Un juez federal en México vinculó a proceso a dos personas relacionadas con un grupo de comuneros de Aquila, Michoacán, por la desaparición de los defensores de derechos humanos, Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia. La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” ha señalado que la desaparición se enmarca en un contexto de denuncias contra la empresa minera Ternium, y ha instado a las autoridades a intensificar la búsqueda y protección de los defensores.
Por Redacción / @Somoselmedio
El caso de la desaparición de los defensores de derechos humanos, Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, ha tomado un nuevo rumbo después de que un juez federal vinculara a proceso a dos personas por los delitos de Desaparición Cometida por Particulares, agravada en la circunstancia y actividad de las víctimas como personas defensoras de derechos humanos.
Los acusados, identificados como José N y Fernando N, están relacionados con un grupo de comuneros de Aquila, Michoacán, que ha tenido disputas legales con Ricardo y Antonio en el marco de la representación de la comunidad indígena nahua de San Miguel de Aquila frente a la empresa minera Ternium.
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) explicó, a través de un comunicado, que la labor de los defensores desaparecidos ha sido clave para favorecer a la comunidad en diversos litigios ante los tribunales agrarios, lo que ha generado tensiones con la empresa minera.
Por lo que señalaron que la desaparición de los defensores se enmarca en un contexto de denuncias por parte de integrantes de la comunidad en contra de la empresa minera, a la que señalan de fomentar la fractura del tejido social y sus intereses de expansión, lo que implicaría graves afectaciones al medio ambiente.
Desde el 15 de enero de 2023, Ricardo Lagunes y Antonio Díaz se encuentran desaparecidos después de asistir a una asamblea en la comunidad de San Miguel Aquila, Michoacán. Según las investigaciones, los defensores habrían sido interceptados por sus perpetradores cuando iban a bordo de su camioneta en la comunidad de Cerro de Ortega, Colima.
A pesar de los esfuerzos de algunas instituciones, en particular la Fiscalía General de la República y su Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos contra la Desaparición Forzada, la Red TDT resaltó que es necesario señalar la opacidad y las omisiones por parte de la Fiscalía del Estado de Colima, que se ha negado a cooperar con otras instituciones y a compartir información vital para el caso.
Ante la falta de avances en la investigación y la búsqueda de los defensores desaparecidos, se ha instado a la Comisión Nacional de Búsqueda y a las Comisiones de Búsqueda de Colima y Michoacán a intensificar las acciones que contribuyan a dar con su paradero.
Tanto el Comité Contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han adoptado medidas cautelares y acciones urgentes, requiriendo a las autoridades del Estado Mexicano la implementación de una estrategia integral para su búsqueda.
En este sentido, la Red TDT reafirmó su compromiso de continuar trabajando hasta encontrar a los defensores desaparecidos y hasta que todos los responsables sean llevados ante la justicia. “La sociedad civil y las autoridades deben unir esfuerzos para garantizar la protección de los defensores de derechos humanos y el esclarecimiento de su desaparición”.