Por: Fernanda Hernández/ @MariaFer_Hd
El municipio de San Salvador Atenco está ubicado al oriente en el Estado de México, en la cuenca del antiguo lago de Texcoco; ha sido históricamente importante por la herencia de las tierras ejidales provenientes de la lucha revolucionaria y porque el lago fue alguna vez el lugar del que se abastecía de agua todo el valle de México; la agricultura es una de las actividades que por mucho tiempo formó parte de la identidad campesina de Atenco.
La lucha del pueblo de Atenco surge de diversos movimientos desde los años sesentas, comités en donde se hablaba de las necesidades que existían en el municipio y que ellos mismos trataban de solucionarlas por el poco apoyo o a falta de atención por parte de las autoridades; además de defender su territorio de los diversos intentos de expropiación mucho antes de los dos episodios por los que San Salvador Atenco se daría a conocer en varias partes del mundo.
La historia ha dejado entrever que la lucha por las tierras atenquenses surge del trabajo que los pobladores han plasmado a través de los años, trabajo sobre las tierras que les fueron entregadas después de la revolución mexicana pero que no tenían las condiciones para la agricultura, por la predominaciones de suelos salinos y condiciones de inundación; estas tierras tienen más que un valor monetario, un valor simbólico por el trabajo de casi un siglo para hacerlas cultivables.
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en contra del NAICM
Uno de los episodios que marcó a nivel nacional e internacional, fue el que tuvo lugar en octubre de 2001. El entonces presidente Vicente Fox Quesada, anunciaba el decreto de expropiación de 5,400 hectáreas para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en la zona de Texcoco; expropiando así, tierras de cultivo de 13 pueblos (algunos pertenecientes al municipio de Atenco) y tierras en los municipios de Chimalhuacán y Texcoco, afectando aproximadamente a 4,375 familias.
Los habitantes de San Salvador Atenco ya habían iniciado un movimiento en contra del proyecto meses antes, acompañado de protestas, recolección de firmas, mesas y foros de análisis y discusión, así como alianzas con otros sectores del movimiento indígena. Berenice Ortega lo menciona en su informe San Salvador Atenco : la formación de una identidad de clase en la resistencia, aliados como el Consejo Nacional Indígena (CNI) y el Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN); estudiantiles como el Consejo General de Huelga (CGH), el sector radical de la organización huelguista de la UNAM de 1999; sindicales como el Congreso Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE); de defensa de derechos humanos y ambientalistas; y otras como el Frente Popular Francisco Villa y el Centro de Libre Experimentación Teatral y Artística (CLETA).
Para el 22 de octubre, cuando Vicente Fox anunciaba el decreto, ejidatarios de Tocuila, Nexquipayac, Santa Cruz de Abajo, San Felipe y San Salvador Atenco bloquearon algunas de las principales vialidades en manifestación a un decreto que de acuerdo con los atenqueses era un atentado ecológico y a la forma de vida de los pobladores, parte de una transformación que respondía a actos de autoritarismo y en donde nunca hubo un diálogo de parte del gobierno federal, sobreponiendo las políticas neoliberales a los sectores campesinos, significando que ya no había lugar para ellos. A partir de esta situación, diversas agrupaciones de campesinos conformaron el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).
Los meses siguientes tuvieron la presencia de diversas manifestaciones a lo largo del país; plantones permanentes en el zócalo de la Ciudad de México y en Atenco, demandas ante el congreso, el poder judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), e incluso protestas que tuvieron lugar en la residencia presidencial, las cuales no tuvieron lugar ya que el paso les fue impedido por la presencia de policías; todo esto con el fin de dar a conocer sus demandas y conseguir apoyos que contribuyeran a la cancelación del proyecto. El movimiento tuvo eco a nivel internacional y el caso fue presentado ante organismos internacionales como la ONU.
Fueron 9 meses en los que el FPDT a través de los bloqueos carreteros, asambleas informativas, marchas, barricadas y guardias, intentaron echar atrás la decisión de expropiar sus tierras. Los amparos que les fueron otorgados no fueron respetados por el gobierno federal y en diversos medios de comunicación se cuestionaba su movimiento por el hecho de portar machetes durante sus protestas. El diálogo siempre fue propuesto por el FPDT pero el gobierno se negaba.
“Los machetes son una herramienta de trabajo y de defensa, y también para decirle a Fox que se equivocó con el decreto, que no nos vamos a rendir en la lucha por conservar nuestras tierras. Si quieren chingadazos, los habrá”, Ignacio del Valle Medina, líder del movimiento de Atenco.
El 11 de julio de 2002, el gobernador del Estado de México Arturo Montiel Rojas, se dirigía a San Juan Teotihuacan, como parte de una gira de trabajo; el frente se trasladaba hacia el lugar para confrontarlo pero se encontraron con un bloqueo de dos camiones, los cuales retiraron. Se intentó iniciar un diálogo con las Fuerzas de Acción y Reacción Inmediata del Estado de México que ya estaban presentes en el lugar, sin embargo, no fue posible. Se desató un enfrentamiento del que resultaron 20 personas lesionadas y 6 policías heridos; José Espinosa Juárez falleció días posteriores a este enfrentamiento, por los golpes recibidos de parte de policías estatales.
Fueron 14 los campesinos detenidos entre los que se encontraban Ignacio del Valle Medina y Jesús Adán Espinoza Rojas, líderes del movimiento; las causas por las que fueron arrestados: robo de vehículos, ataques a las vías generales de comunicación, motín, ultrajes, privación ilegal de la libertad y robo agravado contra el patrimonio del Estado de México. Las acciones ante el arresto de los líderes y compañeros del movimiento, escalaron hasta lograr la captura de 14 personas trabajadoras del gobierno del estado, entre los que se encontraba el subprocurador de Justicia del Estado de México, José Andrés Mendiola.
“Le queremos decir al gobernador Arturo Montiel que no cederemos ni un paso atrás, así nos cueste la vida. Seguiremos adelante y no nos tocaremos el corazón si es que entra la fuerza pública. A los familiares de las personas que tenemos retenidas les digo que no los estamos maltratando, no les tocaremos ni un pelo si no nos agreden, no somos guerrilleros, sólo defendemos nuestras tierras. No queremos negociar nuestras tierras. No queremos más dinero por nuestras tierras, sino que nos las dejen como están. No queremos el aeropuerto, lo que quieren Vicente Fox y Montiel es un corredor industrial”, habría declarado José Luis Martínez, miembro del movimiento.
La ola de declaraciones calificaron al movimiento de manera negativa, aludiendo a que se trataba de guerrilleros y personas ajenas a los intereses de desarrollo del país.
Cuatro días después, hubo una serie de negociaciones en las que se permitió la liberación de los campesinos bajo una fianza de 384 mil pesos, de esta manera fue que se liberaron a las 14 personas que los campesinos tenían en calidad de invitados, de acuerdo a como ellos lo declararon.
Finalmente el 2 de agosto de 2002, el gobierno canceló la construcción del aeropuerto y así, se dio fin a las órdenes de expropiación. Por su lado, el FPDT continuó su lucha a través del apoyo a movimientos campesinos en otras regiones.
La represión del Estado en San Salvador Atenco
La lucha en defensa del territorio que se llevó a cabo en 2006 en San Salvador Atenco, fue uno de los acontecimientos más estremecedores por el nivel de violación a los derechos humanos.
Los hechos ocurrieron el 3 de mayo de 2006 cuando 8 floricultores intentaron colocar sus puestos en la banqueta del mercado Belisario Dominguez en Texcoco, esto después de llegar a un acuerdo con las autoridades para que se les otorgara el permiso de vender durante 3 días. El acuerdo no se respetó y policías municipales impidieron a los vendedores colocarse; en apoyo a éstos estaba el FPDT.
El conflicto escaló hasta un enfrentamiento que dejó varios heridos; posteriormente el FPDT realizó un bloqueo en la carretera Texcoco- Lechería en ambos sentidos, en donde de acuerdo a informes de la CNDH, participó la Policía Federal Preventiva y otros cuerpos policiacos del Estado de México del que resultaron 101 personas detenidas.
Fue Wilfredo Robledo, Comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal del Edomex, quien propuso que la policía ingresara al pueblo de Atenco para restablecer la paz, y fue así que la madrugada del 4 de mayo con un operativo conformado por alrededor de 3,500 elementos estatales y federales, el bloqueo de la carretera Texcoco- Lechería fuera retirado.
Asimismo, se planteó que el operativo entrara al pueblo de Atenco, tomando por sorpresa a alrededor de 300 personas y de donde 106 personas más fueron detenidas (47 de ellas, mujeres), haciendo un total de 207 personas. Dentro de los hechos ocurridos esos dos días, resultaron dos personas fallecidas, entre las que estuvo un menor de edad, con un impacto de bala de un arma del gobierno.
La CNDH realizó una lista sobre los derechos violados en esta represión, entre los que se encuentran: detenciones arbitrarias, abuso sexual y violación, tortura, retención ilegal, allanamiento de morada, incomunicación, trato cruel e inhumano, violaciones al derecho de vida, derecho de los menores y derecho a la legalidad.
Nacho del Valle, el activista en defensa de las comunidades de Atenco
Ignacio del Valle Medina es un activista social con herencia de levantamientos campesinos en la región de Texcoco. Desde siempre ha estado interesado por los problemas de su comunidad y asimismo, ha sido parte de acciones en pro de su comunidad, como la alfabetización de personas adultas, apertura de escuelas de distintos niveles en su comunidad, una biblioteca, y siempre ha estado en la disposición de ayudar a la gente. Hablar de “Nacho” como lo llaman, es hablar de las participaciones que tuvo en San Salvador Atenco desde 1976 para beneficio de la comunidad.
Se le conoce por ser líder del FPDT formado en 2001 y por haber sido parte de “La Otra Campaña” del EZLN.
Después de los hechos suscitados en 2001, el día 3 de mayo de 2006, Ignacio del Valle representante del FPDT fue detenido junto a otro compañero debido a un conflicto relacionado con floristas a quienes no se les permitía vender. Se le detuvo sin ninguna orden de aprehensión, violando sus derechos, siendo víctima de torturas, amenazado y obligado a hacer declaraciones sin la presencia de un abogado. Fue detenido en nombre de Humberto Benítez Treviño Secretario General del Gobierno del Estado y Wilfredo Robledo Madrid Comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal del Edomex, enviados al penal de máxima seguridad y sentenciado a 112 años de cárcel por secuestro equiparado y secuestro equiparado como autor intelectual.
En 2010 fue liberado junto a otros 12 integrantes del FPDT; de acuerdo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “se consideró que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) fincó las acusaciones contra los detenidos a partir de premisas falsas y endebles, además de que utilizó pruebas ilícitas para imputarles el delito de secuestro equiparado”.
Las mujeres de Atenco
Después de la detención de 217 personas el 3 y 4 de mayo de 2006, la CNDH declaró que 47 fueron mujeres, estas mismas fueron víctimas de abuso sexual, por parte de los policías.
Los abusos sexuales a las mujeres por parte de los elementos policiacos, se llevaron a cabo dentro de los vehículos utilizados para trasladar a los detenidos a los diferentes centros de reclusión, las detenidas sufrieron de abusos sexual, golpes, abuso físico, amenazas de muerte contra su persona, y hacia su familia. Cabe mencionar que 26 mujeres de las 47 víctimas de estos abusos, presentaron el reporte de las agresiones al ser ingresadas al Centro de Prevención y Readaptación Social (CERESO).
Según los informes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.
“Sólo 21 policías estatales fueron consignados por abuso de autoridad, siendo este un delito menos, un policías estatal fue condenado por el delito (no grave) de actos libidinosos, en prejuicio en una de las víctima de abuso sexual, pero todos fueron absueltos de sus cargos”.
Posteriormente 11 mujeres acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que actuaran en beneficio de las víctimas de estos hechos, posteriormente la CIDH ordenó puntualmente al Estado Mexicano, la investigación correcta y profunda, en un lapso razonable para las víctimas.
Para noviembre del año 2016 la Comisión Internacional de Derechos Humanos, decidió mandar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos; posteriormente, en 2018, se declaró la culpabilidad del Estado Mexicano por la violación a los Derechos Humanos en contra de las mujeres, y se ordenó investigar y sancionar a los culpables, crear un observatorio independiente de las fuerzas policiales federal y estatal, así como la atención y rehabilitación hacías las mujeres víctimas de lo sucedido.
Hoy en día los avances en estas investigaciones se han visto truncadas, ya que el estado se niega a implementar un observatorio de uso de la fuerza y no hay un interés por el Mecanismo de Seguimientos de Casos de Tortura sexual y mucho menos un interés por las medidas individuales de atención y rehabilitación, quedando impune un de los uno de los casos más marcados en temas de derechos humanos.