Por Max González Reyes
La elección del próximo domingo 6 de junio, aun antes de realizarse, ya está manchada de sangre pues la cantidad de candidatos que han sido asesinados en este tiempo de campaña es por lo menos sorprendente. Lamentablemente no es nuevo que en los últimos procesos electorales se hable cada vez más del asesinato de aspirantes a cargos de elección popular. Pareciera que tenemos que incorporar un nuevo elemento en los procesos electorales: la violencia política, perpetrada principalmente por el crimen organizado.
Si hacemos un recuento del proceso democrático en México, es necesario decir que las instituciones electorales en nuestro país nacieron por una marcada desconfianza en quienes realizaban las elecciones. Desde la organización, la preparación de la jornada electoral, el conteo de votos y los resultados, eran puestos en duda. Por lo mismo, ante la sociedad, los que ganaban carecían de la legitimidad necesaria para mantenerse en el puesto. Poco a poco las reformas electorales fueron dando credibilidad a las instituciones encargadas de organizar las elecciones. El hecho que el Instituto Federal Electoral (IFE), hoy convertido en Instituto Nacional Electoral (INE) se convirtiera en un organismo autónomo y que en su conformación pasaran personajes con amplia credibilidad en la sociedad como el periodista Miguel Angel Granados Chapa y el mismo José Woldemberg, entre otros, permitió que el Instituto tuviera la credibilidad en la instancia que organizaba las elecciones.
Este proceso fue paulatino por lo que sus efectos los pudimos ver en épocas recientes. Eso permitió que en el año 2000 la alternancia en la presidencia se llevara a cabo de manera pacífica. Sin embargo, en el sexenio encabezado por Felipe Calderón (2006-2012), la violencia política se extendió por todo el país. Si bien había zonas que eran controladas por el crimen organizado, la estrategia de ese gobierno de hacerle frente a la delincuencia, lejos de pacificar al país, provocó que se extendiera aún más la violencia. Incluso en algunas zonas los candidatos eran puestos por bandas afiliadas al crimen organizado. Poco a poco la delincuencia logró posicionarse a tal grado que si no se candidateaba a un personaje de su agrado recurrían a la intimidación y en muchos casos al asesinato.
Según una nota del periódico Milenio por lo menos en cinco de 15 estados donde el 6 de junio se elegirá gobernador hay 40 municipios en alerta roja en materia de seguridad por la disputa de territorios por parte del crimen organizado. La nota menciona que en algunos lugares ya advirtió que no permitirá la colocación de casillas e incluso ha impedido la realización de campañas. En Chihuahua, San Luis Potosí, Michoacán, Sinaloa y Sonora las autoridades reconocen que se encuentran atentos ante los recientes hechos violentos registrados, en los que destacan los asesinatos del candidato a la alcaldía de Cajeme por Movimiento Ciudadano, Abel Murrieta Gutiérrez, y del director de la policía estatal preventiva de Sinaloa, Joel Ernesto Soto.
Es innegable que las campañas de la próxima elección del 6 de junio han estado marcadas por la violencia, el homicidio de al menos 34 candidatos en 11 estados y por aspirantes que frivolizaron las propuestas políticas. Según diversas notas, alrededor de 110 candidatos de los partidos Redes Sociales Progresistas (RSP) y Partido Encuentro Solidario (PES) bajaron sus candidaturas por presiones políticas, sociales y el crimen organizado en Michoacán, Veracruz, Tamaulipas, aunado a que otros aspirantes de Fuerza por México no pudieron registrarse, porque la delincuencia organizada condicionó su paso para hacer proselitismo político.
La presión del crimen organizado es general, y cada vez se extiende más por todo el país; sin embargo es más marcado en ciertas zonas. Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Chihuahua, son algunos estados en los que cárteles están tan arraigados que abiertamente han enfrentado a candidatos de diversos partidos. A la par de ello, cárteles como La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, y el Jalisco Nueva Generación abiertamente se han atribuido las amenazas y asesinatos de candidatos.
Con todo esto, pareciera que ahora se debe incluir a la amenaza y asesinato de candidatos como nuevo elemento dentro de los procesos electorales. Sin embargo, es necesario levantar una abierta protesta a no acostumbrarnos a ver la violencia como parte de nuestro diario vivir. No cabe duda que las recientes administraciones han fallado en garantizar la función elemental de su existencia: garantizar la seguridad de todos sus habitantes, dentro de los que se incluyen los candidatos a algún puesto de elección.
Es una lástima que la violencia fuera la nota que acaparó las notas en todo el desarrollo de las campañas electorales. Prácticamente de propuestas no se habló. El asesinato y amenazas fue lo que predominó en las campañas. Esperemos que la elección se desarrolle en un ambiente pacífico, no esperemos que esto sea el preludio de una escalada mayor de violencia.