Texto y fotografías de Monserrat Cárdenas/@MonseCardenas10
La mañana del 31 de enero, habitantes de las comunidades indígenas de Zacualpan y El Platanar en Colima, y La Astilla y El Mameyito en Jalisco, así como ambientalistas locales, exigieron a las afueras de la sede de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de Colima, la cancelación del proyecto denominado Nuevo Taller y Terrero Oriente, promovido por el consorcio minero Benito Juárez Peña Colorada, productor de hierro, que pretende la construcción de un nuevo depósito de desechos tóxicos, lo que implicará la remoción de 133 hectáreas de vegetación.
Denunciaron que dicho proyecto, concerniente perteneciente a la empresa ítalo-argentina Ternium, pone en riesgo al menos a 178 especies de flora y a 74 de fauna que habitan en la Sierra de Manantlán, proclamada Reserva de la Biosfera por el Ejecutivo Federal en 1987 y considerada una de las Áreas Naturales Protegidas más importantes del Occidente Mexicano.
Entregaron a Pablo Zamorano, Subdelegado de Gestión Para la Protección Ambiental y Recursos Naturales, y a Carlos Alcaraz, Subdelegado de Administración e Innovación de Semarnat, un pronunciamiento donde se enlistan las demandas de las 14 organizaciones que respaldaron la protesta:
- Cancelación del proyecto Nuevo Taller y Terrero Oriente.
- Realización de una consulta, libre e informada, a la comunidad indígena de Ayotitlán, Jal.
- Restauración de ecológica.
- Revisión y actualización del Programa Ecológico Territorial del Estado de Colima para que las áreas con uso de suelo de conservación no puedan ser sometidas al aprovechamiento bajo consideración de la autoridad ambiental.
- Cancelación de las concesiones mineras en áreas naturales protegidas, en sus zonas de influencia y en áreas de alto nivel ambiental.
- Creación de un área natural protegida que albergue la Selva Baja Ceducifolia, vegetación predominante en el estado y poco representada en las áreas protegidas regionales.
Un día antes, la diputada morenista, Livier Rodríguez, dijo en pleno que “el representante legal de la empresa, de nombre Jesús Hernández, ha referido frente a ellos que cuentan con los permisos necesarios para el derribo de los árboles sin mostrar públicamente la existencia de dichos permisos”, y que éste ha afirmado que “no suspenderán definitivamente la tala de los árboles en el lugar a menos que una autoridad así lo ordene”, por lo que llamó al Congreso del Estado a crear “los mecanismos políticos y jurídicos concretos para poder defender a la naturaleza en contra de agresiones que implican violaciones sistemáticas a los derechos humanos de la población colimense”.
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