Familiares denuncian exigen que se detengan los traslados a la Prisión Federal en Morelos.
Por Karen Castillo / @karencitatacha
Este lunes 15 de agosto, familiares de mujeres presas en compañía de la colectiva “Artículo 20”, protestaron afuera del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social para exigir que se detengan los traslados masivos e ilegales de mujeres de todo el país al Centro Penitenciario Federal en Morelos y para que se atiendan los casos particulares de mujeres injustamente presas.
Las familias fueron recibidas y entregaron un pliego petitorio que la dependencia se comprometió a responder en días siguientes.
En entrevista con la asociación civil “Artículo 20”, conformada por mujeres ex privadas de la libertad, conversamos sobre los más de 500 traslados de mujeres de penales estatales al de diferentes entidades federativas al Centro Federal de Readaptación Social número 16 “CPS Femenil Morelos”, un centro penitenciario federal de la iniciativa privada.
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Viridiana, ¿Qué está pasando en estos casos de traslados de mujeres al CPS Femenil Morelos? ¿por qué se está trasladando a cientos de mujeres a este penal?
“Los traslados tienen como único fin el llenar la prisión federal, la cual estaba a mitad de su capacidad. El CPS Femenil Morelos es una de estas prisiones construidas por empresas privadas”.
El contrato de la empresa con el gobierno dice que al Estado le toca pagar como si la prisión estuviera a tope, esos son los tratos de la privatización de la prisión. Entonces, lo que hicieron fue sacar a mujeres en prisiones del fuero común y las llevan al CPS Femenil Morelos. Estos traslados violentan el derecho a la reinserción, el derecho a llevar los procesos cerca de sus familias y las someten a un fuero que no les corresponde.
Los traslados masivos comenzaron desde el año pasado, pero todo explotó con la muerte de varias mujeres en febrero y marzo de este año. A ellos no les importa llevarse a mujeres sin sentencia o mujeres que ya tenían hijos y toda una vida en su penal, así se las llevan. Lo que han hecho es elevar los perfiles criminológicos de muchas mujeres que trasladan, para intentar justificar esto, pero aún así los traslados son ilegales.”
2. ¿Hablando de los perfiles, quiénes son las mujeres que están trasladando, cuántas han sido en total?
“Nosotras ahorita estamos acompañando a 180 mujeres y vienen de todas partes del país, llegaron de Juárez, de Chihuahua, de Nessa-Bordo, Acapulco, Santha Martha, Santiaguito.
Las acompañamos porque nosotros conocemos esto, sabemos lo que es un traslado, sabemos de la falta de acceso a alimentos, sabemos los tratos que se manejan, lo sentimos todo como algo personal porque nosotras también lo vivimos.
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Lejos de hacer justicia, se están violando los derechos de las mujeres, además, las prisiones se están volviendo feminicidas de mujeres, ya hemos documentado al menos 9 casos de muertes de mujeres posiblemente relacionadas a negligencias por parte de las autoridades del este penal, y nadie las está tratando como lo que son, seres humanos.”
3. Antes de hablar de las muertes de mujeres en esta prisión, ¿en qué se están basando legalmente o jurídicamente para justificar estos traslados? ¿existe legalidad en los procesos?
“No, todo se está haciendo por debajo del agua y de manera turbia. En los archivos que tenemos de compañeras hemos visto que ni siquiera llevan sus historiales médicos. Si fuera legal, tendrían que llevar para el traslado esa clase de documentos, y al llegar garantizarles los servicios médicos que necesitan, pero no, ni siquiera les dan seguimiento a sus tratamientos.
Pueden tener documentos con el águila, pero, ¿Cómo pueden justificar que es legal trasladarlas lejos de sus familias, trasladarlas fuera del fuero que les corresponde, dejarlas sin tratamientos? ¿Cómo es eso legal?”
4. ¿Qué han hecho las autoridades como la CNDH o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay alguna institución pronunciándose al respecto?
“Nosotras nos tuvimos que constituir como AC para poder dar seguimiento a los casos. Ya fuimos con la SCJN, y les dijimos que esto no nada más es tema de la Defensoría, porque la SCJN quiere poner todo tema como responsabilidad de la Defensoría Pública, pero no, también tienen que ver los jueces, los magistrados, los colegiados, toda la élite del sistema judicial que ni siquiera sabe cómo viven estas mujeres.
Ya hicimos incidencia con la SCJN, ya les mostramos que las mujeres no tienen comida, que no tienen atención médica, que ni siquiera se les notificó de su traslado, nos dieron un documento un mes que van a dar seguimiento, pero nada más. También ya nos acercamos a la CNDH y seguiremos haciendo presión.”
5. Viridiana, ¿Quiénes son dueños de estas prisiones, ¿Quiénes están detrás de estos intereses económicos tan fuertes?
“Son muchos inversionistas y mucho dinero detrás de estas prisiones, uno de ellos fue Carlos Slim que construyó este centro y además puso los servicios, entonces ahora el gobierno les paga a estas personas para que ellos las construyan.”
6. Has mencionado el tema de las muertes de mujeres dentro de este penal, cuéntanos más, ¿Qué está pasando?
“Desde el 2019 comenzamos a documentar lo que está pasando, ese año fallece una compañera, y después otra, y después, otra compañera se quitó la vida.
En total llevamos 9 mujeres que han muerto por negligencia de autoridades del penal, porque no les dieron seguimiento a sus tratamientos médicos. Una mujer murió porque no le dieron la insulina que necesitaba, otras han muerto en circunstancias extrañas. Hay también mujeres que se han suicidado, y esto también es responsabilidad del penal por no dar atención psicológica y por todo el trauma del traslado.
Hemos intentado levantar la voz, hablamos con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y nada.
Para mí, como mujer liberada fue un trauma ver esto, en el momento que empecé a ver el tema del cuerpo, del traslado, me doy cuenta que aún muertas seguimos en prisión. Esa mujer pude haber sido yo, o cualquiera de mis amigas dentro de prisión. Me da mucha rabia, porque el tema no resuena en la sociedad, a pesar de que se están cambiando los cuerpos de mujeres y hombres por dinero.”
7. Viridiana, para las personas que no tienen conocimiento o que no están familiarizadas con el tema, ¿nos pueden explicar cuáles son las afectaciones para las mujeres que son trasladadas?
“Primero que nada, el traslado hace que el proceso penal de las compañeras quede prácticamente en el olvido, de por sí al estar en su estado, la Defensoría a veces ni siquiera se comunica con ellas, no las notifican, y al trasladaras a otro estado, ¿tú crees que algún día las van a notificar? Muchas ni siquiera conocen a su abogado, no tienen nada de conocimiento sobre sus casos.
La segunda, es la incomunicación a la que las sumergen, muchas no han visto a sus familiares desde el traslado, ¿Cómo las van a visitar en Morelos, si sus familias están, por ejemplo, en Sonora? Además, los protocolos dentro de una prisión federal son mucho más estrictos, ni siquiera las dejan tener visitas por más de 10 minutos, están en locutorios durante las visitas. Son prisiones totalmente diferentes a las de los estados. Todo esto es un trauma para las mujeres y sus familias, es cruel.”
8. Con todo este contexto tan complicado, ¿Cuáles son sus demandas como Artículo 20?
“Primero que nada, queremos justicia para las mujeres que han muerto por negligencia del penal, y la reparación de daños para su familia.
En segundo, exigimos al Órgano Administrativo, que nos dejen ser observadoras dentro la prisión, nosotras vivimos todo eso, conocemos el sistema y podemos identificar lo que está pasando, y quién mejor que nosotras para acompañar a nuestras compañeras y sobre todo documentar todo lo que sucede ahí dentro.”
9. Finalmente, frente al discurso del ministro Zaldívar, presidente de la SCJN quien ha sido muy vocal sobre su compromiso con atender todos los “vicios del sistema penal mexicano”, ¿Qué observan ustedes, creen en su palabra?
“Mira, nosotras lo hemos escuchado, y que bueno que hable de estos temas, pero también su respuesta a todo es echarle la bolita a la Defensoría Pública y no, no todo es tema de la Defensoría. Necesitamos que los jueces de este país reconozcan sus privilegios, que vean la realidad de las mujeres en las cárceles y, sobre todo, que ya terminen con todas las malas prácticas que realizan.
Son ellos los que tiene el poder de liberar a miles de personas con procesos prolongados por años, son ellos quienes tienen el poder de garantizar que los procesos sean llevados con legalidad. Entonces, ya es tiempo de que los jueces hagan lo que se supone tienen que hacer.
Nosotras no vamos a parar, y nuestras compañeras y compañeros dentro de prisión no están solas, ni solos.”