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Presentan en Jalisco la “Guía para el registro y seguimiento de las desapariciones de personas LGBTI+”

El CEPAD realizó el evento “Ausencias diversas: La desaparición de personas LGBTI+”, en donde se dialogó sobre la desaparición de las personas LGBTI+ y se expuso como esta población se encuentra en extrema vulnerabilidad por su orientación sexual.

Por Samadi Bustos / @SamadiBustos

El día 9 de noviembre del presente año, el CEPAD llevó a cabo un evento en donde se habló sobre la violencia de desaparición en contra de las personas LGBTI+, misma violencia que aseguró es invisibilizada e ignorada por las autoridades.

En el evento se tuvo la participación de algunos expertos en el tema, Gloria Careaga, Jonathan Ávila y Fascinación Jiménez, en donde además se presentó la guía “La desaparición de personas LGBTI+ en México, una guía para su registro y seguimiento.”, misma que fue realizada por la Fundación Arcoíris por el respeto a la diversidad sexual.

Gloria Careaga, es maestra en Psicología Social y Coordinadora de la Fundación Arcoíris, comentó que al gobierno de México no le importa la violencia en contra de las personas LGBTI+, además de que informó que la violencia en contra de esta población no es causa de una penalización, si no es causa de la corrupción de las autoridades.

Además, detalló que a pesar de que México ha participado en diversos programas a favor de los derechos humanos de las personas LGBTI+ a nivel mundial, sigue sin respetarlos y defenderlos en su propio territorio, por estas razones en 2018 presentaron las quejas frente al examen universal de Naciones Unidas, en este mismo examen se logró que 5 países hicieran recomendaciones a México, de las cuales 3 de ellas hablaban sobre la violencia hacia las personas LGBTI+.

  • Contabilización de los crímenes hacia las personas LGBTI+
  • Investigación de los crímenes en contra de las personas LGBTI+
  • Poner recursos para la investigación de dichos crímenes.

Estas recomendaciones fueron aprobadas por México en el 2019, y hasta la fecha México ha hecho muy poco con respecto a lo aceptado frente a Naciones Unidas.

Fotografía de @CEPAD_AC

Es por esta razón, que Gloria Careaga informó que, a partir del 2019, diversas organizaciones y personas expertas en el tema decidieron que era importante la contabilización de los asesinatos en contra de las personas LGBTI+ pero un obstáculo era el trabajo desde la CDMX, por lo que se organizan para abrir 2 organizaciones en cada uno de los estados de México para tener información más acertada, misma información que el gobierno sigue ignorando.

Posteriormente, estas mismas organizaciones se dieron cuenta que la desaparición de personas LGBTI+ se estaba haciendo cada día más presente y por ende las organizaciones se prepararon e informaron sobre el tema de la desaparición forzada de personas.

La organización Colombia Diversa fue una de las instituciones que apoyó la preparación de las organizaciones como Fundación Arcoíris en México, para entender más y trabajar en esta violencia en contra de las personas LGBTI+, sin embargo, Gloria asegura que el trabajo no solo es de las organizaciones, si no también le corresponde al gobierno de México, llevar a acabo las investigaciones y sobre todo conseguir la justicia para personas afectadas y los familiares de las víctimas.

Por otra parte, Jonathan Ávila,  periodista e investigador de desaparición de personas en el CEPAD, comentó que la desaparición en el estado de Jalisco en los últimos años ha aumentado de una manera evidente, un caso que mencionó fue el de Susana Silvestre, quien fue asesinada y estuvo varios meses sin ser identificada en la Sede del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, debido a que no se le estaba dando el registro correcto, se había registro como hombre y la familia no la podía identificar.

Fotografía de @CEPAD_AC

Se mencionaron datos brindados por la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas, en donde se asegura que, de 2011 al 30 de septiembre del 2023, se tiene el registro de 77 personas LGBTI+ desaparecidas en Jalisco, esto sin contar los registros erróneos o inexistentes.

La mayoría de estas personas desaparecidas tiene entre 20 y 29 años de edad, lo que indica que la vulnerabilidad se encuentra entre estas edades, además de que también se informó que al menos en 37 de los 125 municipios que tiene Jalisco se cuenta con una desaparición de una persona LGBTI+.

Ilustración de @CEPAD_AC

Para finalizar, Fascinación Jiménez, aseguró que las autoridades y sobre todo las fiscalías han recibido capacitaciones para atender el tema de desaparición de las personas LGBTI+, sin embargo, las autoridades en muchas ocasiones suelen obstaculizar las investigaciones, en específico cuando se trata de mujeres transexuales no se siguen los protocolos indicados, un ejemplo es la publicación de la Alerta Alba, alerta que debe ser publicada inmediatamente en cuanto los familiares reportan la desaparición de una mujer de su familia, sin embargo al ser mujeres transexuales este paso suele ser ignorado por esa misma razón, ser mujeres transexuales.

Un caso del que se hizo mención fue el de Kenia y Karla, dos amigas que salieron de fiesta en 2020 y nunca regresaron a sus casas, en este caso no se publicó la Alerta Alba, hasta dos semanas después de su desaparición, además de que las autoridades se dirigían a ellas en masculino y utilizaban sus nombres anteriores.

Este es el primer caso que involucra la identidad de género y diversidad sexual que llega a la Comisión de Desaparición Forzada de la ONU, misma que mandó una nota verbal a México, exigiendo respuestas e información sobre lo que el gobierno estaba realizando con la investigación para la localización de las chicas transexuales.

Este caso además demuestra que existe una negativa por parte de las autoridades en Jalisco con respecto a las desapariciones y violencia en contra de las personas LGBTI+, por ende, Fascinación consideró que los insumos como la guía, las organizaciones, los foros, etc., son indispensables para seguir visibilizando la violencia que se genera en contra de las personas LGBTI+, tanto de personas pertenecientes al gobierno como incluso en las propias familias de las víctimas.

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