CDMX 08 de agosto de 2019.- Damnificados del sismo del pasado 19 de septiembre de 2017, se manifestaron este miércoles en el zócalo capitalino frente a las oficinas de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, pues aseguran, se había comprometido a entregar las cifras ante el desvío de recursos cometidos por las inmobiliarias encargadas de la reconstrucción de sus viviendas.
De acuerdo con los afectados, señalaron que son cerca de 124 millones de pesos sin comprobar por parte de las empresas encargadas de la reconstrucción, sin embargo, no han sido informados del total del desvío, a pesar de que se mantenía el compromiso de la entrega para este miércoles.
Además, denunciaron que la inasistencia y la falta de datos por parte del gobierno, es ocasionada de manera intencional para que las empresas tengan mayor tiempo y así maquillar sus cifras, siendo nuevamente un ejemplo del anterior gobierno.
Tras el mitin realizado frente a las oficinas de gobierno en el centro de la ciudad, los afectados del 19s, anunciaron una serie de “acciones sorpresa” que se llevarán a cabo el próximo viernes en cada una de las zonas afectadas; “Claudia Sheinbaum nos quiere ver en las calles y ahí nos tendrá manifestándonos”, enfatizaron.
Por último, uno de los afectado manifestó el siguiente comunicado dirigido a Sheinbaum, con el fin de gestionar las sanciones correspondientes al caso en particular, y para resolver en general la falta de contratación a los trabajadores.:
C a r t a a b i e r t a
Ciudad de México, a 7 de agosto de 2019.
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México
Dra. Claudia Sheimbaum
Presente
Con todo respeto, en referencia al proyecto de rehabilitación habitacional de los damnificados del temblor del 19 septiembre de 2017, expongo lo siguiente:
Licitaciones ilícitas. Parece impropio hablar de licitaciones ilícitas, pero es la situación creada a partir de las que autorizó el gobierno anterior, ya que contienen violaciones elementales a la Ley.
Si se autoriza una licitación a constructoras que no califican, significa que son licitaciones de compadrazgo, es decir, se otorgan mediante tráfico de influencias. La responsabilidad de las violaciones a la ley, no recaen sólo sobre las constructoras, sino sobre las dos partes: gobierno por un lado y compañías por el otro. Y aquí el gobierno peñista de Mancera no es cómplice sino autor intelectual.
Me interesa mucho subrayar que un compromiso prioritario de la 4ta. Transformación es rescatar el derecho ciudadano a la participación en la responsabilidad de la gestión de gobierno. En este contexto, corresponde a la población civil supervisar, auditar y promover el litigio sobre los actos administrativos y de gobierno, tanto de los actores políticos como en general de las Instituciones oficiales, ya sean civiles, privadas o de gobierno.
Una licitación es una relación contractual. No es precisamente un compromiso de palabra. Por tanto, tenemos que exigir que se aplique el código civil en la devolución de las cantidades no documentadas, pero que también se aplique el código penal, ya que no pueden quedar impunes los actos violatorios. Una cosa es resarcir el daño material, y otra cosa es sancionar, penalizar el acto de violación a la ley y a los derechos de la población civil. Es válido ser indulgente con la aplicación penal cuando se trata de un caso de necesidad, pero en este caso no solo no es algo aislado ni por necesidad, sino que se trata de una violación sistemática, característica del abuso neoliberal.
La relación contractual de la constructora con sus trabajadores tiene que ser dentro de lo establecido en el derecho laboral. Si esto no es así, entonces no entiendo cómo puede la gestión de gobierno, ser encubridor de las violaciones a los derechos laborales de los trabajadores.
A la gestión actual corresponde llamar a cuentas a los responsables de las dos partes involucradas en esas licitaciones espurias. Nosotros, como población civil afectada directamente por esas violaciones, tenemos también el compromiso de ser congruentes con la ley.
Si una licitación autorizada por el gobierno anterior es ilícita en alguna medida, el gobierno en turno no puede validarla impunemente, ni tampoco puede dejar impune la impunidad del gobierno anterior.
Si el gobierno actual deja intacta la impunidad del gobierno anterior, es decir, si los privilegia como intocables, se hace cómplice no sólo de la impunidad sino también de las violaciones cometidas contra la Ley y contra la Nación. No cabe duda alguna, Mancera es autor intelectual, dado que tenía en sus manos la iniciativa de la Ley como poder Ejecutivo de la Ciudad de México.
Una condición insoslayable es la revisión de la trayectoria de la constructora. Si la constructora contrata a sus trabajadores al margen de la Ley Federal del Trabajo, no se le pueden autorizar licitaciones, simplemente porque está fuera de la Ley. En ese caso, es lícito imputar contubernio.
Atentamente
Ariel Jiménez González.