Por Andrés Domínguez
Luis Eduardo Knnap Moreno, Coordinador de Defensa de la Organización Internacional Artículo 19, informó que en Chiapas han detectado un recrudecimiento en hechos violentos perpetrados contra periodistas, muestra de ello, es que en los primeros 6 meses de este años ya se cuentan con 9 agresiones.
Además, respecto al caso del periodista asesinado en Yajalón Mario Gómez, mencionó que el caso enmarca una serie de homicidios en México, en los cuales no existe una justicia completa, ya que las detenciones inclusive son forzadas y hasta torturadas para la autoinculpación.
Knnap detalló que por este realce de la violencia monitorean la situación del ejercicio de la libertad de expresión en la entidad, la cual se encuentra en una escala de entre amarrillo y rojo.
En su visita a Chiapas, el Coordinador mencionó que en el caso del Mario Gómez, las autoridades buscan estigmatizar o criminalizar los acontecimientos, ya que hacen filtraciones a los medios para deslindar sobre la actividad periodística.
“Inventan que tenían problemas con un grupo criminal o que pertenecía a uno, problemas con vecinos y hasta amorosos, ya que las autoridades buscan limpiarse políticamente y decir que el asesinato no tuvo que ver con su labor” detalló.
El Coordinador puso el ejemplo de Baja California Sur, entidad en la que se registró el asesinato de Rafael Murúa, en la cual en menos de una semana fue resulto. “En una menos de 7 días ellos mencionaron que tenían resulto el caso, que no fue por su labor, esto limita investigación que llegue a la verdad” añadió.
Sobre el caso de Mario Gómez, Jorge Luis Llaven Abarca, Fiscal General del Estado, detalló respecto al caso que es complicado establecer una autoría intelectual-material, sin embargo, siguen con la investigación y no se le dará “carpetazo”.
A más de un año del asesinato, la familia de Mario y sus compañeros de los medios de comunicación han presionado para que sea investigado a fondo, debido a que se presume existió una autoría intelectual de su asesinato por su ejercicio periodístico.
Ante ello, Llaven Abarca, en conferencia de prensa, explicó que no es sencillo articular una investigación de una autoría intelectual, sin embargo, se dan pasos firmes dar a conocer la identidad si es que así lo hubiera.
“No es una investigación que no tenga ningún tinte de darle carpetazo. Estamos recabando mayores diligencias que nos permitan saber si es que lo hubiera y darlo a conocer de forma inmediata” comentó.
Según lo dicho por el abogado, en Chiapas se documentan un total de 9 agresiones en los primero 6 meses del año, lo cual denota un incremento de casos respecto a años anteriores.
“Si tomar en cuenta la cifra negra, notamos un crecimiento. Se enciende un pequeño foco rojo, pero nos mantenemos pendientes al analizar los contextos” manifestó.
En México, se contabilizan 129 periodistas y comunicadores asesinados (2000-a la fecha), donde el 99% de los casos permanecen en impunidad. Sin importar el partido que gobierne, la falta de mecanismos de protección a periodistas, así como el acceso a la justicia, han permitido que estos casos queden impunes, informó la Red de Periodistas de a Pie.
Al día de hoy, Juan Escamilla, Santiago Barroso, Omar Camacho, Francisco Romero, Rafael Murúa, Samir Flores, Gustavo Cruz y Telésforo Santiago, han sido los periodistas asesinados durante 2019.
La Red de Periodistas contabiliza 158 agresiones contra la presa durante el primer semestre de 2019. En la cual Chiapas ha presentado 2 casos.
Algunas de los hechos suscitados en Chiapas han sido amenazas, agresiones físicas, bloqueos informativos o declaraciones públicas estigmatizadoras.
Sobre esta última, Knnap explicó que a la organización le preocupa que los gobiernos utilicen el discurso público oficial para atacar a periodistas y medios de comunicación.
“Lo vemos con el presidente, si nos preocupa porque señalar a un medio y desacreditarlo, lo coloca en una situación mayor de riesgo, en un contexto de gran violencia que vivimos” finalizó.
Sobre esto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) subrayó que los señalamientos y descalificaciones hacia medios de comunicación y periodistas, así como contra personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil, provenientes de altos funcionarios del Estado contribuyen a generar un ambiente poco propicio para la libertad de expresión y periodistas, y también para quienes promueven el respeto a la legalidad y defienden los derechos fundamentales, además de que muestran el agravamiento en muchos casos de las condiciones que dieron origen al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Así lo expresó el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, quien destacó que resulta paradójico que muchas de las agresiones provengan de elementos de instituciones representadas en la Junta de Gobierno del Mecanismo, que debe contar con mejoramiento constante en sus procesos, presupuesto adecuado para hacer efectiva la protección, personal capacitado y suficiente para atender a esos grupos poblacionales y ofrecerles la atención y respaldo de quienes en él laboran.
Precisó que, desde la CNDH, en distintos momentos se ha señalado que si bien los servidores públicos gozan de la libertad de expresión ésta se encuentra sometida a diversas restricciones, una de las cuales es hacer uso de ella con pleno respeto a las opiniones diversas, ante el riesgo de generar ataques contra periodistas por los sectores que vean las descalificaciones como permiso para agredir a la prensa y a las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.