A través del acuerdo DIELAG ACU 026/2020, el Gobernador de Jalisco, decretó el pasado 19 de abril, una serie de medidas obligatorias para prevenir la propagación y el contagio del coronavirus; el uso obligatorio de cubrebocas en vía pública, sitios de consumo y transporte público, además del resguardo domiciliario, también obligatorio, son algunas de las medidas que más han dado de qué hablar en medio de la contingencia sanitaria por COVID-19. Y es que, según lo señalan las disposiciones oficiales, las y los ciudadanos que no cumplan con éstas serán acreedores a sanciones que van desde amonestaciones y multas, hasta clausuras parciales y totales de empresas o negocios, y el arresto.
De acuerdo con la disposición oficial, las y los elementos de las policías municipales son los encargados de verificar el cumplimiento de las medidas. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil en Jalisco, han evidenciado que, ya que el decreto carece de criterios y reglas de sanción y actuación, el actuar de las y los agentes, así como, de demás autoridades en el estado, podrían derivar en la comisión de violaciones graves a los derechos humanos, tales como: abuso de autoridad, detenciones arbitrarias, extorsión, el uso excesivo de la fuerza, actos de discriminación, tortura y/o desaparición forzada.
Esta es la historia de Mimi, una joven vendedora que fue agredida, robada y amenazada por al menos tres elementos de la policía municipal de Tlaquepaque, quienes le interceptaron en la vía pública bajo el pretexto de traer “un cubrebocas viejo”. Si bien, tras los hechos decidió ir a denunciar, lo hizo con pocas certezas pues después de visitar al menos tres módulos y dependencias, las autoridades no levantaron siquiera un acta de circunstancial.
Por Dalia Souza / DaliaSouza
Fotografías: Twitter Comisaría de Tlaquepaque
Mimi salió de su casa a medio día, con su cubrebocas puesto y en una pequeña bolsa su mercancía para vender en el mercado de su colonia, los productos de repostería que prepara para mantener a su familia. Estaba a punto de llegar al mercado, cuando una patrulla de la Policía Municipal de Tlaquepaque le interceptó bajo el argumento de que el cubrebocas que llevaba puesto era “viejo” y que no podía “salir a infectar a las personas”.
Mimi se detuvo y atendió el llamado de los oficiales, a quienes les respondió diciéndoles que efectivamente, en acato a la medida oficial, ella lo llevaba puesto y que sólo había salido por unos minutos a hacer la entrega de sus productos; parece que a los elementos municipales el argumento no les fue suficiente, entonces uno de ellos bajó de la patrulla para hacerle una “revisión de rutina”.
Sabedora de sus derechos como ciudadana, no se negó, sin embargo, antes les cuestionó sobre los argumentos por los cuales llevarían a cabo dicha revisión. La respuesta del policía fue insistir en que ella no tenía permiso de salir y que era una irresponsable; acto seguido le empujó y le quitó la bolsa que llevaba con las charolas de su producto, otros dos elementos bajaron también de la camioneta oficial y comenzaron a comerse su mercancía.
“Ya te cargo tu puta madre” le dijo uno de los agentes mientras ella le reclamaba por qué se estaban comiendo su producto. Tirada en el piso le quitaron también su monedero con $350 pesos y la “morralla” -monedas- que llevaba. Aventaron su bolsa y se subieron a la patrulla dejándola sin mercancía para vender y sin dinero.
“Ni para un chicle me dejaron” dice Mimi. Tras unos minutos y desconcertada, decidió ir a denunciar, pues sabía que lo que le sucedió es un abuso de la autoridad y que habían ultrajado sus derechos. Primero acudió a la Delegación de la policía municipal de su colonia, sin embargo, le dijeron que ahí no podrían tomarle su declaración y la canalizaron a otro punto, al parecer un Centro Cultural de otro municipio, donde evidentemente le dijeron que tampoco podrían recibir su denuncia. Sin dinero siquiera para el camión, una persona le regaló $10 pesos que le permitieron llegar al Módulo de la Policía Estatal, donde aparentemente sí atenderían su solicitud.
Tras llegar, la pasaron a un cuarto privado donde sólo podía leerse en un letrero la frase “Supervisión General” y donde supuestamente tomarían su denuncia, sin embargo, ningún funcionario se presentó, ofreció su nombre o cargo y tampoco nadie tomó su declaración por escrito. Sin una declaración en papel, sin un acta circunstancial siquiera, cuando terminó de narrar los hechos, le dijeron que le llamarían al día siguiente pues le “tocaría ratificar la denuncia”; además le argumentaron que esperarían para rastrear la patrulla, pues los turnos de los rondines son de 24 a 48 horas y quizá, con mucha suerte podrían encontrar a los elementos.
Llena de preocupación porque las autoridades se quedaron con sus datos, y frustrada porque sentía que nadie estaba haciendo nada por ella, Mimi regreso a su casa con el dinero que otras personas pudieron regalarle para su traslado.
De manera paralela, amigas a las que Mimi pudo contactar, acudieron a las instalaciones de la Fiscalía del Estado de Jalisco en la Calle 14 en el municipio Guadalajara; suponiendo que ahí se encontraría, preguntaron al personal sobre si alguien con su nombre había asistido a presentar una denuncia. Según relatan, los funcionarios buscaron en el sistema oficial y ninguna persona con su nombre, teléfono o dirección apareció en la base de datos como denunciante.
El abogado especialista en Derechos Humanos, Francisco Macias, habría advertido antes, en entrevista para ZonaDocs, que las medidas decretadas a través del acuerdo DIELAG ACU 026/2020, resultaban ser “un acto autoritario que abre la posibilidad a violaciones a los derechos humanos de las y los jaliscienses”. Más aún cuando el acuerdo oficial “se publica sin haberse reformado ninguno de los reglamentos de policía y buen gobierno” y con ello, porque el papel de los elementos de la policía municipal -a quienes se les ha encomendado la tarea de ser las y los encargados de verificar el cumplimiento de dichas medidas- se considera punitivo y no preventivo.
A la par, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), ha reconocido a través de un comunicado que, dada la ausencia de “criterios y reglas de sanción y actuación en el desarrollo de las medidas establecidas”, les preocupa que “la implementación del acuerdo derive en la comisión de violaciones de derechos humanos”, tales como: abuso de autoridad, detenciones arbitrarias, extorsión, el uso excesivo de la fuerza, actos de discriminación, tortura y/o desaparición forzada.
Y es que, aunque dichas sanciones presuntamente se basan en lo establecido dentro de los artículos 417 y 427 de la Ley General de Salud, así como en el 345 y 356 de la Ley de Salud del Estado de Jalisco, precisa la organización, el documento “omite referenciar diversos artículos contenidos en el Título Décimo Octavo de la Ley General de Salud y en el Título Décimo Cuarto y Décimo Quinto de la Ley de Salud del Estado de Jalisco”.
Donde se señalan los criterios y procedimientos en los que se “basará la decisión sobre la implementación de cada una de las sanciones” y el “procedimiento que las autoridades deberán llevar a cabo para la imposición de las mismas y los recursos de impugnación que las personas pueden interponer ante éstas”.
Publicaciones realizadas el 21 de abril de 2020 en el Twitter de la Comisaría de policía de Tlaquepaque
En este sentido, han manifestado que les preocupa que los elementos policiales municipales y demás autoridades locales “apliquen las sanciones de manera arbitraria y que las mismas no se encuentren debidamente fundamentadas y motivadas, como lo exigen las leyes en materia de salud”.
Y es que, por si esto no fuera suficiente, el CEPAD ha dejado de manifiesto en este documento público que, de acuerdo con la Ley de Salud del Estado de Jalisco, el actuar de las policías municipales se limita a un papel auxiliar en el cumplimiento de las medidas.
Sin reglas claras de actuación, sin un protocolo, sin un órgano que supervise a las autoridades que dan “seguimiento a las medidas”, en este caso a las y los agentes de las policías municipales, resulta ambiguo e incierto cómo podrán ser sancionados los responsables, señala CEPAD respecto al caso de Mimi.
Si bien, la opción siempre es acudir a presentar una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), también podría acudirse, -insistimos, en medio de la incertidumbre de saber cuáles son los medios de impugnación y queja que las personas tienen para denunciar abusos de autoridad en estos casos-, ante los órganos de control municipales, donde podrá iniciarse a través de una queja, un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los oficiales. O bien, advierte la organización, una denuncia penal en casos de robo o extorsión.
De manera particular, precisa Anna Karolina Chimiak, Coordinadora General del CEPAD, lo sucedido a Mimi fue una imposición “no adecuada” de la medida establecida en el acuerdo y, con ello, una actuación violatoria de la autoridad y de abuso de poder, por lo que, de acuerdo con las leyes del estado podría interponer también un recurso de inconformidad.
Para quienes acompañan el proceso de Mimi, es necesario que se tengan certezas sobre cuáles serán las medidas de sanción que se aplicarán para la violencia policial en contra de las mujeres, pues señalan que, la impunidad una vez más, no es una opción en medio de la pandemia.
Tras los primeros cuatro días de aplicación del decreto, los medios de comunicación locales informaron que 72 personas fueron arrestadas bajo el argumento de “agredir a elementos de seguridad pública tras el exhorto a utilizar tapabocas”. Una cifra que las organizaciones de la sociedad civil consideran “alarmante” puesto que, además no ha existido información oficial sobre las sanciones interpuestas.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco (CEDHJ), informó a través de sus redes sociales que el pasado jueves 23 de abril realizó “un recorrido de revisión” en dependencias del ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque y Guadalajara donde “se constató que no se encontraban personas detenidas por no acatar medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento social”. Asimismo, se confirmó que 55 personas fueron detenidas el miércoles 22 de abril (fecha en la que sucedieron los abusos de autoridad a Mimi), mismas que fueron apercibidas.