Ciudad de México, 08 de enero de 2020. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictará sentencia hoy sobre tres casos relacionados con el Fideicomiso Río Sonora, que cuestionan la forma en cómo operó este mecanismo (amparo en revisión 384/2018), su falta de apoyo al Proyecto de Reactivación Agropecuaria para la región (amparo en revisión 927/2018), y la extinción del Fideicomiso Río Sonora y la conclusión del Programa de Remediación Ambiental (amparo en revisión 640/2019).
Los Comités de Cuenca Río Sonora argumentan que el Fideicomiso Río Sonora realizó actos de autoridad al ser el principal mecanismo destinado a reparar los daños del derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi, causado por la minera Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, en 2014, ya que no hubo resarcimiento desde el Gobierno federal ni por vía judicial.
“En la práctica, el Fideicomiso, presidido por el entonces subsecretario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rodolfo Lacy Tamayo, fue la autoridad destinada a efectuar la remediación, a pesar de ser un mecanismo privado y, como tal, debe hacerse responsable de sus actos y omisiones. Además, los Comités exigen la reapertura del Fideicomiso hasta que cumpla con la reparación total de los daños causados por el derrame”, explicó Project PODER, acompañante de las personas afectadas.
El Fideicomiso Río Sonora fue creado mediante un acuerdo entre la empresa Buenavista del Cobre y el gobierno de Enrique Peña Nieto, como solución para el resarcimiento y reparación de los daños causados por el derrame tóxico, que ha afectado a más de 22 mil personas en siete municipios de Sonora.
PODER señaló que el Fideicomiso se caracterizó por su falta de transparencia y las irregularidades en su operación: “De los 2 mil millones de pesos comprometidos para llevar adelante las acciones de remediación, apenas se ejerció el 61% (1,231,367,946.29 pesos). Entre los gastos realizados destacan la entrega de sumas de dinero, supuestamente a personas afectadas, la compra e instalación de tinacos (bajo la promesa que servirían para guardar agua potable que nunca llegó), la obra negra de un centro de salud de especialidades que quedó inconcluso y gastos de publicidad cuatro veces mayores a los destinados a la atención en salud, para mejorar la imagen de la empresa”.
Durante estos cinco años, las personas afectadas de los siete municipios han seguido denunciando la falta de atención médica y el incremento de enfermedades en la región, el nulo acceso al agua limpia, y la enorme crisis que afecta al campo desde el derrame, en una región antes conocida por la calidad de su producción agropecuaria.
El Fideicomiso Río Sonora fue cerrado de manera unilateral el 2 de febrero de 2017, sin haber cumplido con la reparación prometida y sin dar aviso a las personas afectadas.
“La empresa con el gobierno en turno manejaron el Fideicomiso Río Sonora a su antojo. Aquí nunca nos tomaron en cuenta como afectados. Hicieron las cosas como ellos quisieron. Fue un plan con maña. Por eso es tan importante que se reabra, que se reconozca que fue la autoridad responsable y que lo que hizo tenga consecuencias. También es importante que participemos hasta lograr la reparación total de los daños. Pido a los ministros que pongan la mirada en cada uno de los habitantes del Río Sonora, y que al decidir sobre el Fideicomiso piensen que somos seres humanos y merecemos ser respetados en la salud, en los derechos ambientales, en todos los derechos”, señaló Óscar Encinas, de los Comités de Cuenca Río Sonora, uno de los afectados y firmante de los amparos.
Además, “el hecho de que la SCJN pueda declarar al Fideicomiso Río Sonora como autoridad responsable y reconocer que un mecanismo privado ejerció actos de autoridad sería un hecho sin precedentes en el Derecho mexicano, y significaría un avance enorme para otros casos similares y un aporte para una mayor rendición de cuentas de las empresas”, afirmó Fernanda Hopenhaym, codirectora ejecutiva de PODER.