Las colectivas Madre Yo sí te creo y el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria en Jalisco, emitieron un pronunciamiento luego de que el Congreso de Jalisco votara, en sesión extraordinaria y por exigencia de las madres, una ley en materia de violencia vicaria que sólo reconoce y nombra la violencia interpósita persona. Además, carece de una perspectiva de género y no se reconoce ningún tipo penal que logre sancionar penalmente a quien la cometa.
“Bajo protesta”, advirtieron las colectivas, decidieron levantar el campamento y la huelga de hambre que mantenían a las afueras de las instalaciones del Poder Legislativo desde el 30 de mayo.
Durante seis días, cinco madres se sumaron a la huelga de hambre: Lisi Celis, Areli Mendoza e Isela González permanecieron sin probar alimento por más de 150 horas y Cessna y Fanny, por más de 90 horas.
Texto por Dalia Souza / @DaliaSouzal / @ZonaDocs
Fotografías por Leslie Zepeda / @lesszep
“Si bien, se aprobaron modificaciones en donde se reconoce la violencia por interpósita persona, no estamos satisfechas con la misma”, manifestaron a través de un pronunciamiento las colectivas Madre Yo sí te creo y el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria en Jalisco.
Estas madres se refieren a los acuerdos que las y los diputados tomaron el pasado miércoles 5 de junio, tras la sesión extraordinaria a la que se convocó para llevar a discusión la iniciativa de Ley Vicaria. El dictamen de ley había permanecido congelado desde 2022, tras la aprobación de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género del Congreso de Jalisco.
El primer señalamiento de las madres es que la violencia vicaria no se nombra de manera adecuada en el dictamen que fue aprobado. “El nombre es fundamental” expresaron, ya que, este concepto “visibiliza de manera adecuada los diversos tipos de violencia de los cuales somos víctimas, así como las víctimas”, advirtieron en el documento. Sin embargo, el Congreso de Jalisco determinó realizar modificaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con el fin de “sancionar” este tipo penal, pero bajo el reconocimiento de la violencia por interpósita persona.
En ese sentido, recordaron al Poder Legislativo que la violencia vicaria es una violencia de género, por lo tanto, para las madres resulta fundamental que se reconozca e integre el concepto bajo esa perspectiva, como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sólo de esta manera, señalaron, se podrá “acercar la justicia a miles de mujeres víctimas que tratan de proteger a sus infancias y adolescencias”.
Para las madres también resulta de suma preocupación que el dictamen que fue aprobado, “no generó tipos penales” y, por lo tanto, no hay delito que perseguir para quien cometa lo que nombraron como: violencia por interpósita persona.
“de casi nada nos va a servir una ley en la que al denunciar a nuestros agresores a lo máximo que podremos aspirar es a que las autoridades emitan un exhorto para dejar de violentarnos” precisaron.
“Esto no es acceso a una vida libre de violencia” insistieron.
Es importante señalar que el dictamen de ley aprobado por unanimidad, establece a la violencia por interpósita persona como una agravante de la violencia intrafamiliar. Y aunque, se establecieron modificaciones al artículo 176-Ter 2 del Código Penal del Estado de Jalisco, éste no tipifica la violencia vicaria como un delito en razón de género y no la sanciona, sólo establece que:
“En los casos de violencia familiar, violencia familiar equiparada y violencia a través de interpósita persona, el Ministerio Público exhortará a la persona imputada para que se abstenga de cualquier conducta que pudiere resultar ofensiva para la víctima, acordará las medidas preventivas y solicitará las medidas precautorias que considere pertinentes para salvaguardar la integridad física o psíquica de la misma y, solicitará las órdenes de protección que establece la Ley General y Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia…”
“Necesitamos sanciones y que se armonice a los criterios de la Suprema Corte, en donde se afirma que es necesario imponer penas a los agresores vicarios”.
El segundo señalamiento de las colectivas hace referencia al cambio de dictamen que fue presentado ante el pleno el pasado 5 de junio. Según advirtieron las madres, la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género “cambió el dictamen previo para la ley vicaria” en donde sí se nombraba el tiempo de violencia y se establecen sanciones penales bajo la perspectiva de género.
Fueron contundentes en informar que, el dictamen con modificaciones que fue presentado ante el pleno, responde a los intereses de “colectivas detractoras de la ley vicaria”, muchas de las cuales, advirtieron, están “integradas y financiadas por nuestros agresores y sus familiares” y que justifican sus acciones de violencia y odio bajo el engaño de “proteger a las infancias y adolescencias”.
En esa tesitura señalaron que, las diputadas María Dolores López Jara (MC), Hortensia María Luisa Noroña Quezada (PRI), Claudia Gabriela Salas Rodríguez (MC), y Nora Patricia Fadaya Medina Cerda (MC) estuvieron de acuerdo en el dictamen presentado y que su anuencia con el mismo derivó de “la escucha de las diversas posturas”, es decir, de responder a los intereses de esos grupos detractores, perdiéndo de vista lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las necesidades manifiestas de las madres.
Como tercer señalamiento, denunciaron que se les negó el acceso a la sesión extraordinaria, pese a lo previsto en artículo 133 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Jalisco, el cual, explicaron las colectivas, establece que “las sesiones son públicas, excepto aquellas que, por causas justificadas y previo a acuerdo de la asamblea, se celebren de forma reservada, es decir, sin permitir el acceso al público, ni a los servidores públicos del Congreso del Estado”.
“Para nosotras era un momento fundamental que queríamos presenciar, sin embargo, nos negaron el acceso” afirmaron.
Para las colectivas, las decisiones tomadas por el Poder Legislativo en Jalisco las dejan a expensas de las implicaciones que éstas podrían tener en sus casos “no nos sentimos todavía protegidas por el Estado”, señalaron.
Al respecto, informaron que, hasta el momento se encuentran evaluando la situación, así como, manteniéndose acompañadas y asesoradas por sus representantes legales; además, anunciaron que están preparando las siguientes medidas que implementarán, pues han manifestado que “la ley vicaria debe quedar completa”.
“Es una deuda que tiene el Estado de Jalisco, número 1 en prevalencia de casos vicarios, con las infancias, adolescencias y madres que llevamos mucho tiempo en lucha”.
Finalmente, informaron que presentarán una ampliación al amparo que presentaron el día martes en contra del Congreso de Jalisco por su omisión legislativa, para que el dictamen aprobado sea armonizado bajo los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
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Hay recordar que las madres, hartas de lo que nombraron era “una vergonzosa espera” pusieron un ultimátum al Poder Legislativo, advirtiéndoles que, de no votar o aprobar la ley antes del 27 de mayo, llevarían a cabo acciones extremas, como encadenamientos y una huelga de hambre. No obstante, el Congreso de Jalisco, ignoró el llamado, por lo que, el 30 de mayo ambas colectivas informaron el inicio de estas acciones de protesta y resistencia.
A seis días de la huelga de hambre y con un campamento instalado a las afueras del Congreso de Jalisco, finalmente, las madres decidieron retirarse, no sin antes advertir que lo hicieron “bajo protesta”.