8 de septiembre, CDMX.- El lunes por la tarde conocimos a través de estudiantes, padres de familia y medios de comunicación sobre la violencia condenable de grupos porriles o de choque, cuyo propósito fue desactivar una protesta estudiantil legítima, organizada por estudiantes de bachillerato, principalmente del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales (CCH). Entre las demandas de los estudiantes está el cese de “cobro de cuotas” por grupos porriles, mayor seguridad en los planteles dado los hechos de feminicidio registrados (caso de la estudiante Miranda Mendoza del CCH, Oriente), así como contar con personal académico en el CCH, Azcapotzalco.
Llama la atención sobre el tipo de cobertura informativa que realizan los propios medios de comunicación en relación con los hechos, centrándose en los efectos más que en las causas que dieron origen a este tipo de escenarios violentos. El hecho de que haya cuatro personas lesionadas de gravedad y varios estudiantes golpeados como consecuencia de una intervención de grupos armados con petardos, puñales y palos, nos hace pensar que se trata de grupos delictivos, cuyo propósito es la desactivación de las protestas estudiantiles. Quién financia a este tipo de grupos, cuyos integrantes fueron identificados con Jerseys, de jugadores de futbol americano de entre 18 y 35 años. Hasta el momento los estudiantes manifestantes del CCH reconocieron a tres grupos porriles que iniciaron la violencia: el 32 de Azcapotzalco, el 3 de marzo de Vallejo y el Frente de Estudiantes de Naucalpan (FEN). Es importante señalar que fueron los estudiantes quienes identificaron y señalaron a los grupos agresores (véase Excelsior, 6/09/18) y no el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, como reportó en uno de sus titulares la revista Proceso: “Identifica Graue a tres grupos porriles por ataque a alumnos de CCH y expulsa a 18 universitarios” (Proceso, 4/09/18). De haberlos identificado, por lo menos se esperaría que las autoridades universitarias tomaran las medidas preventivas necesarias para evitar que estudiantes como Emilio Aguilar Sánchez de la Preparatoria 6 y Joel Meza García de la Facultad de Filosofía y Letras fueran apuñalados por delincuentes que, equivocadamente, se les ha calificado de modo discrecional como “porros”. Fue hasta la noche del mismo lunes que el rector de la máxima casa de estudios Enrique Graue Wiechers declaró públicamente que compartía su indignación y repudio contra dichos “grupos de provocadores que obedecen a intereses ajenos a la Universidad” (El Universal, 4/09/18). Sin embargo, no basta la expulsión de 18 estudiantes implicados en las agresiones, la mitad pertenecientes al CCH Azcapotzalco, toda vez que es una medida cortoplacista y que no soluciona de fondo el grave problema de la violencia organizada en contra de estudiantes críticos al estado que guarda el sistema de educación media superior. Por lo cual se trata mecanismos de terror de Estado que buscan infundir miedo, así como dividir y silenciar a la población estudiantil. Quiénes son estos sujetos, para quién específicamente trabajan, quién los financia. En paralelo, también nos preguntamos por qué actuó con tanta dilación y parsimonia las autoridades universitarias, por qué tanta tolerancia y cobardía para hacerles frente. Ningún elemento de seguridad estuvo presente para disuadir para bien la gresca. Es inadmisible que cercano a los espacios más simbólicos y funcionales de la UNAM, el edificio de rectoría y la biblioteca de la universidad, se cometan este tipo de siniestros en donde se toleren explosiones, agresiones y, sobre todo, daños a la vida humana. Es preciso por todos los medios expresar el apoyo al cumplimiento de las demandas estudiantiles y la reprobación absoluta al terror de Estado que se disimula por medio de sus grupos de delincuentes que se hacen pasar por estudiantes.