Por Mario Marlo/@Mariomarlo
La Red por la Libertad de Expresión Contra la Violencia a Comunicadores exigió una investigación inmediata sobre el posible uso de recursos públicos por parte de la agencia estatal de noticias, Notimex, para acosar a ex trabajadoras/es y periodistas, a través de las redes sociodigitales.
A través de un comunicado de prensa, la Red solicitó a la Junta de Gobierno de Notimex, la Secretaría de la Función Pública, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, realicen las investigaciones necesarias para esclarecer si se hizo uso de recursos públicos y si funcionarios de la agencia pública de noticias estuvieron involucrados en campañas de odio contra periodistas críticos al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La Red integrada por académicos, periodistas, comunicadores, organismos defensores de periodistas, entre otros, explicaron que para abonar a los procesos democráticos es fundamental que se muestre voluntad política de las instancias del Estado para investigar, esclarecer y resolver los graves problemas que hay en Notimex, así como resarcir los daños de las personas agraviadas.
La denuncia se realizó después de que se hiciera público que Notimex, a cargo de la periodista Sanjuana Martínez, iniciará una campaña de desprestigió contra las y los periodistas: Carmen Aristegui, Lydia Cacho, Álvaro Delgado, Dolia Estévez, Anabel Hernández, Alejandro Meléndez, Manuel Ortiz, Blanche Petrich, Rossana Reguillo, Ana Cristina Ruelas, Marcela Turati y extrabajadora y ex trabajadores de la agencia estatal de noticias.
“Nada justifica las descalificaciones a un grupo de plumas reconocidas, mayoritariamente mujeres, empeñadas en el trabajo de investigación periodístico y académico sobre una institución publica, así como el presunto uso de recursos públicos para amedrentar.”
La organización Reporteros Sin Fronteras ha clasificado a México como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Ejemplo de esto, se puede encontrar en el último informe, la organización Artículo 19 donde explicó que de las 609 agresiones registradas a periodistas durante 2019, 265 fueron ejercidas por funcionarios públicos.
“Los medios de comunicación que se rijan por el servicio público y la ética profesional han de ser garantes de la libertad de expresión y del derecho a la información; los funcionarios públicos deben actuar con integridad y transparencia y someterse, como corresponde a sus cargos, al escrutinio público y a la rendición de cuentas. “
De acuerdo con Artículo 19, del año 2000 a la fecha 133 periodistas han sido asesinados, y las agresiones contra el gremio durante 2019, lejos de disminuir, aporta otros 609 casos: “En ese contexto es inaceptable minimizar y normalizar cualquier forma de violencia contra periodistas”.
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Link al comunicado en el sitio de la Red por la Libertad de Expresión Contra la Violencia a Comunicadores