Durante el diálogo, convocado por Segob, las y los participantes se manifestaron en contra del incremento de la violencia y condenaron el asesinato del periodista Armando Linares ocurrido en Michoacán.
Ciudad de México / Tepic, 17 de marzo de 2022.- Los días 15 y 16 de marzo se llevó a cabo en la Ciudad de Tepic, Nayarit el cuarto diálogo para impulsar una Iniciativa de Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, convocado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación en el que participaron representantes Gobierno del Estado de Nayarit, organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos y periodistas del estado.
Este diálogo, se suma a los realizados en lo que va del año en la Ciudad de México, Oaxaca y Sonora, con el objetivo de dialogar respecto a la idoneidad de impulsar una Ley General de Protección, así como los elementos que debería considerar de acuerdo al contexto específico de Nayarit.
Durante el diálogo, las personas defensoras y periodistas se manifestaron respecto al asesinato de al menos siete personas periodistas[1] y las tres personas defensoras en el país en lo transcurrido del año[2], siendo los más recientes el asesinato del periodista Armando Linares en Michoacán, ocurrido el 15 de marzo y del defensor de derechos humanos Isidro Baldenegro el día 7 del mismo mes, en Chihuahua.
Personas defensoras de los derechos de las mujeres, del medio ambiente, de los pueblos indígenas y personas con discapacidad, alertaron sobre los riesgos y obstáculos que enfrentan para ejercer su labor; en particular, los riesgos diferenciados que enfrentan mujeres periodistas y defensoras de comunidades pesqueras y cafeteras, destacando ataques a la vida e integridad, agresiones físicas y digitales, amenazas, fabricación de delitos, acoso judicial, campañas de desprestigio, falta de transparencia, corrupción y despojo de tierras.
También señalaron que muchas de esas violaciones a derechos humanos y obstáculos a su labor son cometidas y promovidas por parte de funcionarios de manera directa e indirecta, así como en colusión con actores del crimen organizado. Asimismo, mencionaron que la violencia se ejerce a través de agresiones en contra de su vida e integridad, pero también al limitar su labor o no sancionar los delitos cometidos en contra de personas defensoras y periodistas.
A su vez, manifestaron su desconfianza hacia las instituciones locales de los diversos niveles de gobierno y de procuración de justicia por actos de corrupción, conflictos de interés, falta de coordinación interinstitucional, burocratización y ausencia de voluntad y capacidad para garantizar su labor. Señalaron que el marco normativo expedido en el año 2017 para la protección de personas defensoras y periodistas en Nayarit tiene cinco años de promulgación, pero no ha sido reglamentada ni implementada, al no tener claridad de los procedimientos de funcionamiento y otorgamiento de recursos humanos y financieros para su puesta en marcha.
Las y los participantes lamentaron la falta de difusión de la convocatoria para participar en el diálogo y la ausencia de integrantes de pueblos originarios y comunidades rurales, quienes son de las principales poblaciones que enfrentan agresiones por ejercer su derecho a defender derechos humanos y ejercer el periodismo comunitario. Además, por medio de la lectura de una carta firmada por diversas personas comunicadoras y defensoras de derechos humanos en Nayarit, señalaron que es necesario generar más espacios de diálogo en el estado para garantizar que el mayor número de personas defensoras y periodistas sean escuchadas.
Respecto a las demandas, Enrique Irazoque, Titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, se comprometió en conjunto con el Gobierno del estado, a llevar a cabo más espacios de diálogo para discutir en torno a la propuesta de Ley, a garantizar una mayor difusión y convocatoría en zonas rurales y costeras, así como impulsar procesos de capacitación para personas defensoras, periodistas y autoridades.
Las personas asistentes hicieron énfasis en la necesidad de reconocer la labor de la defensa de los derechos humanos y el ejercicio periodístico, así como hicieron un llamado a generar acciones eficaces para la investigación, sanción y erradicación de la impunidad en los delitos, garantizando la incorporación de la perspectiva de género, enfoque intercultural e interseccional. Además culminaron a no caer en actos y discursos que fomentan la revictimización, especialmente después de las declaraciones de estigmatización y criminalización que emitió durante el diálogo la representante del Instituto para la Atención de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Lorena Villarreal Rodríguez, quien afirmó que la mayoría de los padres indígenas se dedican a robar y a asaltar camiones para alimentar a su familia, aún cuando no viven en extrema pobreza, y que delinquen cuando no acceden a programas de gobierno.
Las organizaciones, colectivos/as de derechos humanos, personas defensoras y periodistas, hicieron un exhorto a las instancias de Gobierno Federal y Estatal a implementar acciones urgentes ante la grave situación de violencia y falta de garantías para ejercer el derecho a defender derechos humanos y de libertad de expresión. Además llamaron a seguir fortaleciendo los diálogos y consultas con comunidades rurales, indígenas y periodistas que realizan su labor en zonas de mayor riesgo en el estado, mismas que son fundamentales para la construcción de una ruta, creación e implementación de una política pública integral que garantice el derecho a defender derechos humanos y el ejercicio periodístico en el país.