Violaciones a derechos humanos destacan el Primer Año de Gobierno de Escandón Cadenas

Asesinatos a defensores y defensoras del medio ambiente, abandono y desplazamiento de familias desalojadas, omisión en la revisión de casos de indígenas presos torturados fueran algunas de las violaciones a derechos humanos que sobre salen en el Primer Año de Gobierno de Rutilio Escandón Cadenas.

Por Andrés Domínguez

Hace un año, Escandón Cadenas asumió dicho cargo con la compañía de Andrés Manuel López Obrador. Por afuera del Congreso del Estado se escuchaban protestas de grupos de maestros interinos a quienes se les debía hasta 3 años de su salario, desplazados de diferentes partes de Chiapas y familias victimas de feminicidio.

Pero hace unas horas, su Primer Informe lució vacío: y no fue por la falta de protestas, sino por las diferentes estrategias que se utilizaron para que el evento transcurriera lo más discreto posible.

Durante este año, la violación a derechos humanos se notó en temas de migración, medio ambiente y justicia.

Desalojos

Rutilio Escandón, lo primero que destacó en su discurso fue el respeto a los derechos humanos. Al mismo tiempo, mencionó la recuperación de 32 mil hectáreas, entre inmuebles de propiedad privada y reservas naturales protegidas, que por muchos años estuvieron invadidas gracias al trabajo de la Mesa de Seguridad.

Pero en días recientes, El Comité Cerezo México, Comité Popular de Derechos Humanos del Frente Nacional de la Lucha por el Socialismo (FNLS) en Chiapas y la Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todos y Todas” (Red TDT) denunciaron la existencia de graves violaciones de derechos humanos cometidas por parte de las autoridades del estado de Chiapas y Guardia Nacional en contra de niños, mujeres y hombres de comunidad 2 de Noviembre, municipio de Socoltenango.

Incidencia delictiva

En un segundo tema, el gobernador dijo “vamos bien, sin embargo, continuaremos trabajando hasta ser la entidad más segura del país”, ya que habló de la entrega que de 100 patrullas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y más de 9 mil uniformes tácticos a la policía del estado y custodios de los centros penitenciarios y se adquirieron 22 patrullas, 138 motopatrullas, 22 mil 269 esposas de plástico y 4 mil 963 uniformes, en beneficio de 77 municipios.

El Observatorio Ciudadano de Chiapas (OCCH), en su reporte sobre incidencia delictiva en el primer año de gobierno municipal de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Tapachula (Octubre 2018-Septiembre 2019), alertó que las tres demarcaciones registran delitos de alto impacto con tasas por encima de la media nacional.

Además aprovechó para insistir a las autoridades a crear estrategias más concretas que respondan a la evidencia de los fenómenos delictivos.

En San Cristóbal, entre el primer año de la administración actual y el último año de la administración pasada (octubre 2017 a septiembre 2018), las tasas reportaron un aumento en: homicidio culposo, secuestro, y robo a negocios. Además, tuvo cinco delitos con una tasa acumulada de carpetas de investigación superior a la tasa a nivel nacional en feminicidio, homicidio culposo, secuestro, violación y trata de personas.

Para Tapachula, entre el mismo periodo analizado, la tasa por cada 100 mil habitantes reportó un aumento en los delitos de feminicidio, extorsión y violación. La tasa municipal durante este primer año de gobierno rebasa la tasa nacional en feminicidio en: homicidio culposo, extorsión y violación sexual.

En Tuxtla Gutiérrez, las tasas de carpetas de investigación reportaron un aumento en seis delitos: homicidio doloso, feminicidio, secuestro, robo a casa habitación, robo a transeúnte y violación. Además, seis de los doce delitos analizados, rebasan la tasa nacional: extorsión, robo con violencia, robo a casa habitación, robo a negocio, robo a transeúnte, y violación.

Corrupción

El gobernador enfatizó que en el tema de combate a la corrupción, esta administración se privilegia la transparencia, principalmente por medio de la fiscalización de los recursos públicos acorde a las disposiciones normativas, muestra de ello fue la firma del Convenio de Colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera federal, una de las acciones que están encaminadas a erradicar el desvío de capitales y el lavado de dinero, delitos que menoscabaron el patrimonio económico de las y los chiapanecos.

Pero al Primer Año de Gobierno; aunque no es de su total competencia, el Sistema Local Anticorrupción sigue congelado para su operación, ya que hasta el momento se encuentra consolidado el Comité de Selección del Comité Coordinador, pero no han avanzado.

El Sistema tiene como objetivo establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimiento para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicas.
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Además de lo dicho por Escandón Cadenas, las recomendaciones de organismos autónomos nacionales e internacionales, señalamiento de organizaciones no gubernamentales fueron una constante durante este Primer Año de la administración.

Defensores

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas expresaron su preocupación por el aumento de asesinatos a personas defensoras de derechos humanos en México durante los primeros cuatro meses del año, en comparación con años anteriores.

De acuerdo con información al alcance de ambos organismos, al menos 10 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas durante este periodo; tres de ellos sucedieron en Chiapas, una cifra cercana a los al menos 13 casos documentados durante todo el año 2018, lo cual supone un significativo aumento de la violencia.

Entre los asesinatos, destacó el de Sinar Corzo, originario del municipio de Arriaga, ubicado en la costa de Chiapas, fue asesinado el 3 de enero, por personas que iban a bordo de una motocicleta. El defensor de los derechas humanos había tenido, horas antes, una reunión con autoridades municipales para solicitar la construcción de caminos en una comunidad llamada La Línea. Por la demanda de obras para esta comunidad, en 2017 había recibido amenazas de muerte.

Al mismo tiempo, meses después,eEl Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas externó que es urgente atender la crisis de violencia hacia estos sectores ya que aún aumentado de forma exponencial las amenazas, hostigamientos y asesinatos en México durante este año.

El Consejo informó que desde el 1 de diciembre de 2018 a la fecha han sido asesinadas 24 personas defensoras de derechos humanos; de los cuales 6 habían sucedido en Chiapas. Además de los 15 a periodistas.

Además, durante este año, las intimidaciones, amenazas, aprehensiones y asesinatos hacia defensores de la vida y el territorio han tenido un repunte notable, lo que ha hecho que la convicción de salvaguardar el medio ambiente también signifique dar la vida.

Presos indígenas

El 15 de marzo, un grupo de seis reos indígenas recluidos en los penales ubicados en San Cristóbal de las Casas, Comitán y Cintalapa, iniciaron una huelga de hambre para pedir a los jueces que analicen sus procesos judiciales y den cuenta de las irregularidades que existen.

Se trata de Abraham López Montejo y Germán López Montejo, recluido en el penal de Cintalapa; Adrián Gómez Jiménez y  Juan de la Cruz Ruiz presos en San Cristóbal de las Casas; y Marcelino Ruíz Gómez y Baldemar Gómez Hernández, presos en Comitán.
El común denominador en los seis casos es que fueron detenidos sin orden de aprensión, y sometidos a actos de tortura para que se declararan culpables.

La huelga se sostuvo más de 125 días, en las cuales los presos presentaban cuadros delicados de salud, mientras vivían intimidaciones por el personal directivo y de seguridad de los Centros.

Pese al señalamiento de violaciones graves a derechos humanos del Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas”, algunos reos fueron notificados de que aumentaron su condena el doble de años.

La Voz Verdadera del Amate, organización integrada por presos que realizaron una huelga de hambre con la exigencia de justicia y contra la impunidad, comunicó de la sentencia de 50 años hacia presos del Centro de Reinserción Social No. 5 en San Cristóbal de las Casas, ya que demuestra violencias y hostigamiento hacia pobres e indígenas.

Germán López Montejo y Abraham López Montejo, relataron por medio de una carta, que el día 20 de agosto del presente, la familia fue a preguntar con el juez sobre la sentencia de su caso, quien afirmó que todo iba bien. Sin embargo, a las 17 horas de ese mismo día fueron notificados de que pasarán 50 años en prisión.

Recomendaciones nacionales

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en su Informe de Seguimiento de Recomendaciones, coloca a Chiapas como una de las 10 principales autoridades señaladas en las recomendaciones ordinarias y por violaciones graves que se encuentran en tramite al 1 de julio de 2019.

Chiapas se ubicó en el octavo lugar con 15 recomendaciones, por debajo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) con 79; del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con 72; Fiscalía General de la República con 52; Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) con 23; Secretaría de Educación Pública con 20 al igual que la Secretaria de Marina (SEMAR) y Guerrero con 17.

Sobre las recomendaciones y señalamientos de este órgano autónomo, se encuentra la Recomendación 87/2018 a autoridades federales, estatales y municipales sobre el caso de personas víctimas de desplazamiento forzado interno (DFI) en diversas comunidades de Chalchihuitán y Chenalhó, Chiapas. 

La Recomendación también informa de las omisiones de las diferentes autoridades federales, estatales y municipales para prevenir los actos de violencia que derivaron en que aproximadamente 5, 266 personas originarias de distintas comunidades de los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó se vieran obligadas a salir de sus viviendas.

Además, emitió una recomendación al gobierno de Rutilio Escandón Cadenas y algunas dependencias del gobierno federal, para que atiendan a las víctimas de desplazamiento forzado de varias comunidades del municipio indígena de Aldama, en los Altos de Chiapas.
Por violaciones a los Derechos Humanos a la Integridad Personal, Interés Superior de la Niñez y Pérdida de la Vida, en Agravio de Comunidades Indígenas del Municipio de Aldama, la CNDH envió la Recomendación 71/2019 al gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas.

Además, la CNDH presentó un análisis de las principales dinámicas económicas, sociales y políticas de los estados con mayor problemática penitenciaria, en el cual Chiapas, se encontró dentro de las 12 entidades federativas con menor calificación obtenida en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria.

El organismo nacional instó a que las autoridades estatales, instituciones educativas, especialistas y organizaciones de la sociedad civil sumen esfuerzos para mejorar las condiciones de reclusión con pleno respeto a los derechos y la dignidad de las personas que se encuentran privadas de la libertad.

Sobre el tema penitenciario, la CNDH expresó una insuficiencia del personal de seguridad y custodia y la tardía reacción de las autoridades penitenciarias para atender una riña en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados (CERESO) N° 3 en Tapachula, Chiapas, que derivó en la muerte de dos internos y cuatro personas más lesionadas, fue el origen de la Recomendación 13/2019 que emitió la dirigió al Gobernador de la entidad, Rutilio Escandón Cadenas.

El Organismo Nacional constató que, a pesar de que se tuvo conocimiento de estos hechos y que se encontraban en riesgo la seguridad y la vida de los internos y de las personas que ingresaron a la visita, no se actuó con prontitud y bajo los protocolos específicos para hechos violentos ante la falta de personal penitenciario, autoridad y control en el CERESO.

También, la Comisión emitió una medida cautelar dirigida a autoridades federales y estatales de Chiapas para que amplíen sus medidas a favor de personas migrantes, ya que en su tránsito por la frontera sur de México viven condiciones de hacinamiento, debido a sobrepoblación en instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), así como lentitud de trámites.

Recomendación internacional

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), máxima autoridad jurisdiccional del continente en protección a derechos humanos, emitió la medida cautelar no. 1498-18 a favor de habitantes del ejido Emiliano Zapata, del municipio de Tuxtla Gutiérrez, que según señala el documento “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia”.

Ángel Emmanuel Acheyta Villafuerte, abogado del caso, indicó que el caso se centra a raíz del fallecimiento de 21 pobladores del ejido por cáncer; entre ellos 9 niños, de forma prematura documentados del 2006 al 2018.