita para la población sujeta de protección internacional.