Ciudad de México, 14 de noviembre de 2019. El Observatorio contra la Tortura -iniciativa de la sociedad civil, con el acompañamiento de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos- presentó la plataforma sintortura.org, una herramienta para monitorear la implementación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes promulgada en junio de 2017.
“Ante la falta de bases de datos públicas y oficiales que permitan conocer de forma clara dicha información, la plataforma muestra a partir de 10 rubros de indicadores a nivel federal y en las 32 entidades federativas, los grandes pendientes en el combate contra la tortura. Asimismo, permite comparar información de estos indicadores de 2014 a 2018, mostrando un panorama general previo a la promulgación de la Ley, así como hallazgos posteriores a ésta”, explicaron integrantes del observatorio.
Algunos hallazgos adelantados por las y los expertos refieren que sólo dos entidades presentaron cargos por tortura ante alguna autoridad judicial en 2018, a pesar de la apertura de más de 3600 investigaciones penales por tortura en el fuero estatal; que ninguna entidad reportó sentencias impuestas en casos de tortura en 2018; que en los primeros meses de 2019, solamente la federación y 10 entidades federativas informaron contar con Fiscalía Especial para investigar tortura conforme lo previsto en la Ley General; otras 10 entidades informaron contar con Unidad de investigación y la tercera parte de entidades informó no contar con ninguna de las dos; y que en los primeros meses de 2019, solamente tres entidades informaron contar con registros de tortura que se ajustaran a los elementos requeridos por la Ley.
Los datos se obtuvieron mediante solicitudes de acceso a información, aunque las y los investigadores tuvieron que superar retos como la falta de respuesta de algunas instituciones, la falta de desglose de datos y, en casos puntuales, datos contradictorios.
Para las organizaciones, esto se suma a un contexto en el que se han identificado límites importantes en el acceso de las víctimas a exámenes médicos y psicológicos; el número de peritos especializados en la documentación de secuelas de tortura es insuficiente; además que, muchos de ellos dependen de las procuradurías y fiscalías, restándoles independencia e imparcialidad en el resultado de sus peritajes.