A 21 años de la Masacre de Acteal y a 9 años de la liberación de los paramilitares continúa la falta de acceso a la justicia y la negación de la verdad histórica por parte del Estado mexicano: Frayba.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas “Frayba” por medio de un comunicado, rememoró la decisión tomada hace nueve años de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de liberar a 20 personas ligadas a la Masacre de Acteal el 22 de diciembre de 1997 y aseveran que dicha decisión aseguró la impunidad en el crimen.
La SCJN un 12 de agosto de 2009, decidió liberar a 20 presuntos paramilitares acusados de asesinar a 45 personas más cuatro aún no nacidas en un iglesia de la comunidad de Acteal, municipio de San Pedro Chenalhó.
El comunicado detalla que la Masacre fue llevada a cabo por un grupo paramilitar creado con la implementación de la estrategia contrainsurgente, con el objetivo de acabar con el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Tácticas basadas en el documento denominado: “Plan de Campaña Chiapas 94”, diseñado por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en 1994 y que inició su ejecución a partir de 1995.
En su reciente informe sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomendó: “desmantelar, desarmar y sancionar a grupos paramilitares que cometen violaciones de derechos humanos en las regiones indígenas”. A su vez, en su visita a la comunidad de Candelaria, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, el 14 de noviembre de 2017, la Relatora se reunió con sobrevivientes y familiares de víctimas de la masacre de Acteal, en su mayoría mujeres, quienes persisten en la lucha por la justicia.
El Comité Frayba mencionó que la impunidad en la masacre ha permitido en la actualidad la acción de grupos civiles armados que actúan con el aliento de servidores públicos, ponen como ejemplo a la situación presente entre Chenalhó y Chalchihuitán afirman “las agresiones de grupos civiles armados ocasionaron el desplazamiento forzado de más de 5000 personas y generaron una grave crisis humanitaria”.
Dicho organismo no gubernamental resaltó la urgencia de la creación de un mecanismo eficaz que contribuya a la Memoria, Verdad, Justicia, Reparación y garantías de No repetición, que investigue y sancione a los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos no sólo por agentes policiales y militares sino por grupos civiles armados, finalizó.